La policía de Arizona, los obstáculos físicos y la vigilancia electrónica no logran frenar el tráfico de personas

Una valla con 500.000 agujeros

Un agente de la patrulla fronteriza vigila la valla en Nogales

A los dos lados se extiende un terreno baldío interminable y mítico, el desierto de Sonora, que, como el Sáhara, cada año se traga a cientos de seres humanos, inmigrantes dispuestos a arriesgar la vida para cruzar. Menos el paisaje que es idéntico, la valla lo cambia todo: a un lado, México; al otro, Estados Unidos. A un lado, los que tratan de cruzar; al otro, todos los sistemas de vigilancia posibles que, aun así, resultan insuficientes. “Aquí hay actividad 24 horas al día, siete días a la semana”, dice el sargento Mathews, uno de los alguaciles del sheriff del condado de Santa Cruz, en un sector de la frontera bastante alejado de la población más cercana.

La valla no es uniforme en la frontera de 3.000 kilómetros que separa Estados Unidos y México. En algunos tramos tiene planchas de metal de varios metros de altura; en otros, es una alambrada que se salva de un salto. Cada año cruzan ilegalmente la frontera 500.000 personas, la mitad eligen hacerlo por Arizona.

Un polvoriento camino se extiende junto a la valla y es recorrido constantemente por la Border Patrol, la patrulla fronteriza, y por los agentes del sheriff que se dedican a frenar los tráficos ilegales que campan a sus anchas por este territorio. Por todas partes hay torres de observación, sensores de movimiento, focos…

Sin embargo, la llegada de sin papeles continúa (aunque es la más baja en 10 años), también la actividad de las mafias que trafican con drogas, armas, dinero y también con seres humanos. “Llevamos en este juego mucho tiempo”, dice el sargento Mathews. “Cada año seguimos encontrando cuerpos [cerca de 300 en 2009], es una tragedia interminable”, dice Tony Estrada, el sheriff del condado al que pertenece Nogales, el paso fronterizo más activo de Arizona, utilizado legalmente por 24 millones de personas al año.

Estrada, nacido en México aunque vino con dos años a EE UU, es el único sheriff de origen hispano del Estado y, junto al de Tucson, es también el único que se ha mostrado abiertamente en contra de la Ley SB 1070, que comenzará a aplicarse el 29 de julio y permitirá a las fuerzas de seguridad parar y pedir la documentación a cualquiera que pueda ser sospechoso de estar ilegalmente en el país. La ley, promovida por la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, ha sido calificada de racista y ha provocado una enorme movilización en la comunidad hispana, sin precedentes desde el movimiento chicano de César Chávez de los sesenta.

“Es una legislación discriminatoria, basada en el perfil racial”, asegura el sheriff Estrada. “No me importa cómo la disfracen o lo que digan, es una ley discriminatoria contra la población de origen mexicano. Y además no tenemos ni los medios ni el presupuesto para aplicarla. Esta ley es una auténtica pesadilla, que nos impedirá hacer nuestro verdadero trabajo: perseguir a los criminales. Es mala para la imagen del Estado, mala para la economía y, sobre todo, es mala porque no pretende perseguir a los auténticos criminales, a la gente que comete delitos, no faltas”, asegura.

“¿Hay actividad?”, pregunta el sargento Mathews a su colega de la Border Patrol, que acaba de bajarse de una torreta blindada que puede elevarse por encima de la valla fronteriza con un motor. “Hemos detectado a cuatro tratando de acercarse a la frontera, pero en cuanto se han dado cuenta de que les hemos visto han desaparecido”, replica. Los posibles emigrantes fueron detectados desde bastante más lejos, desde un puesto de observación especial, instalado en una colina, que vigila con prismáticos muy potentes cualquier movimiento. El resto de las patrullas responde con secos “sin novedad”, “demasiado calor”, “demasiado pronto” a la misma pregunta.

En Nogales la frontera lo impregna todo. Es visible desde todas partes: unas colinas separan el Nogales estadounidense -unas pocas calles llenas de tiendas desperdigadas en la nada- del Nogales mexicano, una ciudad de verdad, que cuenta con 200.000 habitantes. La valla, porque allí es una valla real, es como una cicatriz gigante. En el lado mexicano, las casas crecen prácticamente apoyadas en ella. La frontera también está presente por los constantes cruces -los mexicanos del otro lado pueden cruzar con un permiso especial que les permite desplazarse sin visado hasta Tucson, unos 80 kilómetros al norte- pero sobre todo porque los agentes de la Border Patrol, en bicicleta o al volante de sus imponentes todoterrenos, están por todas partes. Incluso han instalado un control, en el que detienen a todos los coches, en la carretera que une Nogales y Tucson.

Todas las ciudades de frontera se parecen (como todos los alrededores de las estaciones de ferrocarril). Hay algo en el aire que las une, en el tipo de comercios, en el ambiente. Sin embargo, Nogales, del lado estadounidense por lo menos, resulta especialmente dura, y mucho más desde que flota en el aire la SB 1070, aprobada en abril y que, aunque no comience a aplicarse hasta el 29 de julio, ya ha lanzado un velo de temor y reducido mucho el movimiento.

Basta con pasar un rato hablando con unos y con otros junto al principal cruce fronterizo para que los parroquianos avisen de que dos autobuses que acaban de llegar al puesto de control son especiales. En ellos transportan a los emigrantes sin papeles que han sido capturados y que son llevados hasta la frontera (casi todos aceptan la deportación porque el plan B es quedarse en un centro de detención de EE UU a la espera de que se resuelvan sus recursos). Cada día se expulsa a 200. En cuestión de minutos, se les entregan sus escasas pertenencias y, con cara de circunstancias, son enviados al otro lado. Pero todos lo tienen claro, ellos y los agentes de frontera: los inmigrantes volverán a intentarlo.

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