El juez Velasco procesa a 20 militares de El Salvador por el asesinato de Ellacuría y cinco Jesuitas en el 89

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  • Velasco decreta la busca y captura internacional de los 20 procesados
  • El magistrado les impone una fianza individual de 3,2 millones de euros

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado a 20 militares salvadoreños por los asesinatos del jesuita español Ignacio Ellacuría y otras siete personas, cinco de las cuales eran sacerdotes, que se produjeron el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

El magistrado, que ha adoptado esta decisión tras interrogar a un matrimonio que presenció los hechos, procesa en un auto dictado este lunes a los militares por ocho asesinatos terroristas y un delito de lesa humanidad o contra el derecho de gente.

Además, decreta la busca y captura internacional o la averiguación del paradero de los 20 procesados así como su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza en el caso de que se ejecute su entrega. Al mismo tiempo, les impone una fianza individual de 3,2 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles tras el juicio.

Además de a Larios, el juez procesa al entonces jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce (recientemente fallecido); el viceministro de Defensa Nacional, Juan Orlando Zepeda; el viceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano; el general Juan Rafael Bustillo; los coroneles Francisco Elena, Joaquín Arnoldo Cerna, Óscar Alberto León y Carlos Mauricio Guzmán; el comandante Carlos Camilo Hernández y los tenientes Héctor Ulises Cuenca y René Yusshy Mendoza.

La acción penal también se dirige contra el director de la Escuela Militar ‘Capitán General Gerardo Barrios’, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, que dio la orden de cometer los asesinatos, y siete miembros del batallón ‘Atlacatl’, que los llevó a cabo: el teniente José Ricardo Espinoza, el subteniente Gonzalo Guevara, los cabos Óscar Mariano Amaya y Ángel Pérez Vásquez, los sargentos Antonio Ramiro Ávalos y Tomás Zárpate y el soldado José Alberto Sierra.

“Desarmados y en pijama”

La resolución judicial detalla que la muerte de los jesuitas se produjo en un contexto de “intensa polarización” entre el Gobierno militar y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el cual los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes para un “proceso de diálogo” y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a “una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin”.

La decisión de acabar con la vida de Ellacuría y el resto de jesuitas, cinco de los cuales eran españoles, fue adoptada por un grupo de oficiales de élite denomina ‘La Tandona’ y ejecutada por el coronel Benavides, que dio la orden a los miembros del batallón ‘Atlacatl’.

El asalto, que se llevó a cabo después de que los servicios de inteligencia alertaran de la supuesta presencia de un centenar de “terroristas” en la Universidad Centroamericana, se produjo cuando los sacerdotes, “algunos bastante mayores”, estaban “desarmados” y se encontraban en “pijama”, según confesó el sargento Antonio Ramiro Ávalos, alias ‘Satán’, que para participar en la operación tuvo que recordarse a sí mismo que estaban actuando contra “delincuentes” y eran sus “cerebros los que importaban”.

Éste relató cómo el comandante Espinoza preguntó al soldado Óscar Mariano Amaya Grimaldi por qué no disparaba a los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró y Segundo Montes, que yacían en el suelo. Además, ‘Satán’ mató a Amando López y Juan Ramón Moreno y dio la orden de acabar con la vida del salvadoreño Joaquín López, del ama de llaves, Julia Elba, y de su hija Celina Mariceth, que murieron “parcialmente abrazadas”. Tras los crímenes, otro de los soldados, Guevara Cerritos, escribió una pintada en la pared para atribuir la matanza a la guerrilla: ‘El FMLN ejecutó a los enemigos espías. Victoria o Muerte”.

75.000 civiles muertos

El juez Velasco no llegó a imputar al ex presidente Alfredo Cristiani a pesar de que la querella, presentada por una religiosa carmelita hermana de uno de los fallecidos, también se dirigía contra él. En su auto especifica que los jesuitas asesinados sólo fueron “unos de los al menos 75.000 civiles desarmados que murieron en esta guerra, que fue mucho más violenta que los conflictos de Chile y Argentina“.

Velasco añade que un 85% de estas muertes “pueden atribuírseles al ejército y a las fuerzas de seguridad”. “A pesar de estos antecedentes ningún oficial veterano había sido nunca condenado por violaciones de derechos humanos”, señala.

De hecho, el magistrado hace referencia a un proceso judicial desarrollado en El Salvador que considera “defectuoso” ya que “terminó únicamente con dos condenas forzadas y la absolución de incluso asesinos confesos”. “Tan increíble fue la sentencia absolutoria de los verdaderos asesinos, que el Gobierno español y los observadores norteamericanos presentaron cargos por manipulación del jurado”, afirma.

A ello añade que los dos principales condenados, el coronel Benavides y el teniente Mendoza, fueron liberados después de 15 meses en prisión tras la aprobación de una Ley de Amnistía a pesar de que habían sido condenados a 30 años de cárcel.

El Cártel de Texis (elfaro.net)

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Sergio Arauz, Óscar Martínez, Efren Lemus / Fotos: Frederick Meza

elfaro.net / Publicado el 16 de Mayo de 2011

Parte V: Epílogo

Domingo 15 de mayo de 2011. A las 7:40 de la noche realizamos la primera llamada. Marcamos el número celular de José Adán Salazar. Envía directamente al buzón de voz, pero no permite dejar mensajes. Marcamos al Hotel Capital, donde tiene su oficina, pero nos contestan que llegará hasta este lunes por la mañana. Desde entonces, marcamos a todos los teléfonos que obtuvimos de los principales mencionados en los informes. Fue imposible comunicarse con el alcalde de Metapán y con otros de los señalados en los documentos y por las otras fuentes. Dos comisionados, un ex director de la Policía y un diputado atendieron sus teléfonos. Todos aseguraron no saber nada de lo que les mencionamos. Dijeron no temerle a una investigación sobre su participación como colaboradores del Cártel de Texis. Estas fueron parte de sus respuestas.

Comisionado Víctor Manuel Rodríguez Peraza, jefe de la Delegación de Santa Ana: “De verdad desconozco de qué me está hablando, porque nunca he conversado con el señor Herrera. Es más, ni siquiera lo conozco. Lo ubico porque sé que estuvo de presidente de la Feria Ganadera, pero en ningún momento he entablado con él una relación de amistad. Jamás he conversado con él en ninguna reunión”, respondió, cuando se le relató el contenido de la investigación. Cuando se le mencionó que eran varios los informes que lo ubicaban como alguien que coopera con El Burro, volvió a negar, y agregó estar dispuesto a ser investigado: “Le repito, no tengo ninguna relación con el señor Herrera, me someto a cualquier tipo de investigación que en cualquier momento quisiera nuestra titular de la Policía ejercer (en clara referencia a Zaira Navas, la inspectora general de la PNC). Nunca he conversado con él. En caso saliera esa información me someto a cualquier tipo de investigación”.

Se le especificó que un informe de inteligencia policial lo ubicaba en un restaurante reunido con El Burro, en referencia a la información de que el 14 de julio de 2010 fue visto en el Lover’s Steak House de Santa Ana junto a la subinspectora Nataly Pérez Rodríguez y la ex gobernadora de Santa Ana, Patricia Costa de Rodríguez Bou, conversando con El Burro sobre la necesidad de sacar de la zona al jefe regional de occidente, el comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas. Rodríguez Peraza contestó: “Jamás he estado en un restaurante con el señor Herrera que usted menciona”.

Reynaldo Cardoza, diputado del Partido de Conciliación Nacional (PCN) por Chalatenango: su primera reacción al mencionarle que aparecía en los informes y en las declaraciones de los informantes como aliado del Cártel de Texis fue de sorpresa: “¡Qué raro ese volado! Al alcalde de Metapán claro que lo conozco, pero nomás porque es alcalde del partido, pero que yo sepa que anda relacionado en alguna cosa de esas, ni idea. Déjeme decirle que las investigaciones que las hagan, que las hagan correctamente, porque es bien feo que lo estén involucrando en estas cosas, no sé si será tema político y están siguiendo la corriente de lo que está pasando actualmente en el partido, o qué será el interés de sacar esta publicación. ¿Y lleva nombres y apellidos y todo?”, preguntó.

Luego se le mencionó que según la lógica de la información, un diputado como él era importante para el cártel por el nivel de información e influencias que maneja. Volvió a negar: “Por eso, pero donde usted me está diciendo acceso a los altos círculos de información, eso me implica de que como si yo estuviera dando información a estas redes… No entiendo cuál es el involucramiento, tienen que tener alguna evidencia clara para que a mí me estén… y me involucren y me saquen en una publicación de este tipo. De lo contrario, de lo contrario… Si a mí me investigaron por tráfico ilegal de personas, me detuvieron, y el tema se llevó en tribunales, de otra cosa ni sé, ni estoy involucrado dando información a ninguna persona, mucho menos en vínculo con tráfico de drogas y de ganado, me parece sorprendente”.

Aseguró tener algún conocimiento de José Adán Salazar. “¿Es el dueño del FAS?”, preguntó. José Adán Salazar fue propietario del Metapán, equipo de la primera división del fútbol salvadoreño.

Acerca de Roberto “El Burro” Herrera, dijo no conocerlo de nada, y justificó: “Yo, antes de la política, tuve un caballo de escuela, un caballito humilde, yo visité la feria (ganadera) de Santa Ana, yo era amigo de Horacio Ríos (ex diputado del desaparecido Partido de Acción Nacional), de muchos amigos que han andado en eventos de estos de jaripeo, pero que esté en alguna reunión privada con alguna gente de esas es totalmente imposible. Que haya llegado y le haya dado la mano a alguien eso es común de un político”.

