La Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo; El Salvador: el país más violento del mundo


El Salvador es el país más violento del mundo, según lo afirmó hoy la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, que divulgó su último informe en Suiza.

Con más de 60 asesinatos por cada 100 mil habitantes, el país lidera la lista de los 14 más violentos de todo el mundo.

De los 14, seis países son Latinoamericanos y tres de estos pertenecen a Centroamérica.

A El Salvador se le suman Guatemala y Honduras: «Tienen los mayores niveles de violencia letal», reza el informe sobre ellos.

Murieron más personas de forma violenta en El Salvador que en Irak, de forma proporcional, entre 2004 y 2009; tomando en cuenta que Iraq figura en el segundo lugar de los países más violentos de todo el planeta, seguido por Jamaica.

Brasil es ubicado el la posición número 18 y México en la 51.

Las estadísticas del informe corresponden al año 2009.

Declaración

Haz clic para acceder a GBAV2011-PRESS-RELEASE-SPA.pdf

Nueve de cada diez muertes violentas ocurren en contextos
exentos de conflictos

El crimen es la primera causa de muertes violentas
Según la segunda edición de Carga Global de la Violencia Armada, publicada el 27 de Octubre de 2011 en Ginebra, aproximadamente 526.000 personas mueren en forma violenta cada año, pero sólo 55.000 de ellas pierden sus
vidas en conflictos o como consecuencia de un acto terrorista. El informe revela además que un total de 396.000
personas—entre las que se cuentan 66.000 mujeres—son víctimas de homicidios intencionales (asesinato), 54.000
mueren como resultado de los denominados homicidios ‘culposos’ (no premeditados), y otras 21.000 mueren durante intervenciones de las fuerzas de seguridad.
El informe Carga Global de la Violencia Armada utiliza una extensa base de datos que cubre las muertes violentas tanto en contextos de conflicto como en contextos exentos de ellos.
“L os límites entre la violencia política, criminal e interpersonal se van volviendo cada vez más difusos, como lo revelan casos de asesinatos relacionados con tráfico de drogas en América Central o de piratas que intervienen en actos de violencia de carácter económico en Somalia”, declaró Keith Krause, uno de los editores y autores del informe.
“E ste trabajo de investigación preestablece una visión más amplia que abarca las muertes producidas por la violencia armada en todo tipo de contextos, entre los que se incluyen la violencia de tipo criminal y de las pandillas, los conflictos y la violencia de género”, afirmó.
El informe proporciona un enfoque único e integrado que permite comprender el impacto global de la violencia letal.
Siendo un instrumento de monitoreo independiente, éste es útil para la implementación de la Declaración de Ginebra sobre la Violencia Armada y el Desarrollo en su misión de desarrollo de respuestas sólidas basadas en la evidencia a los desafíos de la violencia armada.
“ La Carga Global de la Violencia Armada 2011 entrega a los diseñadores de politícas y otras partes interesadas una herramienta oportuna para responder con evidencia en el diseño de políticas y programas a nivel local, nacional y regional”, señaló Peter Maurer, Secretario de Estado del Departamento Federal de Relaciones Exteriores de Suiza.
El informe Carga Global de la Violencia Armada estima la tasa anual de muertes violentas entre 2004 y 2009 en 7,9 por 100.000 habitantes. Al menos 58 países registran tasas de muertes violentas superiores a 10 por 100.000. Estos países albergan aproximadamente dos tercios de todas las muertes violentas, es decir, 285.000 individuos asesinados cada año.
Un total de 25% de todas las muertes violentas ocurren en tan sólo 14 países, con una tasa anual promedio superior a 30 muertes violentas por 100.000 habitantes, de las cuales la mitad se encuentra en el continente americano. Si bien las víctimas de conflictos armados a menudo acaparan los titulares de los medios de comunicación, los niveles de violencia armada en algunos países exentos de conflictos se asemejan a los de las zonas en conflicto. En un año promedio entre 2004 y 2009, el número de muertes por habitante fue mayor en El Salvador que en Irak.
La violencia letal se caracteriza por una desigualdad de distribución no sólo entre países, sino además dentro de un mismo país. En México, la tasa de muertes violentas del país en 2009 se elevó a 18,4 por 100.000, mientras que en Ciudad Juárez, al norte del país, esta tasa alcanzó 170,4 por 100.000 durante el mismo año, es decir, más de 20 veces la tasa global.
La Carga Global de la Violencia Armada establece además una relación entre violencia letal y subdesarrollo.
“ Aquellos Estados con altos niveles de violencia letal casi siempre se ven en dificultades para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, indica Keith Krause. “Sabemos además que cuando un país avanza en términos de desarrollo, es muy probable que muestre una disminución de sus niveles de violencia letal”.
En consonancia con los resultados de un tema de investigación en crecimiento, el informe también confirma que aquellos países con niveles bajos de desigualdad de ingresos y desempleo experimentan tasas de homicidios menores.
La edición 2011 de Carga Global de la Violencia Armada también revela que:
El Salvador fue el país más afectado por la violencia letal entre 2004 y 2009, seguido de Irak y Jamaica.
África Central y del Sur, América Central, el Caribe y Suramérica son las regiones que registran los niveles más altos
de violencia letal.
Aproximadamente 66.000 mujeres y niñas son asesinadas en forma violenta en el mundo cada año. Los altos niveles de femicidios a menudo van acompañados de—y a veces son generados por—altos niveles de tolerancia de violencia contra las mujeres.
El porcentaje de homicidios perpetrados por cónyuges o familiares representa una parte importante de los homicidios en algunos países de Europa y Asia. En países con tasas de homicidios bajas, el porcentaje de mujeres y hombres
víctimas es similar.
Las tasas de homicidios relacionados con asaltos o robos tienden a ser mayores en países con grandes desigualdades de ingresos, incluyendo el continente americano.
Existe un sólido vínculo entre la relativa fragilidad del imperio de la ley en un país y mayores tasas globales de homicidios. Sin embargo, desafíos específicos, como la actividad de las pandillas, la presencia de conflictos, o una gran desigualdad de ingresos, pueden degenerar en altas tasas de homicidios incluso en sociedades que cuentan, comparativamente, con instituciones fuertes y un sólido Estado de Derecho.
Publicado por Cambridge University Press, el informe Carga Global de la Violencia Armada: Encuentros Letales es un producto de la Secretaría de la Declaración de Ginebra. La Declaración de Ginebra sobre la Violencia Armada y el Desarrollo, firmada por más de 100 países, hace un llamado a los Estados a reducir en forma cuantificable la carga global de la violencia armada y a mejorar en forma tangible la seguridad humana para 2015.
CARGA GLOBAL de la VIOLENCIA ARMADA 201 1 COMUNICADO DE PRENSA
PROHIBIDA SU DIFUSIÓN HASTA EL JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 201 1 A LAS 13:00 HORAS (HORA DE GINEBRA)
Contacto para la prensa: Martin Field (martin.field@smallarmssurvey.org; +41 79 573 33 19)

