Los vendevotos de Arena que se esfumaron

Se identificaron como empleados de una empresa de seguridad del dirigente arenero Adolfo Tórrez y dijeron que les habían pagado para votar por Arena. PNC y Fiscalía tomaron nota y cuatro semanas después no hay reporte alguno de aquello que el Código Penal tipifica como fraude electoral.

A las 11 de la mañana, César Emilio Medina Zavaleta saltó por el muro poniente de las instalaciones de ANDA, en San Salvador, para caer sobre el techo de la casa número 1 del pasaje El Rosal, en la colonia Santa Fe. Una decena más de hombres hicieron lo mismo y la dueña de la residencia se enojó. “Me están molestando las láminas”, les dijo. “Es que el portón de ANDA está cerrado”, le respondieron. “Pero igual, no se brinquen el muro porque me están molestando las láminas”. De nada le sirvió reclamar. Medina Zavaleta, junto a sus compañeros, bajaron las gradas del parque de la colonia y se dispersaron en el pasaje principal de la residencial Padilla Cuéllar. Ahí, una pequeña multitud detuvo a Medina Zavaleta, a Juan Lorenzo Santos López y a Pedro Antonio Mendoza. Era el domingo 18 de enero, El Salvador celebraba elecciones municipales y legislativas, y los hombres revelaban a propios y extraños que alguien les había pagado para que votaran por el partido Arena.

En cuestión de minutos la Policía Nacional Civil, la Fiscalía Electoral, periodistas y observadores nacionales e internacionales atestiguaban y documentaban el incidente. En cuestión de semanas, ni la Policía Nacional Civil, ni la Fiscalía Electoral, ni observadores nacionales o internacionales tenían registro alguno del incidente. Los hombres, que se habían identificado como empleados de la empresa Servicios Conjuntos de Seguridad (Serconse), de la que es socio mayoritario un dirigente del partido Arena, se habían esfumado.

Ese domingo 18 de enero, los tres hombres detenidos por la PNC se convirtieron en cuatro cuando se les sumó otro vigilante de Serconse, y todos aceptaron que alguien les pagó para que votaran en favor de Norman Quijano, candidato a alcalde de San Salvador por Arena. Fue su día de fama, pues medio país los pudo ver en diferentes periódicos, sentados y custodiados por policías, o en televisión, diciendo que no sabían que lo que hacían era delito.

De Serconse es socio mayoritario Adolfo Tórrez, el director departamental de Arena en San Salvador, el principal responsable de movilizar el territorio en favor de Norman Quijano, y una de las manos derechas de la dirección del partido, el Consejo Ejecutivo Nacional (Coena).

Aquella detención ocurrió apenas media hora antes de que el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Walter Araujo, dijera que las elecciones transcurrían con toda normalidad. Al lugar llegaron, entre otros, un observador de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), el subinspector policial Hernández Chávez -encargado de trasladarlos a la Delegación Centro, según él mismo dijo, para seguir con las investigaciones- y un representante de la Fiscalía Electoral.

Ahora pareciera que aquel episodio fue un sueño. La fiscal electoral, Elena Margarita Morán de Mejía, aseguró desconocer el caso aún cuando había una denuncia formal ante la Fiscalía desde el martes 20 de enero.

Morán de Mejía no es la única que parece desconocer del caso. El observador de la PDDH que llegó al lugar donde estaban los detenidos se retiró antes de que llegara alguien del equipo jurídico para tomar una declaración formal y en la Procuraduría sólo hay un escueto reporte del hecho. La PNC, según su oficina de comunicaciones, retuvo a los agentes de seguridad privada para ampliar las investigaciones y luego los liberó. Según explicaron, tomaron esa decisión porque representantes de la Junta Electoral Municipal (JEM) les aseguraron que no existían pruebas de ningún delito electoral.

