‘La Fuerza Armada salvadoreña siempre se negó a colaborar con la Justicia’

Benjamín Cuéllar.|Roberto ValenciaBenjamín Cuéllar.|Roberto Valencia

  • Califica la Ley de Amnistía de 1993 como un obstáculo para la reconciliación

Roberto Valencia | San Salvador

EL MUNDO publica este domingo documentos inéditos sobre el asesinato en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 de Ignacio Ellacuría, otros cinco jesuitas, la empleada y su hija. Los documentos son actas de sendas reuniones en el propio Estado Mayor de la Fuerza Armada salvadoreña en las horas previas y posteriores a la masacre, y registran la orden del general René Emilio Ponce, entonces jefe del Estado Mayor, de asesinar a Ellacuría: “Hay que proceder a su eliminación sin testigos”. La matanza ocurrió en el interior del campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), de la que Ellacuría el rector.

La UCA tiene un instituto de derechos humanos llamado IDHUCA, que es la institución que en el plano jurídico más ha presionado al Estado para que se esclarezca la verdad en este caso. Su director, Benjamín Cuéllar, ha respondido a ELMUNDO.es sobre las actas que acaban de ver la luz.

¿El IDHUCA tenía conocimiento de la existencia de este documento?

No, francamente no sabíamos de la existencia del manuscrito que publica EL MUNDO.

¿Y le ha sorprendido?

Hay algo que sí me sorprende: que ese tipo de documento tan comprometedor no lo hayan destruido antes. Pero lo que no me sorprende es ni su contenido ni que haya estado oculto hasta ahora, 20 años después, por la resistencia permanente que puso la Fuerza Armada, a pesar de que siempre se dice que es la institución que mejor cumplió los Acuerdos de Paz de 1992.

¿Usted duda esa afirmación?

La actitud de la Fuerza Armada es cuestionable porque siempre se ha negado a colaborar con la Justicia para la superación de la impunidad, un punto que sí estaba en los Acuerdos de Paz; lo que no estaban eran las amnistías y las prescripciones de delitos para no investigar.

El actual ministro de Defensa dice estar dispuesto a abrir los archivos.

Así dijo al principio, pero luego lo condicionó a que el presidente se lo ordenara, más tarde dijo que sólo lo hará si la autoridad competente se lo pide, y lo último que ha dicho es que en esos archivos no hay mayor cosa. Por eso insisto en que lo que me sorprende es que no lo hayan destruido.

El acta señala al general Ponce como la persona que da la orden de eliminar a Ellacuría.

Él siempre lo ha negado. Yo creo que el problema de todo esto es que en El Salvador no se quiso nunca encarar el pasado reciente y establecer la verdad al menos, aunque no fuera la verdad judicial. ¿Por qué? Porque desde el principio se rechazó el informe de la Comisión de la Verdad (elaborado por Naciones Unidas), que ya señalaba al general Ponce. Ese informe lo rechazaron el ex presidente de la República Alfredo Cristiani (1989-1994), todo el alto mando de las Fuerzas Armadas y también la Corte Suprema de Justicia. Es decir, todos los poderes de este país.

Ninguno de los cinco del grupo decisorio fue condenado en el juicio de 1992.

En ese juicio se condenó sólo a un teniente y al coronel Guillermo Benavides (amnistiados un año después), pero desde el IDHUCA siempre hemos dicho que ellos no decidieron. Quienes mataron a Ellacuría podía haber sido el coronel Benavides o cualquier otro, el Batallón Atlacatl o cualquier otro, pero los que no podían ser sustituidos eran los del grupo decisorio.

¿Cree que falta algún nombre en ese grupo?

En la demanda nuestra también incluimos al general Humberto Larios, que entonces era ministro de la Defensa Nacional, y al presidente Cristiani, por encubrimiento y por la cadena de mando, por ser comandante en jefe de la Fuerza Armada.

Cristiani no está citado dentro del grupo decisorio. ¿Eso lo exculpa definitivamente?

No creo. Nosotros sostenemos que el ex presidente participó en el encubrimiento. Según el propio informe de la Comisión de la Verdad, él estuvo en el Estado Mayor cuando ya se había dado la orden de asesinar a los jesuitas. Lo convocaron en la misma madrugada de los hechos, aunque hay quien lo interpreta como una especie de chantaje que le hicieron.

¿La Ley de Amnistía vigente en El Salvador desde 1993 protege a estas personas?

Sobre ellos siete (los cinco del documento de EL MUNDO, el general Larios y el presidente Cristiani) una jueza ya declaró en 2001 que no podían ser amnistiados, pero los sobreseyó de forma definitiva por prescripción, que es una argucia legal que ocuparon para seguir protegiéndolos.

¿El caso puede entonces reabrirse en El Salvador?

Sólo si se tomaran algunas iniciativas en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como pedir que se declare inconstitucional la reserva que tiene el Estado salvadoreño en lo relativo a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Salvador aceptó en 1996, pero estableció una reserva en la que se decía que la Corte sólo podía investigar casos a partir de la firma.

¿La Fiscalía salvadoreña tiene entonces las manos atadas?

Los fiscales anteriores yo creo que ellos mismos se las ataron. Con el nuevo fiscal (nombrado en septiembre), habría que ver cuál es su posición frente a esto, pero, tal y como están las cosas, este caso ya recorrió en El Salvador todas las entidades judiciales que debía recorrer.

En un plano jurídico, ¿cambia este documento algo en El Salvador?

Por el momento, no; podría servir más adelante, si logramos abrir todos los candados que ahora nos impiden llegar a la justicia.

¿Qué acciones va a ejecutar la UCA en torno a este caso?

Lo que en el IDHUCA queremos, tanto por el caso Jesuitas como por otros de asesinatos o masacres emblemáticas de la guerra civil, es que se reabran y sirvan para que la justicia se derrame hacia toda la gente anónima asesinada cuyos familiares siguen exigiendo justicia. Otro punto que queremos esclarecer es el destino de las personas desaparecidas, que se entregue información o los restos a sus familiares. Yo creo que ya nadie debería de estar en contra de eso.

¿Y dónde queda la Ley de Amnistía?

La Ley de Amnistía debe ser derogada por tres razones: primero, por razones éticas y de dignidad de las víctimas, porque esa ley siempre ha sido el argumento para no hacer nada; segundo, porque el Estado tiene que cumplir el mandato de la Comisión Interamericana que exige su derogación; y tercero, porque la ley impide la reconciliación nacional, es la piedra que impide que avancemos hacia una sociedad en paz, con justicia y conciliada.

¿No cree, como dicen algunos, que reabrirá heridas?

No se pueden reabrir las heridas que nunca se cerraron. Lo que hay que hacer es derogar la Ley de amnistía y aprobar una ley para la reconciliación nacional que contemple acciones de justicia en transición, como la creación de una comisión de búsqueda de personas desaparecidas. Algo parecido ya se hizo en 1979.

Hay quien cree que se abriría una cacería de brujas.

No, no esa la idea. Las cárceles de este país no dan para tantos criminales de un lado y de otro.

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