La embajada de Estaos Unidos de América señala a PCN y GANA de venderse

EUA aseguró que el PCN y Gana reciben dinero a cambio de sus votos

Jimena Aguilar// El faro.net

Publicado el 16 de Octubre de 2011

La visión peyorativa de la embajada sobre Gana estaba clara apenas cuatro días después de que los areneros rebeldes formaran su nueva agrupación, en noviembre de 2009. Los cables diplomáticos resumen que ambos partidos participaban de favores políticos en la Asamblea Legislativa a cambio de dinero, y que si el PCN era un partido que se ofrecía al mejor postor, Gana era un partido en venta.

Tanto el PCN -el partido más longevo de El Salvador-, como Gana, el partido más nuevo, jugaban a vender su voluntad en la Asamblea Legislativa, reseñan los cables enviados al Departamento de Estado entre enero de 2009 y enero de 2010 desde la embajada en El Salvador. Entre los términos que los oficiales de la embajada usaron para describir a estas organizaciones de derecha estaban «oportunistas», «en venta», «en subasta» y «compañeros de cama».

Los memorandos revelados por WikiLeaks muestran que la embajada consideraba que históricamente el PCN se había aprovechado de su posición de llave para lograr mayoría dentro de la Asamblea Legislativa. A su vez, consideraba que el grupo de disidentes de Arena que el 31 de octubre de 2009 formaron Gana, estaban jugando las mismas cartas que el PCN para aprovecharse de los votos que permiten a Arena y FMLN tomar decisiones legislativas.

El 26 de enero de 2010, pasados menos de tres meses del surgimiento de Gana, el encargado de negocios Robert Blau escribió en el cable 245623 un resumen del escenario político del momento, de la relación entre el FMLN y Funes, y de cómo Arena llevaba su fractura. En este cable Blau hizo un análisis sobre el papel que jugaban los partidos políticos más pequeños.Asegura que estos son débiles y que su única moneda de cambio es proveer a los partidos grandes de los votos suficientes para lograr mayoría en el pleno. “Aparte del FMLN y Arena, los otros partidos políticos del país son pequeños, débiles e ideológicamente maleables. Su único punto de venta real es como compañeros de coalición, suministrando los votos finales en votaciones reñidas”, dice el documento.

Pero la lectura que la embajada hace a la función de estos partidos no solo se queda en que estos tienen los votos clave para algunas votaciones, sino que estos se aprovechan de su posición para lograr objetivos más cuestionables, específicamente el PCN y Gana.

