La pregunta sin respuesta ¿El asesino de Mons. Romero fue un salvadoreño o un argentino?

Organizaciones piden que El Salvador exija a Argentina una investigación sobre alguna participación de militares de dicho país en el asesinato de Romero y represión política

Tomado de Contrapunto.com.sv

Por Juan José Dalton

SAN SALVADOR – La pregunta del titular alguien más que Dios la sabe. Los datos hasta ahora registrados sobre el asesinato del Arzobispo Oscar Arnulfo Romero, dicen lo siguiente: Amado Antonio Garay, chofer del ex capitán Álvaro Saravia, llevó el 24 de marzo de 1980, en un Volkswagen rojo, cuatro puertas, a un pasajero desconocido de barba, al hospital de la Divina Providencia de la Colonia Miramontes. Estacionó frente a la Capilla.

Al estar frente a la Capilla, el desconocido le dijo a Garay que se agachara y al rato escuchó un disparo y un fuerte olor a pólvora. Vio que el desconocido sostenía un fusil entre sus manos… El desconocido le dijo: “Camine despacio, tranquilo…” Y partieron del lugar.

Lo anterior está contenido en el Informe de la Verdad (1993), mismo que menciona al Dr. Héctor Regalado, como el supuesto francotirador asesino de Romero. Regalado, aunque habría sido reconocido por Garay en un frustrado proceso judicial (1988-1989), negó cualquier participación en los hechos. No obstante, Regalado fue un hombre de entera  confianza de Roberto D´Aubuisson, a quien se acusa de ser el autor intelectual del magnicidio.

Dado que nunca se ha llegado totalmente a la verdad, en la actualidad y aprovechando el próximo 30 aniversario del magnicidio, sale nuevamente a flote la versión de la existencia de un militar argentino como el posible asesino de Romero.

Por ellos, dos organizaciones defensoras de los derechos humanos, ligadas a la Iglesia Católica, recomendaron este martes al gobierno de El Salvador que solicite a Argentina investigar la existencia de un militar de dicho país, de quien se dice habría asesinado al Arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980.

¿Existe Emilio Antonio Mendoza?

El pasado 7 de marzo el importante diario argentino Página 12 publicó un extenso reportaje en el que se dan pistas sobre un presunto militar del llamado Batallón 601, con nombre o apodo Emilio Antonio Mendoza, quien habría sido el francotirador que el 24 de marzo de 1980 disparó una certera bala explosiva que acabó con la vida de Romero mientras oficiaba una misa en un hospitalito para cancerosos de San Salvador.

“No tenemos información sobre ello, pero este caso tiene que ver con documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos. Ya habíamos escuchado tal versión por otras fuentes, pero no tenemos certeza”, dijo el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuéllar.

“Sin embargo, es una oportunidad para investigar. El actual canciller argentino, Jorge Taiana, fue el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El actual gobierno argentino tienen grandes compromisos en los derechos humanos y creo que el Estado salvadoreño, a través de cancillería solicitará una investigación al respecto”, agregó Cuéllar.

Por su parte, el director de Tutela Legal del Arzobispado, Ovidio Mauricio González, coincidió con Cuéllar en que se debe solicitar investigar el caso, pero “ello parte de que se suprima la ley de amnistía y se levante una investigación amplia, tal como lo ha demandado la CIDH, en el caso de Romero”.

“En Tutela Legal del Arzobispado tenemos información y testimonios que no indican que un militar argentino haya disparado contra Monseñor Romero. Los hechos apuntan al salvadoreño Héctor Regalado. Esa información incluso es la que tiene el Vaticano en  el proceso de canonización que se sigue para nuestro obispo”, aseveró González.

La fallecida ex directora de Tutela Legal del Arzobispado, María Julia Hernández, en entrevista en mayo de 2007 dijo al diario “El País”, de España: “Antes se habló de que el ejecutor fue un cubano; se dijo también de un agente de la Guardia Nacional; ahora se habla de este argentino Mendoza, del que no se tiene razón y quizás se trate de un seudónimo…”.

Y agregó: “Pero hay un punto importante en el proceso legal interrumpido en El Salvador: el chofer, Amado Garay, quien condujo al francotirador señaló al odontólogo Regalado, ex jefe de la seguridad personal de D´Aubuisson, como la persona que disparó”, dijo entonces la abogada Hernández, quien falleció en marzo de 2007.

En Página 12, de Buenos Aires, se indica que un oficial legal de la CIA, que no es identificado en el documento desclasificado por Washington en 1993, envió un informe en el que dijo: “el oficial militar argentino Emilio Antonio Mendoza, fue enviado en 1980 a Honduras junto a otros argentinos por el general Viola… (este Mendoza) admitió de hecho haberle disparado a Romero”.

El tapón de la amnistía

Tanto Cuéllar, del IDHUCA, como González, de Tutela Legal del Arzobispado, indicaron que los procesos legales en El Salvador para investigar estos hechos están interrumpidos por la existencia de una amnistía general de 1993, por lo que este crimen de Romero, como miles más, está en la impunidad.

Así las cosas, ni Héctor Regalado ni Emilio Antonio Mendoza han sido sujetos de investigación por parte de las autoridades judiciales salvadoreñas, aunque investigaciones internacionales, como las que realizara la Comisión de la Verdad en 1993, indicaron que Romero fue asesinado por órdenes del ex militar salvadoreño Roberto D´Aubuisson, fallecido en febrero de 1992.

El ya fallecido D´Aubuisson fue el fundador del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que gobernó entre 1989 hasta 2009, cuando fue derrotado por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que llevó como candidato al actual presidente Mauricio Funes.

Hasta ahora Funes se ha negado en promover la derogatoria de la amnistía de 1993.

Cuéllar sostuvo que El Salvador, independientemente de si existe Mendoza o no, debe exigir a Argentina una investigación porque hay información que argentinos participaron en la represión y asesinatos en contra de salvadoreños, antes y durante la guerra civil (1980-1992).

La guerra civil salvadoreña provocó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos, así como un millón de refugiados que se asilaron en Estados Unidos y otras naciones. Los causantes de esta tragedia humana están aún impunes, finalizaron Cuéllar y González.

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