FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN POR OMISIÓN DE ELEGIR FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

Posicionamiento Público

FESPAD, ante la sociedad salvadoreña y la comunidad internacional, en el caso de la omisión de la Asamblea Legislativa de proceder a la elección del Fiscal General de la República, MANIFIESTA:

1. Para deterioro de nuestra incipiente democracia, una vez más se ha incumplido la obligación constitucional de la Asamblea Legislativa de elegir al Fiscal General de la República, tal como lo establece el artículo 131, ordinal 19° de la Constitución de la República, pese a que la legislatura correspondiente al período 2006-2009 ha concluido su período de funciones.

FESPAD considera que la omisión de elegir a este funcionario, esencial para el normal ejercicio de la función punitiva del Estado, responde a intereses políticos partidarios que buscan imponer un Fiscal General que carezca de independencia y responda a las necesidades de ciertos grupos de poder para instrumentalizar esta función a favor de sus propios intereses, sin atención a los requerimientos de independencia e imparcialidad que la Constitución, el Estado de Derecho, los estándares internacionales[1] y los intereses sociales demandan a quien ostenta tan relevante cargo.

La situación descrita representa la continuidad de una práctica deplorable de ciertos de grupos históricos de poder, acostumbrados a imponer su control fáctico sobre la Fiscalía General, anulando su autonomía e instrumentalizando la función penal.

2. El proceso seguido por la anterior legislatura, concretizado en las propuestas de una Subcomisión ad hoc, careció de transparencia, pues negó la participación ciudadana al no hacer del conocimiento público los antecedentes de los aspirantes, ni el procedimiento de selección aplicado por los legisladores, así como tampoco los instrumentos utilizados al efecto; también omitió dicha Asamblea dar a conocer los resultados de las presuntas evaluaciones realizadas, todo en contravención al principio de publicidad garantizado en el artículo 99 del propio Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.

Ni los medios de comunicación social, ni las organizaciones civiles interesados o la ciudadanía en general, ha tenido acceso a la información relativa al perfil profesional, atestados presentados y validez de los mismos; entrevistas realizadas y/o propuestas de trabajo de los candidatos, si es que acaso las mismas existieron. Tal opacidad impuesta por los diputados y diputadas ha restado grandemente, otra vez, legitimidad al proceso de selección.

3. Pese a lo anterior, los vicios de transparencia citados no trascienden plenamente a la condición de ilegalidad, ya que no existen regulaciones específicas en la ley secundaria que establezcan garantías procesales suficientes al respecto, lo cual constituye una omisión reiterada a lo largo de muchos años y que permite el predominio de arreglos políticos sectoriales, por sobre los intereses del bien común en estos procesos de selección; no sólo del Fiscal General de la República, sino de otros funcionarios de similar importancia. Esta insuficiencia legislativa se ha convertido en una permanente herramienta de arbitrariedad en los procesos de selección de funcionarios.

Precisamente en razón de lo anterior, debe reconocerse que el proceso actual de selección seguido por la Asamblea Legislativa reviste una validez formal y sólo debería ser dejado sin efecto, si la nueva legislatura es capaz de demostrar que ninguno de los tres candidatos preseleccionados reúne los requisitos necesarios de idoneidad, capacidad, moralidad, independencia e imparcialidad que el cargo de Fiscal General de la República demanda.

No obstante, a criterio de FESPAD, es posible afirmar que el candidato Henry Campos reúne tales requisitos, de acuerdo a la información disponible públicamente sobre su trayectoria ética, profesional y académica, no exenta de valentía en muchos de sus posicionamientos. Por tal razón, pese a la ausencia de información pública que demuestre la idoneidad de los otros dos candidatos, FESPAD estima que no es procedente dejar sin efecto el procedimiento realizado por la legislatura saliente.

