Ultimátum al presidente Funes para abortar el plan de represa

Representados en la voz y figura de Antonio Confesor Carballo, el párroco de San Antonio del Mosco (San Miguel), los que se oponen a que continúe la construcción de la represa El Chaparral le han dado este mes de plazo al gobierno para que tome una decisión.

Ayer en una entrevista televisiva, Confesor argumentó que “el pueblo” le ha dado este mes al presidente Mauricio Funes para que tome una decisión “a favor o en contra”.

Según el clérigo, si el gobierno no se decide, “el pueblo tomará sus precauciones” y que, aunque “esa gente vive pacíficamente”, están dispuestos a defender sus tierras, mismas que no están en venta.

“Ahí están tranquilos, no hay violencia, pero si esta violencia de robarle las tierras la concreta el gobierno… que yo le he pedido, así, le he suplicado, como pastor, desde (la Presidencia de Elías Antonio) Saca, devuélvale las tierras a los campesinos”, externó Confesor.

Desde la asunción de Funes al Ejecutivo, han arreciado las protestas con el fin de frenar el proyecto, situado en San Miguel, pero hasta el momento sólo han tenido como respuesta una negativa del mandatario.

La última vez que el presidente Funes se refirió al tema fue el jueves pasado en Sesori (San Miguel) luego de dar la orden de inicio de mejoramiento de la infraestructura de veinte institutos nacionales con el apoyo de Fomilenio.

“Yo ya lo dije claramente hace un par de días y lo vuelvo a repetir ante este auditorio, la presa El Chaparral se seguirá construyendo, esa obra no la vamos a parar, necesitamos estimular los proyectos de generación de energía renovable y la generación hidroeléctrica es una de ellas”, sentenció Funes.

Otro argumento oficial es que al detener la obra se estaría rompiendo el compromiso que se tiene con el contratista (la empresa italiana Astaldi) y el país enfrentaría una demanda.

Sin embargo, el cura Confesor insiste en que “el pueblo” pide que el mandatario tome una decisión sobre si continúa o no el proyecto, el que, según ellos, tendrá repercusiones ambientales y sociales porque, no sólo los despoja de sus tierras sino que inundará unos diez kilómetros cuadrados.

Aunque Confesor reconoció que Funes nunca se comprometió a parar la obra si ganaba la Presidencia, se remite al discurso de toma de posesión en el que dijo que privilegiaría a los más pobres y que su maestro y guía es Monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien era considerado “la voz de los sin voz”. Además le refirió el informe de la Siget en la que le recomienda suspender el proyecto mientras se investigan irregularidades.

En la misma consonancia se pronunció, en el mismo espacio televisivo, Carlos Rivas, pastor del Tabernáculo de Avivamiento (TAI). Para este pastor evangélico el gobierno debe revisar ahora cómo está su relación con aquellos que lo llevaron al poder y no estar silencioso ni “de espaldas al movimiento social”.

“El presidente Funes, en este caso de El Chaparral, demostrará su calidad y su temple de estadista. Este es un buen momento como para poder decir: yo voy a escuchar a la gente humilde… con olor a pueblo… yo soy de la idea de que se dialogue…”, recomendó Rivas.

Pese a los planteamientos, el gobierno ha afirmado que se les está escuchando. Dirigentes de comunidades y representantes oficiales se han estado reuniendo desde varias semanas. El mismo Funes dijo la semana anterior que él mismo estaba participando de esas discusiones y que había invitado a movimientos ambientalistas y dirigentes de las localidades para escucharlos y ver qué se puede hacer para disminuir el impacto ambiental en la zona.

El gobernante dijo además que “estoy seguro de que si a los habitantes se les garantiza tierra para trabajar… un techo seguro… servicios, ellos van a estar de acuerdo en que se lleve a cabo la obra porque tenemos que enfrentar el déficit energético a corto plazo”.

Pero para Ricardo Navarro, director del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), la “impresión que le da la Cel al presidente Funes no es correcta” en materia de déficit energético, pues la demanda creciente en ese rubro “no baja del cielo”, sino que es provocada por la misma población. Para ello sugiere al gobierno una política de ahorro a fin de saldar los 60 megavatios que generaría El Chaparral, una obra que sólo generaría vulnerabilidad, dijo.

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