Finalmente, hizo un llamado y volvió a negar enfáticamente su vinculación con actividades delictivas: “Para eso están los entes de investigación, que las hagan (las investigaciones), que no me quieran vincular por casos políticos, porque no sé… No se acepta, o que se quiera que por la imagen y el trabajo que he hecho en el departamento quieran comenzar a  vincularme con otra cosa, pueda ser diferente. De lo contrario, estoy totalmente dispuesto a que hagan las investigaciones y las sigan haciendo… uno cuando no anda metido en ni mierda nada tiene que temer”.

Comisionado Fritz Gerard Dennery Martínez, jefe de la División Antinarcóticos de la Policía: Los informes de inteligencia policial dicen que el actual jefe de la División Antinarcóticos de la Policía se reunió con Roberto “El Burro” Herrera y otras personas  en la Hacienda El Rosario, ubicada sobre la calle que de Metapán conduce hacia Texistepeque. “No me he reunido con ellos”, fue su primera respuesta. Y luego cuestionó: “Si es información de inteligencia, sus fuentes deben ser responsables ante esa información, que saquen pruebas si es que las tienen y que dejen de estar queriendo dañar imágenes de personas que somos trabajadoras. No me causa ninguna importancia esa información”.

A la pregunta de si conoce o guarda amistad con Roberto Herrera respondió: “Yo no soy de Texistepeque, soy de Santa Ana y a quien conozco de vista porque es de Santa Ana es al señor Herrera, verdad, ya de ahí que digan sus fuentes, que saquen la información, algo que a mí no me quita el sueño porque no he tenido ningún tipo de reunión. Lo conozco (a Herrera Hernández) como de seguro lo conoce mucha gente en el departamento de Santa Ana”.

Al jefe de la DAN se le intentó preguntar cuál ha sido el seguimiento o las diligencias de investigación que se han realizado contra José Adán Salazar Umaña, señalado por la inteligencia policial desde el año 2000. “Debería ser en persona su entrevista, ¿cómo sé que es de El Faro la persona que habla? No le voy a seguir contestando porque no sé si es usted o no es. Pida una entrevista y con gusto se la conceda en mi oficina”.

José Luis Tobar Prieto, director de la PNC de septiembre de 2008 a junio de 2009: La Policía lo señala en dos de sus informes como alguien que coordinó operaciones con “El Burro” Herrera, pero el ex director asegura que no conoce ni por el nombre ni por el apodo a la persona que le mencionamos. La conversación fue corta:

“Informes policiales lo vinculan a usted particularmente a Roberto Hernández, alias el Burro, un señor investigado como parte de estructura criminal que opera en el occidente del país”, le dijimos. “Primero que nada”, respondió”, “no conozco a ese señor que está mencionando. Segundo, que tienen que ser muy cuidadosos en el sentido de vincular a una persona, particularmente a mí, con una persona que no conozco”.

“¿No le suena nada el nombre de Roberto Antonio Hernández, El Burro, o José Adán Salazar?”, insistimos. “Por eso les digo”, siguió, “ustedes tienen que ser cuidadosos. Primero, no conozco a la persona, ni por el nombre ni por el apodo que me está dando; y, segundo, porque puedo tomar mis acciones legales”, contestó.

El Cártel de Texis IV (elfaro.net)

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Sergio Arauz, Óscar Martínez, Efren Lemus / Fotos: Frederick Meza

elfaro.net / Publicado el 16 de Mayo de 2011

Parte IV: Los policías que llevan coca

Metapán resplandece. Pareciera que el sol está más cerca del pavimento que en otras ciudades. Ciega. Metapán parece de día un gran mercado, al menos su centro, que no es sino unas callejuelas empinadas que desembocan en la carretera que lleva de Santa Ana hacia la frontera de Anguiatú, al norte del lago de Güija. En todas ellas, el comercio bulle, se toma las aceras. Hay ventas por todas partes. Comida, ropa, granos, artículos agropecuarios. Metapán se viste de ciudad fronteriza de Centroamérica.

Al llegar al hotel San José, contiguo a la carretera hacia Guatemala, nos atiende una amable recepcionista, que se despereza cuando suena la puerta que se abre.

—¿Tiene habitaciones?

—Sí.

—¿Dobles?

—Sí.

—¿No suele estar ocupado este hotel?

—Casi no, ahorita solo dos habitaciones tengo ocupadas.

El hotel, uno de los seis de Chepe Diablo, tiene cinco plantas, y cerca de 40 habitaciones. Es normal su desocupación. El costo de la habitación doble roza los 50 dólares en una ciudad acostumbrada a dar alojamiento a camioneros que no viajan con grandes fondos.

Si bien el Cártel de Texis no se descubre como uno de los más violentos de Centroamérica, esta es su ciudad de control por excelencia, su base de operaciones, y también la que ha sido testigo de que este tipo de negocios inevitablemente siembran corrupción y violencia a su paso. Eso consignan los tres informes.

Todos los informes y todos los informantes hicieron énfasis una y otra vez en que la subdelegación policial de esta ciudad pertenece a Chepe Diablo.

En una ocasión, mientras tomábamos un café, le pedimos a El Comisionado que nos contactara con algún agente de su confianza dentro de esta subdelegación. Cuando nos volvimos a reunir, luego de la semana que nos pidió para buscar un perfil como el que le pedimos, su respuesta fue contundente.

—No puedo recomendarles a ninguno.

La violencia, por otra parte, demuestra que el trabajo de funcionario municipal puede ser muy riesgoso en este municipio.

El 1 de diciembre de 2007, Bertín Valle Marín, síndico de la Alcaldía de Metapán, murió de un disparo en la cabeza. La información publicada en los periódicos, basada en lo que dijeron los policías del lugar, resume su asesinato así: dos hombres borrachos se agarraron a tiros en medio de un jaripeo de un cantón sin nombre de Metapán, y Bertín recibió una bala que no iba para él. Pero el Informe Secreto agrega algo que no apareció publicado en las noticias de esos días: dice que durante la investigación del asesinato, el actual alcalde, Juan Umaña, se empeñó en desvirtuar la hipótesis de que se trataba de rencillas entre narcotraficantes.

Ocho meses después, el 4 de agosto de 2008, el síndico que ocupó el puesto dejado por Bertín, fue secuestrado a plena luz del día y en su propio carro, luego fue llevado a un predio de un caserío de Metapán, donde le dispararon 13 veces. Israel Peraza Díaz también era pecenista.

Dos muertos a plomo en menos de un año. Dos síndicos. Y en realidad no eran las únicas víctimas de violencia vinculables a la estructura de Chepe Diablo o a las de sus socios. Tres semanas antes del secuestro y asesinato del síndico, el amigo de Chepe Diablo y alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, fue atacado a balazos en una zona muy peligrosa de su municipio. Eran las 8 de la noche cuando iba con tres de sus guardaespaldas en una calle oscura del cantón San Jerónimo. El tiroteo fue de tres contra dos. De tres guardaespaldas que se enfrentaron a dos atacantes resultó muerto uno de los hombres del alcalde. Este transitaba en un camino conocido como “punto ciego”, en San Jerónimo, uno de los lugares clave para la ruta controlada por este cártel.

Y eso no era todo. Dos años antes, el antecesor del alcalde Juan Umaña no había logrado sobrevivir a un atentado. El 4 de julio de 2006, Gumercindo Landaverde, amigo de Chepe Diablo y vinculado en los informes al Cártel de Texis, fue atacado por dos mujeres y un hombre que actuaron como sicarios. Esto ocurrió en la ciudad de Santa Ana y según los tres informes y El Detective, las dos mujeres eran pandilleras que pertenecían a una red de sicariato.

Cuando en una conversación preguntamos a El Detective por este asesinato, no dudó en responder que creía que había sido el mismo Chepe Diablo quien había ordenado su muerte debido a rencillas sobre la manera de manejar los traslados de cocaína. Días después, nos entregó otro anexo de Inteligencia Policial, donde se apuntaba el caso.

En el anexo, un informante declaró que el ex alcalde de Metapán, Gumercindo Landaverde, fue asesinado tres días después de terminar su periodo por órdenes de la estructura de Chepe Diablo y El Burro. El informante dijo que el alcalde habría proporcionado información de transacciones de drogas a un oficial de la Policía, que la estructura se dio cuenta y decidió ejecutarlo.

—El señor Gumercindo tenía conocimiento de planificaciones de la estructura, de embarques de drogas en la zona de Metapán, las cuales provenían de Guatemala -agrega el texto oficial.

El Primero y el Segundo Informe ya ubicaban al fallecido como uno de los miembros de la estructura. Gumercindo Landaverde fue alcalde por Arena durante dos períodos consecutivos, y ya era investigado por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito en 2005. La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia detectó que en un año este alcalde incrementó en 500,000 dólares su patrimonio, y esto fue punta de lanza para que la Fiscalía abriera un expediente.

El Burro está siendo investigado por el homicidio de Abel Padilla. Uno de los anexos del Segundo Informe dice que el  14 de agosto de 2008,   El Burro “ordeno el asesinato del señor, Abel Padilla”. Los investigadores explican en el documento que Abel Padilla  perdió dos kilos de cocaína y que nunca canceló al Burro el dinero que valía esa cantidad de droga.

Unos baleados, otros secuestrados y asesinados, y otro de ellos preso. El récord de los funcionarios de Metapán augura trágicos destinos para sus cargos más altos.

El 25 de marzo de 2009, la División Antinarcóticos de la PNC arrestó a Amadeo Figueroa Morales, quien había sido elegido el 18 de enero de 2009 para integrar el concejo municipal de Metapán, representando al PCN y acompañando al alcalde Juan Umaña. El operativo de captura fue realizado en la colonia Jardines de Metapán. Junto al concejal también fue arrestada su esposa, Sonia Haydeé Mira de Figueroa. Ella es parte del núcleo cercano del alcalde de Metapán. Su hermana está casada con el hijo del alcalde, Wilfredo Guerra. En la casa de Amadeo y Sonia les decomisaron 2.42 kilogramos de cocaína, valorados por la Policía en 71,000 dólares. A Figueroa lo acusaron de tener tres años de dedicarse al comercio de drogas, y fue condenado a 12 años de prisión el 28 de octubre de 2009.