Cuatro días después del nacimiento de Gana como bancada legislativa, la embajada ya los llamaba un partido oportunista, al igual que calificaba al PCN. Y quizás debido a que ambos son, en teoría, de derechas, en un momento les atribuía ser «extraños compañeros de cama del FMLN» que le permitirían a este último realizar reformas constitucionales.

En el cable 233106, del 4 de noviembre de 2009,  firmado por una persona de apellido Brady, se menciona cómo el FMLN en ese momento ya tenía la posibilidad de hacer reformas constitucionales porque contaba con dos partidos oportunistas. El punto que reflejaba Brady era que cuando la bancada arenera de 32 escaños se rompió el 31 de octubre de ese año, Arena perdió la llave para bloquear decisiones de mayoría calificada de dos tercios de los diputados.

“La gran noticia aquí es la cooperación en aumento entre los claramente ideológicamente opuestos Gana y FMLN. El FMLN ahora tiene dos aliados ideológicamente flexibles y oportunistas: el PCN y Gana. Mientras se mantenga, esta alianza de raros compañeros de cama le da al FMLN 57 votos, suficientes para aprobar cualquier pieza o reformas constitucionales”, suscribió Brady en el cable, clasificado como CONFIDENCIAL.

En un tercer cable, fechado 21 de enero de 2010 y etiquetado como SECRETO, la embajada asegura que estos dos partidos venden literalmente sus votos, aunque no aporta detalles que sustenten dicha afirmación., ambos partidos habían hecho uso de su posición ventajosa para obtener tanto favores políticos como remuneración económica. “Dadas sus posiciones estratégicas, Gana y el PCN probablemente se mantengan como jugadores importantes en las batallas legislativas por venir, demandando, como se rumora han hecho en votaciones anteriores con el FMLN, favores políticos y pagos de dinero secretos a cambio de su apoyo”.

El memorando 244774 hace alusiones particularmente a Gana. Para los oficiales diplomáticos, hasta ese momento, “Gana ha actuado como un partido en venta”. Esta nota diplomática la firmó Michael McGee, consejero comercial de la embajada.

Solo cinco días después de ese cable, la sede diplomática ya comentaba sobre los rumores que vinculaban al expresidente Elías Antonio Saca con la nueva fracción parlmentaria Gana. “Mientras oficialmente no es un miembro de ningún partido, se rumora extensamente que Saca es la fuerza inspiracional y financiera detrás de Gana”, comentó Robert Blau en el cable 245623, también clasificado como SECRETO.

En esa ocasión el encargado de negocios también hizo énfasis en el notorio presupuesto de un partido tan joven. “Gana (…) ha demostrado a través de una convención extravagante y de una campaña publicitaria subsecuente que tiene bolsillos profundos como para dar una pelea de verdad”, se lee en el documento.

Pero el cable donde se califica el vínculo de Gana con el expresidente como uno de búsqueda de dinero es el cable 231608 enviado el 27 de octubre de 2009 y clasificado como CONFIDENCIAL. “Si el expresidente Saca realmente está detrás de los diputados disidentes, como creemos que es, entonces todo es una cuestión de dinero”,  reza el texto firmado por Robert Blau dentro del cual también se menciona cómo Saca utilizó el poder que tenía para hacer del Estado una “máquina de hacer dinero”.

Mientras que a Gana la embajada lo tituló como un partido en venta, prácticamente desde su nacimiento, calificó en repetidas ocasiones al partido más longevo del país de oportunista. “Ni el FMLN ni Arena puede lograr mayoría legislativa sin el apoyo de Gana o el (oportunista) Partido de Conciliación Nacional (PCN)”, reza el cable 245623 antes mencionado.

En el cable 187967 del 20 de enero de 2009, a pocos días de las elecciones y cuando todavía no se sabía exactamente cuántos escaños legislativos había obtenido cada partido, la embajada envió un cable diplomático al departamento de Estado en el que decían que si las cifras del momento se mantenían el PCN tendría una fuerte posición de negociación, ya que podría formar mayoría con cualquiera de los partidos grandes. Además, mencionaba Robert Blau, quien firmó el cable clasificado como CONFIDENCIAl, que una fuente del FMLN ya les había dicho que ya llevaban algún tiempo negociando con el PCN.

En este mismo cable Blau comenta que esta posición ventajosa, el PCN tendría de donde escoger para decidir a quién apoyar y sugiere que su apoyo dependerá de la oferta económica que los grandes partidos le puedan hacer.

“La guerra de subastas (tanto literal como figurativamente) por el apoyo del PCN será dura, especialmente si el PCN es el único en posición de decidir si el FMLN o Arena controlan la Asamblea”, se lee.

En un informe enviado el 5 de enero al Departamento de Estado y clasificado como CONFIDENCIAL, la embajada hacía un avance sobre las elecciones legislativas que estaban por venir. Ahí, Charles Glazer, el embajador, aseguraba que el PCN había mantenido un poder desproporcionado y que había manipulado a los partidos grandes a su antojo gracias a su capacidad de darles la mayoría en la Asamblea Legislativa.