4. Resulta lamentable que la omisión de elegir Fiscal General en el plazo de ley, ha ocasionado una grave violación de la Constitución de la República, específicamente del artículo 131, ordinal 19° Cn y ha permitido el ejercicio de las funciones de aquél por un funcionario que carece de la legitimidad constitucional necesaria, la cual nace del nombramiento por votación calificada de la Asamblea Legislativa y que origina la titularidad para el ejercicio de la pretensión punitiva.

La regulación del artículo 30.a de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, si bien resuelve el vacío de la ausencia de un titular fiscal en el caso de no elección, es susceptible de ser considerada un exceso del legislador, al permitir el ejercicio de las potestades fiscales al margen de las regulaciones constitucionales vigentes. Esta situación ha generado controversias jurídicas desde hace algunas décadas y respecto de disposiciones antes vigentes.

5. Existen precedentes jurisprudenciales que legitiman el ejercicio de las facultades por el Fiscal Adjunto ante la omisión de elección del titular, especialmente en procedimientos de habeas corpus y casaciones penales[2]; sin embargo, podría considerarse como el más significativo precedente a la sentencia 64-2005, que constituye una sentencia de improcedencia a una demanda de inconstitucionalidad. Esta última, al no tratarse de una sentencia de fondo, deviene en una sentencia a la cual formalmente no puede atribuirse plenos efectos vinculantes y generales (erga omnes)[3]. La citada sentencia de improcedencia fue dictada en febrero de 2004, más de dos meses después de interpuesta la demanda y tres meses después de haber finalizado su período el Fiscal General anterior y adolece de escaso desarrollo en sus fundamentos jurídicos.

Resulta notable que la sentencia 64-2005 no abordó el problema del tiempo constitucionalmente razonable para el ejercicio excepcional del cargo por el Fiscal Adjunto y que, en la práctica, permitió el ejercicio de la titularidad a dicho Adjunto durante cinco meses. El precedente demostró, por tanto, que esta sentencia tiene el potencial efecto negativo de ser usada para legitimar un eventual fraude a la Constitución, por la vía de imponer de facto el ejercicio indefinido de las funciones por el Fiscal Adjunto, en caso de no elección.

Es probable que estas deficiencias hubiesen sido superadas si el procedimiento 64-2005 hubiese sido admitido para conocimiento de fondo, a lo cual se negó el Presidente de la Sala de lo Constitucional, Agustín García, junto a tres Magistrados más, pese a la expresa disidencia de la Magistrada Victoria de Avilés, quien hizo notar que la demanda carecía de vicios de improcedencia y el fondo de la pretensión debía ser conocido en el caso concreto.[4]

6. FESPAD comparte la consideración relativa a que las consecuencias de la nulidad judicial de las actuaciones del Fiscal Adjunto, en la situación que nos ocupa, ocasionaría graves lesiones a bienes jurídicos y derechos constitucionalmente protegidos, en desmedro de los intereses de la sociedad y de los valores constitucionales de acceso a la justicia y la seguridad jurídica.

No obstante, FESPAD considera que la norma secundaria del art. 30.a de la Ley Orgánica de la FGR, más allá de las interpretaciones constitucionales que la legitiman o deslegitiman, en el contexto actual está siendo utilizada por un grupo de parlamentarios para cometer un FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN, a los efectos de mantener de forma indefinida y, por ende, de facto, al Fiscal Adjunto en ejercicio de la titularidad de la pretensión punitiva del Estado. La misma situación estaría siendo utilizada para presionar políticamente por el nombramiento de un Fiscal General allegado a sus intereses de poder, sin atender a los criterios necesarios de idoneidad profesional, independencia e imparcialidad.

Lamentablemente, la reconsideración de la candidatura del propio Fiscal Adjunto, Astor Escalante, sería una de las aspiraciones de este grupo parlamentario que representa al partido ARENA, posibilidad que FESPAD impugna moralmente, dadas las responsabilidades pasadas de dicho funcionario en la aplicación de políticas de seguridad violatorias de los derechos humanos y la pendiente investigación de una presunta responsabilidad de su parte en torno a la muerte de 27 reclusos en el Centro Penal de Apanteos en 2007[5].