El delito que nadie vio

“Estamos hablando de compra de votos, hablamos de fraude electoral”, acusó la presidenta de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), Liliam de Benavides, del FMLN, quien denunció el hecho ante la prensa. El artículo 295 del Código Penal define como fraude electoral, con pena de prisión de cuatro a seis años, que una persona suplante a un elector o vote más de una vez en la misma elección. Además, se considera fraude electoral que alguien pague a una persona para inducirla a votar por determinado partido o candidato.

César Emilio Medina Zavaleta admitió que se habían cometido ambos delitos electorales. “Yo estoy dispuesto a declarar todo para que vean que no tengo nada que ver en esto”, dijo. Minutos antes estaba sentado junto a tres compañeros de Serconse en la acera frente a la entrada de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador (UES). Ahí sentados, se les miraba incómodos bajo la mirada de fiscales, policías, periodistas y observadores electorales, nacionales y extranjeros.

Él iba vestido de pantalón café y camiseta blanca. Jugaba con una pulsera plateada que bailaba en la muñeca de su mano derecha, mientras escuchaba las recriminaciones de Liliam de Benavides. “Si hubiera sabido que era ilegal lo que me estaban ofreciendo, no hubiera aceptado”, le dijo, y lo repitió a las cámaras de los canales 12 y 21. “Yo no sé si había algo ilegal… Si lo hubiera sabido, no hubiera prestado mi servicios aunque me hubieran echado de mi trabajo”.

Ese trabajo es el que tiene en Serconse. Medina Zavaleta es uno de los 20 mil agentes de seguridad privada que hay en El Salvador. Reside en Rosario de Mora, dijo a los periodistas que la empresa Serconse les prometió 12 dólares como pago por votar en San Salvador en favor de Quijano. Zavaleta aseguró que él y otras 200 personas de la empresa durmieron en las oficinas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), sobre la avenida Don Bosco, frente a la UES; y que desde ahí, ya el día de la elección, fueron trasladados a diferentes centros de votación con documentos proporcionados por la empresa, que les indicó que tenían que marcar la bandera de Arena. Lo dijo sin inmutarse, mientras su mano izquierda arrugaba una chumpa azul y con la derecha jugaba con una botella de jugo de naranja.

“Esto es grave”, analizó la presidenta de la JVE nueve días después, una semana después de que presentó a título personal una denuncia formal en la Fiscalía General de la República (FGR) contra Arena y los representantes legales de Serconse y de ANDA. “Y más si se toma en cuenta quiénes son los propietarios de esta empresa de seguridad”, aseguró.

Servicios Conjuntos de Seguridad, S.A. de C.V. se creó el 29 de enero de 1996. Su objetivo, entre otros, es “la prestación de servicios de seguridad y protección en la forma prescrita por la ley a personas naturales y jurídicas”. El director departamental de Arena en San Salvador, Adolfo Tórrez Díaz, es director presidente de la empresa desde el 11 de enero de 2008 y socio mayoritario desde su fundación.

Liliam de Benavides aseguró que recibió una denuncia ciudadana de movimientos de personas en las oficinas de ANDA alrededor de las 9 a.m. Ahí, la presidenta de la JVE vio a los agentes de seguridad salir de dos en dos en pick ups de Serconse. “Los vehículos iban identificados con banderas de Arena y eran conducidos por personas con camisetas del mismo partido”, dijo.

La denuncia interpuesta en la FGR describe que la presidenta de la JVE llegó al portón principal de la autónoma y solicitó información a un vigilante sobre el movimiento de gente que había en las instalaciones. “Llamé a la PNC, al director José Luis Tobar Prieto, quien me prometió enviar una radiopatrulla para verificar la denuncia… nunca llegaron”, dice la mujer.

El día anterior, el sábado 17, media docena de oficinas estatales, la mayoría en el Centro de Gobierno, dieron albergue a votantes de Arena que pasaron ahí la noche para el siguiente día dirigirse a los centros de votación. El Faro constató que entre esas instituciones estuvieron el Ministerio de Gobernación, Correos y el Centro Nacional de Registros.