Jueces regionales, concejales, alcaldes y pandilleros, todos forman parte de esta red compleja según los informes y los informantes consultados. Y, como eslabón último de la cadena, las hormigas necesarias para hacer de este paso de la cocaína por El Caminito una ruta efectiva: algunos policías de la subdelegación de Metapán.

La corrupción, como bien lo saben los altos cargos policiales con los que hablamos, es una regla asumida entre los agentes de esta zona. Se refieren a esa corrupción baja, normalizada, la misma que tiene un policía que acepta mordida para dejar ir a un infractor de tránsito.

—A la mayoría, los contrabandistas que llevan ganado o mercancía sin declarar les dan 10 o 20 dólares porque los dejen pasar o no los revisen, eso así funciona –nos dijo en una de las conversaciones El Comisionado.

Esos son la mayoría, la base con la que opera la minoría, los que sí trabajan orgánicamente con el Cártel de Texis. Estos otros policías de la ciudad, identificados con nombre y apellido por los tres informes y los tres informantes, son señalados como encargados de librar de retenes el paso de los grandes cargamentos, e incluso de transportar ellos mismos la cocaína hacia los puntos de intercambio con los guatemaltecos.

Es de noche en Metapán, y salimos de un bar cuando pasa frente a nosotros, con lentitud, un pick up Nissan Frontier negro. Los hombres que van dentro nos observan con detenimiento y luego aceleran la marcha. Todo parecería normal si los hombres en ese carro sin identificación no fueran policías. Todo parecería normal si antes no hubiéramos conversado con nuestro informante que salió de la subdelegación.

Gracias a una serie de coincidencias, un policía radicado por ahora en otra zona del país, que prestó servicio recientemente en Metapán, comentó ante un reportero de este medio algo relativo a Chepe Diablo. Nadie había preguntado nada al policía sobre el tema. El colega, conocedor de nuestra investigación, se acercó a él, hablaron largamente, y él aceptó recibirnos con la condición de que no reveláramos su nombre ni su ubicación.

Una tarde calurosa, hace unos días, nos sentamos con el policía que, ante nuestra sorpresa, nos recitó los nombres de sus compañeros que aparecen mencionados en los informes que este agente nunca leyó. El policía se explayó en detalles.

—Mire, esto está bien organizado en Metapán, que es de lo que le puedo hablar, pero también uno de policía se entera de dónde viene esto. Desde arriba. Venía desde los comisionados de la zona, que generaban el encubrimiento del tráfico de armas, droga y ganado. Ahí estaba la comisionada Corina Palma, que permitía todo esto.

Empezó fuerte. Según este agente, todos los policías que han trabajado en Occidente saben cómo se mueven los hilos de la zona. En febrero del año pasado hubo muchos movimientos dentro de las jefaturas de occidente, uno de esos fue el de la comisionada Zoila Corina Palma, de 54 años, que ahora desempeña un cargo administrativo, cerca de papeles y lejos del terreno. Desde el 17 de febrero de 2010 es jefa de la Secretaría General de la PNC. Antes fungió como jefa regional de occidente. A ella no solo la menciona el policía que trabajó bajo sus órdenes, sino también un anexo a los informes policiales que asegura que despejaba rutas, recibía “grandes sumas de dinero” y proporciona información a la estructura de El Burro.

Muchas voces dentro de la institución aseguran que este es el mecanismo con el que la PNC se defiende de sus altos cargos sospechosos de corrupción. A falta de una Inspectoría fuerte y vinculante, por falta de voluntades políticas, optan por remover a las manzanas podridas de donde más daño causan. Esa, según nos informaron altos cargos policiales, fue la estrategia que utilizaron con la comisionada Palma y el subinspector José Alfonso Mata Portillo, el que es acusado por sus compañeros de haber ayudado a Medio Millón a escapar del cerco policial que le tendieron en Nueva Concepción. En la jefatura policial parece haber una filosofía clara: si no puedes deshacerte de los que sospechas, mantenlos cerca, para saber qué hacen.

—¿Quién es el encargado de la logística del traslado de la cocaína en la subdelegación de Metapán? —preguntamos a nuestro informante.

Sin dudar, mencionó un nombre que aparece en el Informe Secreto.

—El cabo Cástulo Enrique Morán Jiménez. Ese tipo se ha quedado encargado de estar apoyando la red en Texistepeque, Metapán, San Antonio Masahuat y Santa Rosa Guachipilín.

Agregó a la lista de nombres el de la alcaldesa de San Antonio Pajonal, Silvia Echeverría, en calidad de “aliada”.

—La red así opera, hay gente grande arriba que no más sepan de esta publicación nada les cuesta dar una orden.

Cada conversación con un informante agrega nombres a la lista. La red es grande, compleja, enraizada en el occidente del país. En este texto solo se han mencionado los nombres de quienes al menos dos fuentes de información que no pudieron haberse coordinado mencionaron. En el caso de la alcaldesa del partido Arena en el fronterizo San Antonio Pajonal, El Detective había mencionado su nombre antes de que conversáramos con el policía. Una alcaldesa de un pueblito fronterizo no transporta cocaína, necesariamente. Su función, nos dijo el policía, se reduce a saber y dejar hacer, a extender permisos de entrada y salida de mercancías al país, a facilitar bodegas y dar información. Otros, como el cabo Cástulo, son señalados en el Informe Secreto como operadores directos en el traslado de la droga.

A la pregunta de quiénes son los hombres de confianza de Chepe Diablo y dónde operan, el Informe Secreto respondió. “Se tiene conocimiento de algunos colaboradores, como Bernardo Antonio Cruz Baños y Cástulo Enrique Morán Jiménez, de la subdelegación de Metapán, colaboradores del alcalde”.

Ninguno de los jefes policiales con los que conversamos negó que estos agentes participaran en la red. Por el contrario, uno de ellos validó la información.

—Ahí operan los narcotraficantes en la zona del Valle de Los Quijada, San Jerónimo… Y no crean que la pasan los señores traficantes en sus vehículos de último modelo. ¡La pasa la Policía! Si hubiera una investigación sabrían que los alcaldes le han conseguido vehículos sin logo de la Policía a las diferentes subdelegaciones. La de Metapán y el puesto de San Jerónimo tienen vehículos sin logo, son pick ups Frontier negros y polarizados. Cambian droga por ganado, traen ganado de Guatemala a veces y van a entregar la droga en esos carros.

Según este policía, los pick ups regalados por la municipalidad, como el que vimos pasar frente a nosotros, sin logo alguno, son perfectos para operar. Sirven para no ser tan identificables como miembros de la institución. Continuó explicando que algunos policías, coordinados por Baños y Morán, ubican retenes vehiculares en las vías que vienen de puntos ciegos de la frontera con Guatemala, como El Valle de los Quijada o San Jerónimo. Lo hacen cuando sus compañeros van a entregar la droga del Cártel de Texis a los guatemaltecos, que muchas veces les pagan con “dos o tres camionadas de ganado”. Los retenes son ubicados para garantizar que nadie se interponga en el camino de la droga que va y el pago en reses que vuelve. Y, claro, como dijo nuestro informante, para “hacer la paja de que vigilan”. Todos los señalados como líderes del Cártel de Texis son asiduos a jaripeos y ranchos ganaderos. Roberto “El Burro” Herrera incluso fue presidente de la Feria Ganadera de Santa Ana.

—Si un agente llega a decomisar una camionada de esos animales, inmediatamente le buscan la baja, el traslado o le buscan otro problema para que no vuelva a intervenir –explicó el policía.

—¿Y cómo reclutan a la gente?

—No es que anden ofreciendo trabajo, sino que es una estrategia política, si quien supervisa te lleva a eso, a que recibas mejor unos 10 o 20 dólares por cada camión que dejes pasar sin las cartas de venta o la guía, porque él sí recibe un buen dinero por mantener así la dinámica. Imagínese que el cabo Cástulo es el supervisor de retenes. Él mismo va a hacer entregas a los puntos ciegos, a entregarla a los chapines.

—¿Y quién les entrega la droga a los policías de Metapán?

—La vienen a dejar en vehículos chatarreros, de los que llevan chatarra, pick ups o camioncitos, y ahí la meten en los Frontier, que son todoterreno, y que sí se pueden meter en los puntos ciegos. Ahí pasan granos, droga, armas y ganado, y lo digo porque yo lo he visto, porque yo he estado ahí.

—¿Y cómo le pagan a estos policías como el cabo Cástulo Morán?

—Les compran casas en otro lugar. Por ejemplo a este cabo Cástulo le han comprado una casa en Chalchuapa, ubicada al norte de la pirámide El Tazumal, y una finquita en la zona de La Magdalena, rumbo a El Coco, así es como esta gente le paga a los que andan de lleno. A los que no saben, les basta con los 10, 15 dólares que les dan los de los camiones.

El sistema de pago a los funcionarios que se prestan como piezas del engranaje del Cártel de Texis es algo que nos confirmaron El Detective y El Comisionado. Esta manera de retribuir a los amigos es también una de las más difíciles de comprobar, ya que rara vez las propiedades se inscriben a nombre del propio cómplice. Se suele utilizar algún pariente.

