Se quieren ir “Becados” Cuando el pueblo ya dijo NO

Discusión por decreto de indemnización a funcionarios públicos
Pide indemnizar con dos salarios por año, incluidos cargos de confianza.
La Prensa grafica

En un momento de crisis necesitamos austeridad, el que haya cambio de gobierno no significa que se va a beneficiar a los funcionarios que siempre han sido beneficiados.”

Juan Pablo Durán,Cambio Democrático

Los diputados de la Asamblea Legislativa se enfrentaron ayer al conocer la existencia de un decreto que plantea una indemnización a los funcionarios y empleados públicos que con la llegada del nuevo gobierno queden fuera de la reestructuración interna de las instituciones.

El “Proyecto de ley de compensación económica a funcionarios y empleados públicos” estipula que a quienes se les dé por finalizado o no tengan renovación de su contrato, o que su plaza sea suprimida o decidan retirarse voluntariamente, tendrán derecho a una compensación económica que otorgue dos salarios mensuales por cada año de servicio o fracción que exceda los seis meses. Pero en ningún caso, el salario base de los aspirantes a someterse al decreto debe exceder los $2,000.

El decreto, que aún sin firmas circuló entre las fracciones, fue adjudicado a ARENA, pero ayer mismo el jefe de fracción de dicho partido, Guillermo Gallegos, se desvinculó de la redacción del mismo, que pide también indemnizaciones para empleados en puesto de confianza que puedan ser sustituidos cuando el presidente electo, Mauricio Funes, asuma el control del gobierno.

“Hasta el momento, ARENA no tiene una propuesta concreta, estamos analizando una gemela. Ese documento del que habla no ha pasado por mis manos. No ha sido revisado por nosotros”, aseguró Gallegos.

Al mismo tiempo, el diputado negó que pretenda impulsar una compensación económica para los empleados que están ubicados en puestos de confianza porque “sería ponerle una carga extra al próximo gobierno”.

A pesar de eso, el jefe de bancada aseguró que la fracción se encuentra en medio del desarrollo paralelo de un estudio jurídico para garantizar estabilidad laboral a los mandos medios y bajos.

Por su parte, el jefe de fracción del PDC, Rodolfo Parker, también negó tener conocimiento de la propuesta de decreto. Lo anterior, a pesar de que se especula que el PDC estaría dispuesto a avalar la medida. “No lo he visto, solo sé su contenido por los periodistas. Por ética, no podríamos hacer regalías a funcionarios de confianza”, aclaró Parker al reiterar que lo que buscan es la estabilidad laboral.

Oposición a la propuesta

Las críticas al proyecto de ley que circula en la Asamblea han comenzado a salir a luz.

Gerson Martínez, diputado por el FMLN, rechazó la propuesta porque la considera no “democrática”, pues los funcionarios públicos tienen cargos políticos y en la última elección los salvadoreños optaron por un cambio. “Es un intento de burla a la voluntad del pueblo; desde el punto de vista financiero, los contribuyentes tendrían que dar altos montos en tiempos de crisis económica”, aseguró Martínez al especificar que, según sus estimaciones, aplicar el decreto tendría un costo cercano a los $80 millones. Solo en el Gobierno central laboran 99,602 personas, de las cuales la mayoría está bajo el sistema de ley de salarios y cerca de 27,000 bajo contrato.

Juan Pablo Durán, diputado de CD, fue más enfático a la hora de pronunciarse respecto del tema y calificó de “irresponsable” y “repugnante” la propuesta.

En un momento de crisis necesitamos austeridad, el hecho que haya cambio de gobierno no significa que se va a beneficiar a los funcionarios que siempre han sido beneficiados”, dijo.

Francisco Merino, del PCN, también aseguró que su fracción no apoyará la aprobación del decreto por no estar contemplado en la Ley de Servicio Civil.

Pero este proyecto de indemnización no es el único. También circula otro documento que propone que todos los empleados que tengan plazas de contratos que vencen en diciembre de 2009 pasen a la ley de salarios y gocen de una plaza de carácter indefinido. En Gobierno, descentralizadas y empresas públicas existen 52,791 plazas por contratos en el presupuesto de 2009.

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