Y esa mañana del domingo, en las instalaciones de la ANDA, un grupo de ocho personas se escondía bajo trozos de espuma en un camión sin placas ante al portón norte de la institución. “Querían salir a escondidas… como vieron que no me movía de la entrada, a donde ya había algunos observadores electorales, se bajaron del camión y se empezaron a saltar un muro al poniente de ANDA”, recuerda Benavides. Según su denuncia, fueron los mismos vecinos quienes detuvieron a tres personas del grupo que saltó el muro.

Una cuarta persona, Andrés Ernesto Valladares Morales, llegó a apelar por los detenidos. Amparado en una acreditación de vigilante de Arena, aseguró que sus compañeros eran vigilantes de diferentes juntas receptoras de votos en los tres centros de votación cercanos al lugar y exigió que fueran liberados. Poco o nada pudo hacer, y terminó uniéndose al grupo de detenidos.

Cuando llegaron los refuerzos policiales, los agentes encontraron a Pedro Antonio Mendoza, Andrés Ernesto Valladares Morales, Juan Lorenzo Santos López y César Emilio Medina Zavaleta sentados en la acera de la calle Don Bosco. Ahí ya estaba un agente policial, identificado solamente por su apellido –Pérez- y con el número ONI 22358, tomando las primeras declaraciones. Junto a él, un miembro de la división de Tránsito Terrestre.

Juan Lorenzo Santos López apenas daba la cara a las cámaras de televisión y a los periodistas. “¿Quién los ha traído a San Salvador?”, preguntó una periodista de radio. “La empresa”, respondió escuetamente Santos López, un hombre corpulento con el pelo cortado al estilo pato bravo, camisa verde y que no tuvo problema en mostrar un carné amarillo que lo acreditaba como agente de seguridad de Serconse hasta enero de 2009. “¿Cuál empresa?”, insistió la periodista. “Serconse… Bueno, a nosotros nos dijeron que veníamos a apoyar a Arena”, sostuvo.

El desfile de funcionarios continúo. Vigilantes del FMLN dieron parte a Santiago Carlos Solórzano, observador de la PDDH, de que había gente que quería votar dos veces y que habían sido detenidos en la cercanía de la UES. Cuando llegó, habló con los agentes policiales en el lugar, quienes le manifestaron que no veían ninguna situación irregular. Tomó algunas anotaciones, tras hablar con los detenidos y con la presidenta de la JVE, hizo una llamada a su superiora, Raquel Caballero y se marchó al centro de votación ubicado en el Instituto Nacional Albert Camus. En su informe preliminar al procurador Óscar Luna, el observador de la PDDH escribió: “Los agentes de la PNC dijeron que, para esclarecer el caso, mejor llamarían a un fiscal para que evaluara la situación”.

Minutos después, tres representantes de la FGR llegaron al lugar. El mismo procedimiento. Toma de declaraciones a los detenidos y a Liliam de Benavides; levantamiento de un acta por la fiscal electoral Silva Estela Saca de Alas, que la presidenta de la JVE se negó a firmar porque adujo que estaba “incompleta” y que no reflejaba el testimonio que ella había dado. Luego se marcharon. En el lugar, siempre sentados en la misma acera, los cuatro detenidos quedaron bajo custodia policial.

Dos días antes, el viernes 16 de enero, René Figueroa, ministro de Seguridad y hasta hace un año el segundo al mando en el partido Arena, anunció que más de 17 mil elementos policiales y de la Fuerza Armada serían distribuidos el domingo para garantizar la seguridad de los comicios. “Hemos articulado dispositivos que garanticen la seguridad, con la participación de la Unidad de Mantenimiento del Orden, el Grupo de Reacción Policial, el Grupo Aéreo Policial, la División de Armas y Explosivos, y tendremos una reserva de unos 2 mil efectivos por alguna emergencia”, expresó Figueroa.