Fin del viaje

Venimos del núcleo urbano de Metapán. Estamos en otra calle de polvo parecida a la de San Fernando, pero en terreno llano, sin montañas. Nos adentramos en los puntos ciegos que rodean la ciudad. El investigador de la División Especializada de Crimen Organizado que regañó al soldado de San Fernando ve para todos lados. El Detective saca su pistola. Por cada cambio de velocidad, la cacha de su arma recibe una caricia de la palanca. Saben que hay ojos que vigilan estas terracerías, y están nerviosos.

—Aquí agáchense, estamos en terreno peligroso —bromea el investigador, para distender el ambiente.

—Cerca de aquí fue que le dispararon al alcalde de Metapán —agrega, esta vez serio, El Detective.

Estamos pasando por Ostúa, un diminuto caserío que recibe a sus visitantes con una pared que sirve de letrero para quien quiere marcar dominio de la zona. “MS13”, dice la mancha que firma El Demonio. Cada letra es del tamaño de una persona. La pared pertenece a lo que parece la tienda más grande del caserío.

El Sargento con el que hablamos en Santa Rosa Guachipilín nos había hablado de que aquí vive Óscar, El Coyote, uno de los miembros de la red que opera en territorio de Chepe Diablo. Nos mencionó ese nombre para explicarnos cómo la gente que anda en esto gana buen dinero.

—Vean la casa que tiene –nos dijo-, tiene piscina y un bar solo para él.

Es la única referencia que tenemos de este caserío repartido a la orilla de un polvoriento camino por el que transitamos sin meternos en los callejones de tierra a buscar la mansión de Óscar, El Coyote. En el mapa de la droga, Ostúa aparece como uno de esos puntitos por los que hay que pasar antes de llegar a Guatemala sin necesidad de toparse con Migración y Aduanas. En un mapa oficial de El Salvador no aparece como paso fronterizo.

Está oscureciendo, y el camino por el que vamos recibe a otro carro. Va despacio, a la velocidad de una patrulla policial que hace una ronda de vigilancia.

El investigador anota el número de placas del único carro que apareció en el camino que conecta Ostúa con San Jerónimo, otro punto ciego utilizado por el Cártel de Texis. El investigador está atareado pidiendo a la central policial las referencias de la matrícula. Es la primera vez que ocupa su radio en el recorrido que ha durado ocho horas. Dice que los tres hombres que van en ese viejo automóvil son sospechosos.

—Creo que son pandilleros —nos dice, mientras alista una subametralladora que apareció en sus manos instantáneamente.

Estamos a media hora de llegar al punto ciego de San Jerónimo, el último de los puntos clave de El Caminito, donde el Cártel de Texis pasa la estafeta a los narcos de Guatemala, a los del departamento de Jutiapa. El carro con los tres hombres acelera repentinamente, nos deja atrás y sigue con rumbo a San Jerónimo. El Detective no quiere seguirlos, olfatea peligro.

—Vámonos, aquí no es bueno andar de noche —ordena.

Esta es la calle que lleva a San Jerónimo, a un paso de la frontera con Guatemala y por donde atacaron a balazos al alcalde de Metapán, Juan Umaña.
Esta es la calle que lleva a San Jerónimo, a un paso de la frontera con Guatemala y por donde atacaron a balazos al alcalde de Metapán, Juan Umaña.

El Cártel de Texis III (elfaro.net)

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Sergio Arauz, Óscar Martínez, Efren Lemus / Fotos: Frederick Meza

elfaro.net / Publicado el 16 de Mayo de 2011

Parte III: El manto protector del Cártel de Texis

Hace apenas dos semanas tuvimos la ocasión de sentarnos a charlar detenidamente con el subdirector de investigaciones de la PNC, el comisionado Howard Cotto. Llegamos a él con la duda que carcome a El Detective. Aunque ya teníamos una noción de cómo es que el Cártel de Texis logra seguir operando luego de más de 10 años de pistas que entran y salen de todos los despachos de los altos funcionarios vinculados al tema de seguridad. Necesitábamos escuchar qué respondía la institución encargada de combatir el crimen junto a la Fiscalía.

—Mire, lo que de verdad no entendemos es por qué no los procesan judicialmente —le comentamos.

—Vaya, le voy a contar una experiencia, tal vez así entienden. Hace un tiempo realizamos un operativo para secuestrar archivos documentales de uno de los miembros de esta estructura… Esto no es caricatura, la Policía tiene bien claro que obtener una orden de cateo en todo occidente es casi imposible. ¡Si supiera la amistad con ellos que tiene el juez más importante de ahí! El caso es que logramos obtener una orden de allanamiento a través de otro juez. Entramos a muchas propiedades y encontramos armas de guerra que no podía justificar. Hoy anda prófugo. Les cuento esto porque también encontramos otra sorpresa: este señor tenía en su casa una gorra que, por el identificativo, solo podía haber pertenecido a un director de la Policía.

El dueño de la casa donde la Policía encontró 13 armas, entre ellas dos de uso privativo de la Fuerza Armada y granadas, en abril de 2010, se llama Leonel Sandoval Villeda, y está prófugo y con orden de captura internacional girada por la Interpol. Sandoval Villeda se fugó luego de que el juez tercero de instrucción de Santa Ana le otorgara libertad bajo fianza de 100 mil dólares. Sandoval Villeda pagó la fianza, pero nunca volvió a presentarse.

Aunque lograron obtener orden de allanamiento con otro juez, la treta al final no pudo impedir la huida de Sandoval Villeda. Y el “importante juez” al que se refirió el jefe policial se llama Tomás López Salinas, un funcionario que ya es investigado por la Corte Suprema de Justicia por dejar en libertad a una banda de traficantes de personas. El Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia tiene el expediente del juez Salinas en la lista de los cinco casos más graves por resolver.

A finales de 2010, Salinas, juez especializado de instrucción de Santa Ana, dejó libres a nueve personas acusadas de integrar una red de tratantes, dos de ellas acusadas además de violar a una niña. En síntesis, el razonamiento del juez fue que los acusados fueron víctimas de engaño por una menor de edad que deseaba prostituirse.

El Detective, El Comisionado y Cotto coinciden en algo: en que los narcos de occidente han estado actuando con total libertad en gran parte porque los esfuerzos investigativos incluso a nivel judicial se metieron en oriente, en el caso de Los Perrones.

Intentamos conocer sobre las diligencias que ha realizado la Fiscalía General de la República en occidente. El 1 de febrero pasado pedimos una entrevista con fiscales de la División Élite contra el Crimen Organizado y la Unidad Antinarcotráfico. Además, pedimos entrevistas con los fiscales que, en la etapa de vigilancia penitenciaria, han dado seguimiento a la condena que se le impuso al concejal de Metapán Amadeo Figueroa Morales. Al cierre de esta nota, esa institución no ha resuelto sobre las tres peticiones de información.

Los personajes vinculados al Cártel de Texis se ven constantemente involucrados en hechos que siguen llamando la atención de la Policía, pero esto no parece traducirse en investigaciones desde la Fiscalía. Ejemplos llamativos sobran: el 16 de noviembre de 2010, José Salvador Cardoza, ex diputado del PDC por Chalatenango y mencionado por nuestros tres principales informantes como cómplice del Cártel de Texis, sufrió un secuestro e intento de asesinato. José Salvador Cardoza es primo de El Rey, Reynaldo Cardoza, el diputado por el PCN.

—¿Los señores Cardoza operan juntos? –preguntamos al jefe policial.

—Cada uno anda en lo suyo, pero los dos son gruesos. Les decía, a Salvador lo secuestraron, le quemaron el carro, no lo mataron porque no quisieron. Le dispararon un balazo en cada pierna, por las nalgas. ¿A quién le pasa eso?

Este atentado ocurrió en un municipio perdido de La Unión, Nueva Esparta. El ex diputado del PDC andaba esa vez con Alfredo Portillo Portillo, hermano del alcalde de Texistepeque. Este hecho, que durante uno de nuestros encuentros El Detective nos relató, aparece consignado en el Informe Secreto. El informe agrega que Cardoza sufrió el atentado cuando supuestamente supervisaba los trabajos de una empresa constructora de su propiedad.

Los hechos hablan de las dificultades para judicializar a los narcos de El Caminito. Sin embargo, fue un documento que recibimos casi al final, un último informe macro que describe los puntos de encuentro del Cártel de Texis con otras estructuras similares, el que nos dejó claro cuán difícil es para la Policía hacer de este conocimiento prueba judicial.

En la parte de recomendaciones para operar contra esa red de cárteles salvadoreños, los policías de inteligencia se dirigen a sus jefes en una especie de lista de deseos que devela lo que de momento no tienen.

Ahí se pide un equipo especializado en homicidios, tráfico de personas, lavado de dinero y activos y contrabando de mercadería. Se pide que ese equipo esté fuera de cualquier puesto policial y que se entienda solo con el Subdirector de Investigaciones, a fin de evitar la filtración de información. Se pide un grupo selecto de fiscales y el involucramiento del ministro de Justicia y Seguridad, el director de la PNC y el mismo presidente de la República.

La realidad dista mucho de la situación requerida. La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, por ejemplo, cuenta con solo dos fiscales en todo el país.

Ahí donde se suma la pandilla

El camino que inició en el pueblito fronterizo de San Fernando, que bajó hasta Dulce Nombre de María, que a 15 minutos de carro se convirtió en la flamante autopista de Fomilenio, llega a su punto de quiebre en otro municipio de suelo de adoquines y techos de teja: Nueva Concepción.

Este municipio que también tiene acceso por la nueva carretera de Fomilenio tiene casi 30,000 habitantes, y es la puerta de salida que el Cártel de Texis utiliza para dejar Chalatenango y entrar al departamento de Santa Ana.