Por todo lo anterior, FESPAD expresa las siguientes reivindicaciones:

  1. A la Asamblea legislativa para el período 2009-2012, le demanda que continúe el proceso de selección avanzado por la anterior Legislatura y proceda a la elección del nuevo Fiscal General de la República en el más breve plazo posible, superando el incumplimiento de aquélla en este sentido y a fin de evitar el fraude a la Constitución que supondría la prolongación en el ejercicio del cargo del Fiscal Adjunto.

En principio, la elección debiese realizarse respecto de los tres candidatos preseleccionados por la Legislatura anterior, atendiendo con la mayor transparencia a los méritos profesionales, académicos, morales y personales de los mismos.

  1. A efectos de lo anterior, la Asamblea Legislativa debiese aplicar el principio de publicidad del proceso de selección establecido en el artículo 99 de su Reglamento Interno; sobre todo en lo relativo a hacer del conocimiento público las hojas de vida profesional y antecedentes de los tres candidatos preseleccionados; las entrevistas parlamentarias que fueron aplicadas a los mismos y sus resultados, así como cualquier otra información pertinente.

Asimismo, FESPAD exhorta a la Asamblea Legislativa para que establezca un período mínimo de consulta ciudadana a fin de que, una vez transparentada la información anterior, sean presentadas objeciones fundadas sobre alguna de las candidaturas preseleccionadas.

  1. Al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal Adjunto en Funciones, a los Diputados y Diputadas, FESPAD les demanda respetar la independencia de los Jueces y Juezas de la República y abstenerse de presionar públicamente a los mismos en caso de que, en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, desconozcan la legitimidad de la postulación punitiva ejercida por el Fiscal Adjunto; sobre todo dadas las posibilidades interpretativas que surgen de la limitada jurisprudencia existente y el eventual abuso del ejercicio excepcional en el cargo por parte del Fiscal Adjunto, a causa de la omisión legislativa de cumplir eficazmente con sus deberes constitucionales.

El proceso de construcción de la democracia en El Salvador demanda funcionarios públicos independientes, especialmente aquellos que, como el Fiscal General de la República, tienen funciones constitucionales de primer nivel y son responsables del control de la legalidad en importantes ámbitos de la vida nacional.

Esta responsabilidad debiese estar presente en las y los diputados, al momento de realizar la elección, pues la población ahora les identifica como servidores públicos obligados a respetar los mandatos constitucionales, impedidos para privilegiar intereses de partidos y de grupos de poder por sobre el bien común y en tal sentido el pueblo les demandará tal responsabilidad.

San Salvador, 06 de Mayo de 2009.


[1] Véase Directrices sobre la función de los fiscales, adoptado por el Octavo Congreso de la Organización de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento al Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

[2] Véase Urquilla Bonilla, Carlos; http://www.urquilla.com/constitucionygobierno/52-no-hago-interpretaciones-a-la-carta

[3] Véase Foro de Jueces Democráticos e Independientes; Carta Abierta a los Señores Diputados y el Pueblo Salvadoreño, San Salvador, 27 de abril de 2009.

[4] El procedimiento 65-2004 estuvo referido a una interpretación auténtica de una normativa derogada, contenida en la Ley Orgánica del Ministerio Público, aunque la misma trataba sobre la problemática actualmente en controversia a partir de la aplicación del artículo 30.a de la Ley Orgánica de la FGR vigente.

[5] Véase petición de antejuicio presentada por el caso de la llamada “Masacre de Apanteos” contra Felix Garrid Safie, de fecha 14 de abril de 2009 y denuncia penal interpuesta el 31 de enero de 2007 por la Licenciada María Julia Hernández, Directora de la Tutela Legal del Arzobispado, ante el Fiscal General de la República.

Cortesía: FESPAD

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