Al cierre de las elecciones, el director general de la PNC, José Luis Tobar, esbozó un resumen de resultados: habían detenido a 18 personas durante el operativo, sólo ocho de ellas por delitos de tipo electoral, pero ninguna palabra sobre los cuatro detenidos en las inmediaciones de la UES. Y eso que los cuatro hombres se subieron a una patrulla de la PNC, un pick up blanco doble cabina, y fueron escoltados por dos agentes policiales, con ONI 07038 y 26707. Frente al grupo estaba el subinspector Hernández Chávez, quien aseguró que serían trasladados a la delegación Centro en vías de investigación. Nunca llegaron a las oficinas policiales, según dicen ahí.

Tres semanas después, tras una petición de información de El Faro, la oficina de comunicaciones de la PNC aseguró que nunca se detuvo a los cuatro empleados de Serconse. Arturo Villeda, encargado de prensa de la corporación, dijo: “Según los encargados que vieron el caso, solo retuvieron a las personas que, luego de consultar con los miembros de la JEM, se estimó que no habían cometido ningún delito electoral”. Por eso los dejaron en libertad.

Lo que cuentan cuatro de los cinco miembros de la JEM en San Salvador, incluida la representante del partido Arena, es totalmente diferente y traslada responsabilidades a la Fiscalía Electoral. Nadie les preguntó por esa situación en ningún momento. “No tuvimos conocimiento de ese caso hasta después… En todo caso, era un asunto que la FGR tenía que investigar y en el cual nosotros, como JEM, no podemos meternos”, dijo Elizabeth Lozano, secretaria de la Junta y representante por Arena. En iguales términos se refirieron Osmaro Murcia, del FMLN; Francisco Gavidia, del PDC; y, Raúl Chavarría, del FDR. “En ningún momento pusieron a disposición a este gente o se nos consultó si se les podría poner en libertad. Nuestro trabajo sólo es organizar y administrar el proceso electoral; el de la Fiscalía, investigar si hay delito o no”, aseguró Murcia.

Quintanilla y Chavarría dejan un pequeño resquicio para dar validez a la historia de la PNC. “Hay delegados de la JEM en todos los centros de votación, podrían haber sido ellos los que lo dijeran… Pero no hay un informe de ellos en tal sentido”, sostuvo el representante del PCN. “Si fueron los delegados, tuvo que haber quedado constancia de lo que se hizo, pero no hemos tenido ningún informe de que así haya sido”. Y si alguien hizo un informe sobre el caso, ni los delegados de la JEM en la zona, ni la PNC ni la FGR hablan de él. Oficialmente, los cuatro agentes de seguridad de Serconse nunca fueron detenidos y, a pesar de todos los indicios, todo parece que no hay una investigación sobre el caso.

ANDA admite presencia de empleados Serconse

La institución estatal donde se refugiaban aquellos que admitieron que les pagaban por votar por Arena elaboró un informe sobre el incidente. El informe preliminar explica que la existencia de agentes de Serconse en sus instalaciones frente a la Universidad de El Salvador respondía a un cambio de turno del personal de seguridad. “Justamente habían algunas personas de parte de la empresa de seguridad como parte de algo normal”, reconoce Sigifredo Ochoa Gómez, presidente de ANDA. “Es decir, la agencia hace cambios de turno y precisamente estaba haciendo eso en el momento en el que llega esta señora exigiendo entrar a la instalaciones, algo que lógicamente no se le permitió porque no tenían una orden judicial para hacerlo”.

En algunas de las fotografías que documentan los hechos se ve cómo algunos hombres suben a la campa del camión y se esconden debajo de los trozos de espuma. “Vi los hechos por la televisión y solicité de inmediato una investigación de lo que pasó ese día porque escuché que hay algunas acusaciones, aunque no sé de ninguna denuncia formal sobre el hecho”, dice el presidente de la autónoma.