Nueva Concepción es el lugar donde el paradigma de operación de los cárteles centroamericanos se rompe. En Guatemala y Honduras, las familias de narcotraficantes han optado por deshacerse de los pandilleros de las dos grandes organizaciones, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. En departamentos neurálgicos del narco de Guatemala, como Alta Verapaz o San Marcos, los pandilleros han sido expulsados por las familias dominantes, bajo amenazas de muerte. En Nueva Concepción, bajo este modelo horizontal de los cárteles salvadoreños, el que tiene control de una zona, tiene carta para participar del negocio, sea pandillero, empresario o policía. En Nueva Concepción, el control del crimen lo tiene la Mara Salvatrucha, y más concretamente uno de sus más poderosos “programas” nacionales que tiene vínculos hasta Estados Unidos: se trata de los Fulton Locos Salvatrucha, y todos señalan como uno de sus cabecillas a un prófugo llamado José Misael Cisneros Recinos, el conocido como Medio Millón.

Todos los informes coinciden en este nombre, a quien mencionan como representante de su pandilla en la organización dedicada al traslado de la cocaína

“Es importante mencionar que, en la relación Chalatenango-Santa Ana, esta estructura se vincula con el narcotraficante Misael Cisneros, quien el 15 de septiembre de 2010 escapó de un cerco policial que pretendía capturarlo en Nueva Concepción. Se considera que además de traficar cocaína, también abastece de armas a pandillas de la zona y posee acercamientos con mandos locales de la PNC”, dice el Informe Secreto.

A diferencia de los otros documentos, que lo ubican como miembro activo de la MS, este último lo deja en el grado de socio.

Respecto a cómo es que Medio Millón logró burlar un operativo policial que se venía planificando desde hacía meses, todas las fuentes con las que hablamos señalan como culpable a un subinspector activo: José Alfonso Mata Portillo, quien hasta febrero de 2010 fue jefe de la subdelegación de Dulce Nombre de María. De él dicen que fue quien, gracias a la relación que cultivaron cuando operaban en municipios vecinos avisó a Medio Millón de los detalles de la investigación en su contra. Mata Portillo es ahora jefe de la subdelegación de Ciudad Delgado, en el Área Metropolitana de San Salvador.

El Detective nos anexó un documento sobre el perfil de este subinspector. En 2010 su reporte de ingresos fue de 118,879 dólares. El mismo documento policial contiene las placas de los 28 vehículos que supuestamente están a nombre de Mata Portillo, entre ellos varios furgones y tractores. Este anexo cierra con una conclusión:

“Presenta irregularidades en sus declaraciones tributarias. Sus costos y gastos declarados son desproporcionales a sus ingresos”. Desde la jefatura policial no nos dieron un monto exacto, pero nos aseguraron que, en el caso de que reciba bonificaciones extras, no podría sobrepasar los 1,200 dólares mensuales libres de impuestos y descuentos.

Nueva Concepción es de esos lugares que aparentan sosiego y esconden secretos que son susurrados por todos, pero que al ojo inexperto son imperceptibles.

Hacemos una pausa en el recorrido por El Caminito, nos detenemos un momento para conversar con el jefe policial del municipio. El subinspector Quijano Aguilar tiene menos de un año como jefe de este complejo municipio perdido entre llanos secos, una autopista de lujo y cerros de vegetación tostada. Su respuesta era la obvia, que sabe poco, que aún se está enterando, que cree que Medio Millón sigue por la zona -pues sigue dando órdenes a los pandilleros-. Eso sí, cuando le preguntamos cuántos pandilleros podía haber en este pequeño lugar, su respuesta nos dejó muy claro por qué el Cártel de Texis tuvo que asociarse con la Mara Salvatrucha.

—Calculamos que la clica (Fulton Locos Salvatrucha) es de unos 200 muchachos con armas aquí en Nueva Concepción, casi todos ellos ubicados por nosotros.

No se refería al “programa”, sino solo a la clica, al grupo local de este municipio. Una clica grande, importante, suele tener a unos 50 miembros, aún cuando operen en zonas claves de la capital. En este rural punto de quiebre de El Caminito, la pandilla ha decidido cuadruplicarse.

Una potencia que no solo se demuestra en número de miembros, sino en capacidad armada. A las 5 de la mañana del pasado 3 de mayo, un operativo de la 4a. Brigada de Infantería y Descatamento Militar Número Uno, en conjunto con policías, detuvo a 12 presuntos pandilleros en Nueva Concepción. Entre el armamento decomisado en una vivienda del cantón Los Romeros había cuatro fusiles AK-47, un fusil G-3, una subametralladora Uzi y un lanzagranadas M-79.

Nueva Concepción no solo es clave porque agrega pandilleros a la lista que, a este punto, ya contiene a policías, alcaldes, jueces, empresarios y diputados. Nueva Concepción es el recodo, el punto donde El Caminito se divide en dos brazos que salen de Chalatenango para adentrarse en el departamento de Santa Ana. Ambos brazos terminan en la frontera con el departamento guatemalteco de Jutiapa, donde según las autoridades de ese país opera la familia Lorenzana, la más antigua de las familias chapinas del narco, de la que hay registros desde los años setenta.

Según lo recogido de los informantes, de los tres informes y sus anexos, uno de los brazos es más importante que el otro por flujo de cocaína, algo que infieren del control operativo que el Cártel de Texis muestra en cada lugar: más discreto en un ramal y mucho más descarado y monopólico en el otro.

El ramal menor continúa desde Nueva Concepción casi en línea recta. Antes de llegar a la frontera, atraviesa el cantón de Peñamalapa, luego el río Lempa hasta llegar al cantón Guarnecia, luego al caserío El Aguacate, hasta la ciudad de Texistepeque, desde donde parten para la ciudad de Santa Ana. Una vez ahí, se conducen hasta los puntos finales de cruce, los puntos ciegos que rodean los pueblos de Santiago de la Frontera y San Antonio Pajonal.

El otro ramal, el más importante, parte de Nueva Concepción hacia el oculto pueblito de Santa Rosa Guachipilín, que ahora tiene acceso de pavimento gracias a las obras secundarias generadas por la autopista de Fomilenio.

En el primer recorrido hicimos una parada en el camino. Visitamos al grupo de 14 militares que custodian los puntos ciegos alrededor de Santa Rosa Guachipilín, a medio camino entre Nueva Concepción y Metapán. Un lugar desde donde los cargamentos pueden desviarse por caminos rurales hasta buscar puntos ciegos de la frontera. Ahí nos recibió el jefe del grupo, a quien identificaremos como El Sargento.

No se esmeró en vendernos imponentes operativos ni complicados decomisos. Más bien, se mostró resignado ante la inmensidad de la zona y la normalización del paso de mercaderías ilícitas. Nos contó que el soborno está a la orden del día, que por 20 o 30 dólares, algunos militares o policías permiten pasar un camión.

Nos aseguró que el Cártel de Texis tiene un nombre para lo que en México llaman halcones y en Guatemala, banderas. Aquí llaman postas a esos niños, niñas, mujeres y ancianos que no se dedican sino a vigilar qué hacen El Sargento y los suyos, hacia dónde se mueven. Nos dijo que en lo que llegan a un punto ciego como Ostúa, El Valle de Los Quijada, El Despoblado, cerros perdidos en la frontera a más de media hora de lento avanzar en un vehículo con doble tracción, todos los de ese lugar saben que llegará un extraño. Lo dijo de una forma más gráfica.

—Desde que llegás, todos te ven como si fueras un extraterrestre.

Desde el polvoso Santa Rosa Guachipilín, la carretera permite acceder hasta Masahuat, igual de rural, pero más grande. Desde Masahuat, alguna droga se pasa por los cerros de alrededor, nombrados por sus pobladores por particularidades que solo ellos saben discernir. El grueso de los cargamentos continúa su viaje. Intercepta la carretera que conecta Santa Ana y la ciudad fronteriza de Metapán. La droga se incorpora alrededor del kilómetro 99 de esa carretera, y llega a su base final, el centro de operaciones de Chepe Diablo, la última escala antes de internarse en los puntos ciegos que besan Guatemala. La ciudad donde el Cártel de Texis muestra su poderío, su capacidad de sobornar y de matar.

El Cártel de Texis II (elfaro.net)

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Sergio Arauz, Óscar Martínez, Efren Lemus / Fotos: Frederick Meza

elfaro.net / Publicado el 16 de Mayo de 2011

Parte II: Las cuentas sospechosas

La historia empresarial de José Adán Salazar Umaña comenzó en 1990. Según el Registro de Comercio, ese año Inversiones Salazar debutó en “la compra de cartera e inversión financiera”. Era una empresa familiar: los otros dos accionistas eran su esposa, Sara Paz Martínez Bojórquez, y su hermano Marcos Francisco Salazar Umaña, que ahora es diputado suplente del partido Arena por el departamento de Santa Ana.

La empresa dejó de reportar operaciones al Centro Nacional de Registros (CNR), en 1995, el mismo año que tuvo problemas para cobrar unos cheques sin provisión de fondos. Inversiones Salazar tenía activos por 49 mil dólares y alguien le había pagado deudas por 33 mil 535 dólares que en el balance general de la compañía fueron clasificados como “estimación para cuentas por cobrar de dudosa recuperación”. Desde entonces, ya no reportó actividades al CNR.

Un año después, en 1996, Salazar Umaña regresó al CNR a fundar otra empresa: Hoteles San José. En septiembre de 2004, se le unió una segunda empresa, llamada Servicios Turísticos.

En el Registro de Comercio, en las dos compañías aparece como socio de Salazar Umaña su hijo, José Adán Salazar Martínez. Mencionar a esas dos empresas es hablar de seis hoteles. Hotel Capital, en San Salvador; Hotel Pacific Sunrise, en el Puerto de La Libertad; Hotel Tolteka, en  Santa Ana; Hotel San José, en Metapán; Hotel Bahía Dorada, en La Paz, y Hotel Sevilla, en Usulután.

Salazar Umaña dice que el éxito de sus negocios ha sido producto de la buena fortuna. “El hotel San José, en Metapán, fue un éxito financiero, gracias a un golpe de suerte ya que en pocos años había recobrado la inversión y todavía me quedó un poquito de ganancia, entonces me gustó y comencé a buscar créditos para un segundo proyecto: el Hotel Capital”, declaró al periódico santaneco El País, en julio de 2009.

Para llegar a ese éxito, Hotesa tuvo que endeudarse. El balance general de 1996 consigna que la empresa le debía a su mismo dueño, José Adán Salazar Umaña, 285 mil 700 dólares (2.5 millones de colones) por el terreno y el edificio del hotel metapaneco. Dos años después, la deuda ya no era con Chepe Diablo. Según el balance general de 1998, Hotesa adquirió un préstamo con la banca por 514 mil 67 dólares que le concedió el Banco Desarrollo.

Esas no son las únicas empresas de Salazar Umaña. Él también tiene participación en otras tres sociedades: Salazar Espinoza, S.A de C.V., Agroindustrias Gumarsal y Servicios Logísticos, según un informe de inteligencia policial titulado “situación fiscal” que coincide con los datos del Centro Nacional de Registro. Según la escritura de constitución, Servicios Logísticos se formó para dedicarse a “actividades relacionadas al transporte”. Uno de los fundadores es el diputado suplente Marcos Francisco Salazar Umaña, pero esa sociedad nunca reportó actividades empresariales al Registro de Comercio.

Pero no fueron ni sus seis empresas ni sus 14 propiedades inmuebles ni sus 35 vehículos -26 de ellos ya traspasados- los que despertaron las sospechas de la DEA. En una carpeta de investigación esa agencia estadounidense envió a la Fiscalía en 2001, se mencionaba a Salazar como sospechoso de lavado de dinero y narcotráfico, una acusación que salpicaba a una empresa constructora de su primo, Salazar Romero, S.A. de C.V., en la cual Chepe Diablo aparentemente no mete mano.

Otro ex fiscal, que trabajaba en el área antinarcóticos, conoció esas investigaciones.

—La DEA hizo su propia investigación. El problema era que algunas diligencias las revelaban a la Fiscalía y otras no. Recuerdo que en este caso ellos tenían una buena fuente de información, un informante, y en realidad no sé por qué nunca reventaron el caso.

El documento que el ex fiscal citó incluía las sospechas de la DEA sobre la constructora, que pertenece a familiares cercanos de Chepe Diablo. La compañía fue creada el 22 de abril de 1994 por José Raúl Salazar Landaverde. Su socio y representante legal de la empresa es su hermano Carmen Salazar, ex alcalde de Metapán por el partido Arena desde 1988 hasta 1994. Ambos son primos de Chepe Diablo.

Cuando la DEA incluyó esta empresa en la carpeta de investigación que remitió a la Fiscalía, sospechaba que podía haber lavado de dinero.

Otro que tiene sus propias empresas y que en el Primer Informe aparece como socio de Chepe Diablo es Juan Umaña Samayoa, alcalde pecenista de Metapán. Este ha invertido en granos. El 23 de mayo de 1997 fundó Agroindustrias Gumarsal, empresa dedicada al procesamiento de arroz y comercialización de productos de la canasta básica. A esta empresa se suman Gradeca, S.A. de C.V. y Agroarroz, S.A. de C.V.

Aparte de las empresas, el alcalde ha adquirido 34 vehículos que ha ido traspasando principalmente a sus empresas y familiares. Cinco camiones, cuatro tractores, dos furgones, dos rastras, un cabezal y el resto de vehículos livianos.

El alcalde Juan Umaña reportó al fisco que entre 2006 y 2009 percibió ingresos por 141,572 dólares. Esto es, unos 35 mil dólares al año entre 2006 y 2009.

El tercer personaje señalado por los informes como líder de la estructura, Roberto “El Burro” Herrera, reporta ingresos similares a los del alcalde. En cuatro años, de 2006 a 2009, percibió 139,849 dólares, según los datos que presentó a Hacienda. Sus ingresos provienen de dos actividades: comerciales y agropecuarias.

En cuanto a sus declaraciones de renta, en 2005, El Burro hizo una declaración que reportaba un salario mensual de 565 dólares e ingresos totales por 6,790 dólares. Para 2007, los 6,790 dólares ascendieron a 31,517 dólares. Un año después llegó a los 40,000 y en 2009 casi llegó a los 50,000.

En cuanto a vehículos, Chepe Diablo no se queda atrás del alcalde. A su nombre hay nueve vehículos, entre ellos una camioneta Porsche Cayenne y otros 26 que ha vendido o traspasado, por ejemplo, a la Alcaldía de Juan Umaña Samayoa.

Los amigos del camino

El Caminito que recorremos continúa entre calles, callejuelas y anécdotas de El Detective, que ora cuenta de una mansión en un pueblito, ora de un restaurante donde se reúnen a planificar. Pero, sobre todo, la conversación que brota con los kilómetros contiene nombres de personas, cargos y nombres de partidos políticos.

El camino de polvo que empieza en San Fernando lleva montaña abajo. En casi una hora estamos en Dulce Nombre de María, que tiene agua potable, luz, teléfono, correos, un puesto de Policía, un juzgado de paz, internet…

—Aquí estaba un jefe de la policía que se hizo rico. Tiene grandes terrenos, caballos, muy amigo del ex director Menesses –suelta de repente El Detective, que nos conduce en este viaje.

Esa versión la corroboraríamos después, cuando escucharíamos hablar del subinspector José Alfonso Mata Portillo.

Hace 21 meses, el 12 de agosto de 2009, a 25 kilómetros de Dulce Nombre de María, cerca de la presa del Cerrón Grande, fueron detenidos José Gerardo Ventura y Juan José López López. Los detuvieron en dos vehículos, cuando realizaban una negociación. En el pick up de López López fueron encontrados 88 kilogramos de cocaína, y el 10 de febrero de 2011 fue condenado por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque a purgar 10 años de prisión. La droga fue valorada por la Fiscalía en 2 millones 216,650 dólares. El Informe Secreto asegura que esa red, la del Cártel de Texis, era la propietaria de esos 88 kilogramos de droga.

A solo 15 minutos de distancia de Dulce Nombre de María llegamos a una súper carretera, la gran obra casi terminada del proyecto Fomilenio: la Carretera Longitudinal del Norte. Esta conectará la frontera entre La Unión y Honduras con la frontera entre Santa Ana y Guatemala. Una línea casi recta de pavimento y cuatro carriles que cruza de punta a punta el norte de El Salvador.

—Bonita les están dejando la autopista —ironiza El Detective—. Como dicen los gringos y los hermanos lejanos: es un freeway, ja, ja, ja. La verdad, es un conducto abierto para el paso de coca, ganado y armas.

—¿Pero hay retenes? –preguntamos.

—Ja, ja, ja –vuelve a reír El Detective—. Mire, ahí hay un retén. ¡Es casi anunciado! Hay horarios, y los narcos los tienen. Los jueves y los viernes hay fiesta, son los días de retén. El viernes que más dinero ganan los policías que cuidan.

—Ajá, explíquenos eso.

—Usted viene en un camión cargado con cocaína o ganado de contrabando, ese que viene de Honduras. En el retén, el jefe de delegación que los puso ya sabe a qué policías mandó, los policías ya saben cómo operar. A lo mucho son dos.

—No terminamos de entender.

—¡Les dan 10 dólares, 100 dólares, y pasan! Con esta calle llegan más rápido.

El tramo de la carretera de Fomilenio, como ya ha sido bautizada por los habitantes de la zona, está también en el ojo del Cártel de Texis. No sólo sirve cómo vía rápida para acortar El Caminito, sino que también buscan utilizarla como una excusa para lavar dinero, según documentos oficiales de la Policía.

Fomilenio es un proyecto de desarrollo para la zona norte del país financiado con donativos de los contribuyentes estadounidenses. En septiembre del año pasado, una oficina de la Policía escribió un memorando confidencial en el que alertaba a las autoridades del gobierno salvadoreño sobre un grupo de narcos que estaban metiendo papeles para lavar dinero a través de la Cuenta del Milenio, que es el fondo con que se financia la carretera Fomilenio.

El memorando explica que una familia de narcos logró obtener un préstamo de 600,000 dólares a través de un proyecto de Fomilenio para el desarrollo agropecuario en la región. También dice que Reynaldo Cardoza, actual diputado del PCN, vinculado con la estructura criminal estaba buscando un préstamo de 800,000 dólares.

La familia de narcos a la que se refiere el memorando incluye a uno de los prófugos más buscados por la Policía. Se trata de un narcotraficante vinculado a una estructura de pandilleros de la Mara Salvatrucha. Es conocido como Medio Millón.

“Se ha logrado individualizar que Marcos Cisneros Mata (padre fallecido), José Misael Cisneros Rodríguez (a) Medio Millón, Manuel de Jesús Cisneros Rodríguez (a ) Millón, Douglas Alfredo Cisneros Rodríguez (a) Melón, José Moisés Cisneros Rodríguez y David Elías Cisneros Rodríguez son miembros activos de una estructura de narcotraficantes que manejan y controlan la mayoría de zonas y rutas de la zona norte de Chalatenango”, dice un documento que se escribió como anexo al Segundo Informe.

El Banco Multisectorial de Inversiones autorizó el desembolso el 28 de agosto de 2009 y, como prueba, la PNC envió el número de acta del comité de inversiones a los altos cargos del gabinete de Seguridad de El Salvador.