Según informó, el mismo 18 de enero giró instrucciones a la dirección administrativa y a la jefatura de seguridad institucional para que se investigara las acusaciones.

Las disposiciones del contrato de servicios de seguridad firmado por ANDA y Serconse para este año establecen que las oficinas administrativas de la entidad necesitan de nueve agentes de seguridad: tres de ellos, por la mañana; el resto, en horario nocturno. Según las denuncias recogidas por la presidenta de la JVE, la noche del 17 de enero había más de 200 personas dentro, es decir, 22 veces la cantidad total de agentes que vigilan todo el día las instalaciones.

Ochoa Gómez dice no tener explicación a la opción de los empleados de seguridad de abandonar el inmueble de la ANDA saltando un muro y caminando sobre el techo de una vivienda aledaña. Tampoco puede explicar por qué optaron por esconderse en la cama de un camión bajo trozos de espuma. “Eso es parte de lo que he pedido que se investigue. Estoy esperando que se me presente el informe detallado”, dice el presidente de la autónoma, hace una pausa y continúa: “Pero de nuevo, si hay dudas o tienen pruebas, que las presenten o que se genere una investigación formal”, dice.

La misma posición toma Adolfo Tórrez. “Si tienen pruebas, que las presenten. No he querido hablar de esta acusaciones porque no tienen sentido. Es que aquí, para el FMLN, ¡si se muere un gato o se pierde un perro, es mi culpa!”, dice y lanza una risotada.

El dirigente arenero niega que se haya pagado a alguien para votar por su partido Arena. “Nadie de Serconse fue detenido el día de las elecciones… Nadie de Serconse fue obligado a votar por nadie en ninguna parte… Nadie, nadie, nadie”, asegura. Enfrentado a las confesiones que los mismos involucrados hicieron ante los periodistas, prefiere soslayar ese hecho y remitirse a lo que ocurrió después: “No sé, ¿pero qué más pruebas quieren que no hay nadie de la empresa que fue detenido por la Fiscalía o la PNC? Eso demuestra que no hubo delito”.

¿Qué pasó ese día en las instalaciones de ANDA? Tórrez mantiene la misma teoría que el presidente de ANDA: un cambio de turno. ¿Salían agentes a votar en carros de Serconse? “Podría ser”, dice, “ese día la gente salió a votar desde su casa o desde su trabajo… Este es el caso de esta gente que tenía turno, que terminó de trabajar a media mañana y que fue a votar… Algo normal, pues”. ¿Y los detenidos? “Incluso, podría ser que esta gente más que detenidos fueron protegidos por la PNC, ante una turba de gente que los acusaba de algo que no habían cometido”, sostiene.

La presidenta de la JVE mantiene su denuncia contra Arena, contra el presidente de ANDA y contra el representante legal de Serconse aduciendo que las instalaciones de la autónoma sirvieron para albergar gente del partido de gobierno, que existió compra de votos y que podría haber otros delitos electorales, como uso de documentos falsos.

Ochoa Gómez y Tórrez desconocen de manera formal las acusaciones de Liliam de Benavides y aducen que la FGR no les ha comunicado en ningún momento que existe una denuncia en su contra. “Desconocía si es que esta señora ha puesto algún tipo de recurso o está solicitando una investigación a la FGR… Nosotros somos los primeros en aplaudir esa medida por transparencia. Estamos abiertos a que se investigue”, sostiene el presidente de ANDA.

Tórrez opta por aferrarse al hecho de que ni Fiscalía ni Policía reportaron haber visto algo que el país sí atestiguó. “Es un intento del FMLN para desprestigiar el gane arrasador que tuvo Norman Quijano en San Salvador… Si quieren investigar, que investiguen todo lo que quieran pero si no hubo detenidos, no hubo delito… Ahí, no hubo nada”.

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