Medio Millón es, según la Policía y la Fiscalía, un narcotraficante de la zona occidental, señalado como socio de la Fulton Locos Salvatrucha, y uno de los más buscados por la PNC. De este personaje sabríamos mucho más cuando nos encontramos, más adelante, en su lugar de operaciones.

Una vez en la carretera asfaltada, El Detective vuelve a referirse a los narcos.

—¿Sabe quién más opera en esta zona? —pregunta, a sabiendas de que no sabemos, y entonces él mismo responde casi de inmediato—. El Rey, el diputado del PCN.

El Detective nos acaba de dar otro sobresalto.

—¿Reynaldo Cardoza?

—Ajá, él es otro de los malos. Tiene una pistola de oro, se la logramos decomisar, pero se la devolvió el juez –explica El Detective, que asegura que conoce a los colegas que realizaron el operativo donde le decomisaron el arma.

Vamos en un carro cuatro por cuatro y anotamos más peticiones de documentos para El Funcionario, El Comisionado y el resto de fuentes que conocen del Cártel de Texis.

El Rey, ese diputado del PCN, también aparece en la lista de personas que la PNC ha clasificado como narcotraficantes y que quieren usar Fomilenio para lavar dinero. A Cardoza lo ubican en las cercanías del Cártel de Texis, no como parte de la red, sino como aliado. El documento dice que el diputado del PCN es uno de los principales miembros de la estructura de narcotraficantes de la zona norte de Chalatenango. Dice también que se ha presentado ante las oficinas centrales del Banco Mutisectorial de Inversiones para solicitar un crédito de 800,000 dólares.

El 13 de septiembre de 2005, Reynaldo Cardoza fue capturado por la Policía acusado de pertenecer a una red de traficantes de personas y de la violación de dos menores de edad. Fue capturado junto a Juan Ovidio Cerón Moreno, un ex policía que fue arrestado y expulsado de la corporación por su vinculación con la banda de robafurgones de Margarita Parada Grimaldi. Al ahora diputado le decomisaron una pistola Jericho con una placa dorada con su nombre grabado. Según la Policía, esa placa es de oro. Además, le decomisaron una licencia de conducir mexicana, en la que la foto del diputado aparecía con un nombre diferente: Reinaldo Guerra Flores.

Cardoza quedó en libertad bajo fianza de 2,000 dólares en noviembre de 2005. Un año después, en noviembre de 2006, el caso se cerró definitivamente, ya que la Fiscalía no presentó la solicitud para reanudarlo. Dos años y dos meses después, en enero de 2009, fue elegido diputado del PCN.

De la autopista a los caminos de tierra

San Sebastián Salitrillo es la estampa de un pueblito. Así, con lo que conlleva el diminutivo. Cinco viejitos se sientan en las escaleras del parque a tomar el fresco bajo un árbol y a saludar a quien pase. Se sientan ahí porque queda justo frente a la cuadra más emocionante del lugar, la acera de la Alcaldía, donde unas 10 personas esperan en la puerta la llegada del alcalde como quien espera en la puerta de casa a un familiar. Las calles son de adoquín, las casas de teja, y el pueblo, todo él, una cicatriz de cemento delgada y recta en medio del monte. Es un conglomerado de cuatro cantones y 21 caseríos.

Llegamos hasta ahí a finales de marzo, cuando todavía no habíamos comprendido a la perfección la ruta precisa de El Caminito. Sin embargo, conocíamos ya sus principales puntos, sus dos brazos. Salitrillo, como lo conocen sus habitantes, seguía siendo una incógnita. ¿Por qué El Funcionario y El Detective nos mencionaron este lugar como clave? ¿Qué papel juega este pueblito en la ruta si no está justo en ella, si no es frontera con Guatemala, si no tiene más que calles de tierra? De hecho, Salitrillo queda del otro lado, en sentido opuesto. En lugar de estar entre las ciudades de Santa Ana y Metapán, está al suroeste de Santa Ana, en dirección opuesta a Metapán. Estábamos perdidos, pues, pero gracias a eso, comprendimos cómo las rutas marcadas se desvían lo necesario para alternar entre pueblitos y autopista.

Como esas 10 personas, entramos a la Alcaldía cuando entró Francisco Castaneda, el alcalde del FMLN, un hombre muy respetado en su comunidad. A él nunca le mencionamos nuestro verdadero interés. Para poder conversar sobre estas rutas, nos presentamos como unos reporteros cándidos que pretendían enterarse de cómo es que un lugar como este era eslabón de las rutas del contrabando, de la bagatela, de ganado y mercadería sin permiso y, de rebote, droga. Así en seco, sin nombres ni organizaciones.

Fuimos al grano, le preguntamos por qué su municipio sonaba tanto en esto del contrabando.

—Es que estamos en la red de caminos rurales. Esa mercadería no se tira por carretera directamente, se mete en estos pueblitos, utiliza los caminos de terracería y vuelve a salir a la autopista.

—¿Pero hablamos de personas caminando con cosas o de…?

—Nooo, aquí pasan furgones por estos caminitos, que se pierden allá atrás del pueblo. Pasa gente vinculada al narco y eso se vincula con el problema de las pandillas, de redes asentadas aquí para esa actividad, y eso es lo que perjudica al municipio, no el paso en sí, sino las necesidades que el paso genera.

Salitrillo cuenta con 50 policías que se turnan y que tienen tan solo dos patrullas que cubren no solo el casco urbano, sino las urbanizaciones como Ciudad Real, que están sobre la carretera y que, según datos de la Alcaldía, han llevado a duplicar el número de habitantes del municipio hasta dejarlo en 30,000.

Ciudad Real es un proyecto de aquella empresa constructora –Salazar Romero- valorada en más de 70 millones de dólares que despertó las sospechas de la DEA.

—En esas zonas residenciales que han proliferado se hace evidente que el contrabando nos ha alcanzado. En esas zonas nuevas no tenemos claro quiénes son sus habitantes –continuó Castaneda.

El alcalde fue amable, pero lo que nos dijo no nos bastó. Aunque salimos de su despacho convencidos de que lo que se transporta por esa zona no se trata de pequeñeces sino de rutas alternas, puntos de quiebre del Cártel de Texis para abandonar y reincorporarse adelante en El Caminito, necesitábamos más detalles. Gracias a un diputado santaneco logramos acceder a otra fuente que tiene bien estudiado el fenómeno de cambio que ha tenido el lugar.

Visitamos al informante y, de nuevo, los pactos del temor volvieron, y el anonimato con ellos.

La conversación fue breve y, en resumen, lo que nos contó es una historia que bien podría aplicarse a los narcos de El Salvador. Contrabandistas que cuando descubrieron algo mejor que contrabandear dejaron los quesos y se dedicaron a la cocaína.

—Aquí en este pueblito que antes era bien tranquilo se ha venido gente rara en sus grandes carros. Vienen a intentar comprar a los policías, a ofrecerles dinero así, como cheradas, como en buena onda. Necesitan asentarse en la zona. El tráfico de ganado y de vehículos pick up que se internan en los caminos comunales así sin más, y que seguro transportan droga, a veces se da a la luz del día, y llegan días en que cada cinco minutos pasan. Así, sin control –nos explicó el informante de Salitrillo.

La cuna del Cártel

Texistepeque es el lugar de nacimiento de la mayoría de los mencionados como los narcos que controlan El Caminito. Un municipio de poco más de 20 mil habitantes ubicado entre Santa Ana y Metapán, donde el Ministerio de Gobernación tiene identificadas como propiedades del narco algunas construcciones impresionantes, según cita en su página web.

En ese terreno es donde vive y coordina sus operaciones uno de los principales miembros del cártel: El Burro. Así lo señala un informe policial anexo que habla solo de este personaje, y que nos fue entregado por El Detective. Este personaje, según el documento, tiene una de las propiedades más sobresalientes del paisaje, una gran casa de incontables habitaciones, que a pocos metros tiene una especie de palenque donde ha sido visto el alcalde municipal, Armando Portillo Portillo, otro importante personaje de la estructura señalado en los informes.

La Policía mantiene una permanente vigilancia sobre esta propiedad de uno de los miembros del Cártel.
La Policía mantiene una permanente vigilancia sobre esta propiedad de uno de los miembros del Cártel.

Portillo Portillo es un señor gordo en el que sobresale un delgado y peinado bigote. En una foto del Informe Secreto aparece sentado en su oficina y en un informe policial aparece junto a Chepe Diablo y El Burro. Es su primer período como alcalde y ganó las elecciones pasadas arropado bajo las banderas de una coalición entre PDC y FMLN.

Al pie de la foto, el Informe Secreto presenta a este jefe municipal como uno de los salvadoreños vinculado al Cártel de Sinaloa, de México. Aparece en la misma línea de mando que Chepe Diablo, El Burro y el alcalde de Metapán, en la mesa principal de los comensales que se alimentan de la ruta de El Caminito.

Los miembros del Cártel de Texis se reúnen y se ponen de acuerdo, pero no es una estructura vertical. El Burro tiene una cadena de gente que lo sigue, Chepe Diablo tiene otra cadena, el alcalde de Metapán y el de Texistepeque también, como el diputado del PCN y su primo, ex diputado del PDC. Esas estructuras, se lee en los informes, son locales y se enlazan para operar. Los capos del Cártel de Texis se ponen de acuerdo, coordinan.

Vamos en un carro cuatro por cuatro de la Policía que no ostenta ningún distintivo. Ya pasamos por San Fernando, Dulce Nombre de María y estamos en medio de la llamada calle Fomilenio. Vamos rumbo al tramo final, al lugar donde domina con más descaro el Cártel de Texis. Mientras avanzamos, conversamos con El Detective sobre la capacidad que han tenido estos narcotraficantes para operar impunemente. El Detective se queja, como hace desde que lo conocimos, porque desde su óptica no logra entender cómo es que teniendo tanta información de los servicios de inteligencia esta gente continúa por las calles.

La relación Narco – Estado en El Salvador, la nube se disipa gracias a publicación de ElFaro.net

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Funes admite conexiones del ‘narco’ con el Estado salvadoreño

El periódico digital ‘El Faro’ ha desvelado la existencia del cartel de Texis

JUAN JOSÉ DALTON //elpais.com

El Salvador y el narcotráfico

El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, en un acto político el lunes- ROBERTO ESCOBAR (EFE)

Lo que nunca hicieron anteriores gobernantes en El Salvador, lo ha hecho el actual presidente Mauricio Funes al reconocer públicamente la existencia en su país de un cartel de narcotraficantes que tiene nexos con la institucionalidad del Estado, así como con las pandillas maras, y sirve de trampolín para catapultar la cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos, donde el mercado está asegurado.

  Funes confirmó a periodistas locales y extranjeros, en un foro periodístico internacional celebrado el lunes, la existencia de una amplia red de narcotráfico en la zona norte y noroeste de El Salvador, llamada cartel de Texis -relativo al municipio norteño de Texistepeque- en la que están implicados empresarios, alcaldes, diputados, policías y jueces. Asimismo, aseguró que también se indaga acerca de la presencia en esta nación del grupo narcotraficante y de sicarios conocido como Los Zetas, de México, que tiene presencia activa en la vecina Guatemala.

El mandatario confirmó, pero al mismo tiempo fue cauteloso, la publicación de un extenso reportaje del periódico digital El Faro, que desvela la existencia y la actuación del cartel, el cual estaría encabezado por dos empresarios, José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, y Roberto Antonio Herrera, alias El Burro.

El Faro asegura que las investigaciones policiales sobre este cartel datan del año 2000 y en ellas han participado progresivamente cinco exdirectores de la Policía Nacional Civil (PNC), así como el actual, Carlos Ascencio, quien, al parecer, tiene instrucciones de ponerle freno. Las investigaciones dan cuenta de que el actual alcalde del municipio de Metapán, Juan Umaña Samayoa, del conservador Partido de Conciliación Nacional (PCN), también es señalado como dirigente del cartel delictivo.

El periódico indica que sus fuentes son de la inteligencia del Estado y que ha realizado un minucioso trabajo de investigación de más de cuatro meses. Los informes de la Organización de la Inteligencia del Estado (OIE) contarían con la cooperación de la policía salvadoreña y de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), fuentes que sostienen que la droga que maneja el cartel de Texis pertenece a grupos ilegales de Colombia, que también están enraizados en Honduras.

En el cartel de Texis estarían involucrados, además, varios jueces, un exdirector de la policía, así como tres comisionados en activo y varios jefes de la delegación y subdelegación de PNC. Un jefe de la misma PNC, que prefirió el anonimato, apuntó a EL PAÍS que todos los mencionados en el reportaje de El Faro están actualmente bajo investigación, incluido su exdirector José Luis Tobar Prieto, quien estuvo en el cargo hasta 2009, cuando se produjo el cambio de Gobierno, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) al izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Otras figuras que aparecen señaladas son el diputado del Partido de Conciliación Nacional, Reynaldo Cardoza; la exgobernadora departamental de Santa Ana y candidata por ARENA a la alcaldía de esa ciudad, Patricia Costa de Rodríguez; el alcalde de Texistepeque, Armando Portillo Portillo; y el exdiputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), José Salvador Cardoza, entre otros políticos activos.

Esos informes y declaraciones revelan que el cartel de Texis lleva siendo investigado por la policía desde hace más de diez años, pero “hubo dificultades” para detener a sus integrantes y la fiscalía no ha podido o no ha querido judicializar los casos, dice el reportaje de El Faro, medio que recientemente recibió en España un Premio Ortega y Gasset de periodismo.

Funes no quiso ahondar en detalles sobre este asunto, en una entrevista que en San Salvador le hizo la periodista mexicana Carmen Aristegi, de CNN, que participa en esta capital en un foro internacional de periodistas. Funes aseguró que durante su Administración el Estado salvadoreño, a través de la policía, ha estado investigando “de forma profusa y minuciosa” y que las investigaciones se pondrían en manos de la fiscalía sin menospreciar quién resulte involucrado.

“Yo no puedo dar cuenta de lo que han hecho administraciones anteriores y por qué en administraciones anteriores no se ha avanzado”, dijo Funes, que añadió que la responsabilidad de llevar el caso a la justicia, si se encuentran las suficientes pruebas, corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Órgano Judicial.

La presidencia de la Corte Suprema Justicia (CSJ) emitió un comunicado el lunes en el que informó de que se indagará para determinar si es pertinente abrir una investigación a los jueces mencionados en el reportaje como cómplices del cartel.

La orden: Encontrar y matar a Bin Laden

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Escondido en una mansión fortificada al norte de Islamabad, Bin Laden murió en una operación de apenas 40 minutos.- Su mensajero de más confianza fue quien permitió a la CIA dar con el terrorista más buscado de la tierra.

 La supuesta casa en la que EE UU mató a Bin Laden
Fotografía de la casa donde presuntamente EE UU mató a Osama Bin Laden, en la localidad de Abottabad, cerca de Islamabad (Pakistán)- EFE/IFTIKHAR TANOLI

Los atentados del 11-S

FOTOS – (REUTERS) – 02-05-2011

La segunda avioneta contra las Torres Gemelas. Tras el secuestro del vuelo 175 de United Airlines poco antes de estrellarse contra la torre sur. La torre norte se quema después de un ataque con un avión secuestrado en la ciudad de Nueva York 11 de septiembre 2001.- (REUTERS)

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Todo empezó hace cuatro años. Según The New York Times, detenidos en la prisión de Guantánamo habían facilitado el seudónimo del mensajero a los interrogadores norteamericanos y dijeron que el hombre era un protegido de Sheikh Mohammed, el cerebro de los ataques del 11-S. Sin embargo, los agentes tardaron dos años en conocer la región donde operaba. A partir de ahí, la CIA halló la localización donde el mensajero de Bin Laden y su hermano vivían en Pakistán.

La sorpresa fue mayúscula. El lugar era un área próspera que se hallaba a unos 55 kilómetros al norte de Islabamad. Durante una década, la inteligencia y el Ejército norteamericanos habían seguido diversas pistas de Bin Laden, pensando que se encontraba en alguna cueva, entre Pakistán y Afganistán, donde incluso en una ocasión se llevó a cabo una agonizante batalla de persecución en las montañas de Tora Bora donde estuvo acorralado. A partir de entonces, Bin Laden consiguió huir a Pakistán, donde permaneció protegido por sus secuaces y por los simpatizantes que Al Qaeda tiene en un territorio en el que el extremismo islámico ha crecido considerablemente en los últimos años.

El paradero exacto de Bin Laden se conoció en agosto. Se encontraba en la localidad de Abottabad a 80 kilómetros de Islamabad y en el norte de Pakistán. Fuentes oficiales estadounidenses aseguran que los espías norteamericanos se dieron cuenta que no era una residencia normal. Se trataba de un complejo de lujo por completo fortificado. Muros de más de tres metros, con alambres de espino, sin ventanas y con el acceso muy restringido. Solo constaba con dos puertas de entrada. Construida en 2005 y valorada en un millón de dólares, la residencia no tenía ni acceso telefónico ni conexión a Internet.

La CIA dedicó semanas a examinar con fotos vía satélite e informes de sus espías la mansión y determinar quién estaba viviendo entre sus grandes paredes. Según el diario británico The Guardian, los agentes conocieron que el mensajero y su hermano vivían junto con una familia. En septiembre, según un alto funcionario, la inteligencia estadounidense determinó que había “una gran posibilidad” de que Bin Laden se hallase escondido dentro. En febrero, los agentes supieron que esa familia era nada más y nada menos que la familia Bin Laden.

En marzo, Obama conoció de primera mano la situación de la investigación. Ese mes, tuvo su primera reunión de las cinco que mantuvo en seis semanas en la Casa Blanca para conocer todos los detalles de la operación contra Osama Bin Laden. El Ejército de Estados Unidos preparaba el asalto a la mansión búnker de su enemigo número uno. Finalmente, Obama dio la orden de atacar el pasado viernes, 29 de abril. Washington no compartió los datos de inteligencia sobre el paradero de Bin Laden con ningún otro país, ni siquiera con Pakistán, por cuestiones de seguridad.

Un alto funcionario de la Administración de Obama ha asegurado, según el diario The Guardian, que “las altas paredes hacían la operación más peligrosa”. La operación, según este alto funcionario, fue “de precisión quirúrgica” a manos de un puñado de operativos norteamericanos. Apenas duró 40 minutos desde la llegada de los efectivos estadounidenses a la residencia hasta su partida.

Los estadounidenses llegaron al complejo en helicóptero. Una vez allí, no encontraron fuerzas de seguridad locales. El objetivo era capturar a Bin Laden pero “hubo resistencia”, según informa Al Yazira. Al entrar en el complejo se dio un tiroteo. Bin Laden murió de un disparó en la cabeza. Otras cuatro personas fallecieron: un hijo mayor de edad del líder de Al Qaeda, el mensajero y su hermano y una mujer no identificada.

Tras la operación, los estadounidenses abandonaron el lugar nuevamente en helicóptero. “Se trata de la mayor victoria jamás alcanzada por EE UU en diez años de lucha contra Al Qaeda”, ha asegurado el alto funcionario norteamericano. El presidente de EE UU, Barack Obama, ha sido más directo: “Se ha hecho justicia”. Casi diez años después de los atentados del 11 de septiembre, la muerte de Bin Laden estaba confirmada.

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