“En años recientes, el PCN ha mantenido un poder desproporcionado, ya que ha tenido suficientes escaños legislativos (10) para formar mayoría en alianza con el FMLN. El partido, esencialmente, ha mantenido como rehenes a los partido más grandes hasta que ha logrado sus propias metas».

Mientras analizaban los posibles escenarios para después de las elecciones, la embajada creía que si el PDC ganaba más puestos en los comicios, esto podría significar una pérdida de poder para el PCN. “El PCN ya no tendría un reinado libre y el PDC aumentaría sustancialmente su poder de negociación”.

Aunque el PDC no le quitó poder al PCN, la ruptura de Gana le significó al PCN una pérdida de poder y ahora que se avecinan las elecciones legislativas y municipales de 2012, ambos partidos disputarán la posibilidad de convertirse en la tercera fuerza legislativa para el trienio 2012-2015.

Mauricio Funes Cartagena & GANA: El padre adoptivo

Gana dijo a embajada EUA que Funes prácticamente los adoptó

Jimena Aguilar//El Faro.net

Publicado el 6 de Octubre de 2011

Cuando el partido Gana apenas estaba formándose, en noviembre de 2009, dos dirigentes de este movimiento nacido de la fractura de Arena dijeron a oficiales de la embajada estadounidense que el presidente Funes no solo les había expresado privadamente su apoyo, sino que hizo tanto por ellos que quizás lo único que faltó fue que los adoptara como sus hijos.

En una reunión del 17 de noviembre de 2009 entre el consejero político de la embajada de Estados Unidos y los diputados Guillermo Gallegos y Mario Tenorio, del entonces grupo parlamentario Gana, Gallegos le reveló al funcionario estadounidense que el partido en formación había recibido «mensajes de apoyo» por parte del presidente de la República Mauricio Funes después de su ruptura con Arena. Según un cable filtrado por WikiLeaks, la lectura que Gallegos expresó sobre estas muestras de apoyo lo llevaron a decir que Funes se había puesto tan de su lado que prácticamente los había adoptado.

Esta reunión se consigna en el cable 235414, con fecha 18 de noviembre de 2009, 18 días después de que Gana viera la luz y resume las posibilidades que los dos dirigentes de Gana veían de regresar a Arena o de consolidar un nuevo partido. En ese momento, Funes ya se había movido para expresarles su respaldo, revela el memorando.

El texto del cable denota que los 12 diputados disidentes originales tenían como primera opción regresar a Arena, siempre y cuando este cambiara sus dirigentes. El plan B era formar un nuevo partido y había la posibilidad de una opción C, que consistía en unirse a un partido pequeño de derechas.

Este cable fue enviado por la embajada de Estados Unidos en El Salvador al Departamento de Estado de Estados Unidos seis meses antes de que se formara oficialmente el partido Gana, aunque este nació a nivel legislativo la noche del 31 de octubre, fecha en que se reestructuró la junta directiva de la Asamblea Legislativa.

En el sumario del cable, clasificado como CONFIDENCIAL, y que lleva la firma del entonces encargado de negocios de la embajada, Robert Blau, se destaca el supuesto respaldo del gobernante a la docena de diputados disidentes de Arena. «Gana ha recibido mensajes privados de apoyo del presidente Funes, pero el grupo está firme en que mantiene un orientación al estilo de Arena de centroderecha», se lee en la introducción.

Después, el documento detalla el grado de apoyo que esos mensajes reflejaron. El diputado Gallegos le dijo al consejero político de la embajada que Gana veía al presidente casi como un padre adoptivo a raíz de las conversaciones que tuvieron después del quiebre de Arena y cinco meses después de que Funes entró al cargo. «Gallegos dijo que el presidente Funes les ha expresado en privado su apoyo a los 12 diputados de Gana. Gallegos dijo que a Funes lo único que le faltó fue «adoptarlos» pero que no quería alinearse públicamente con ellos», menciona Blau.

El Faro llamó en repetidas ocasiones al teléfono celular del diputado Gallegos, pero este no contestó. Su asistente de comunicaciones dijo que el dirigente de Gana estaba indispuesto por problemas de salud y que hasta este jueves podría atender llamadas. El jefe de la bancada legislativa de Gana, Nelson Guardado, tampoco respondió las llamadas telefónicas.

Los mensajes de Funes quedaron en privado, pero su cercanía a Gana y a personajes cercanos a Gana han sido evidenciada en diferentes situaciones. El Faro reveló este lunes que el presidente Funes sustituyó a su círculo cercano de asesores que estaba integrado por los hermanos Cáceres. En su lugar, las nuevas figuras son el empresario Miguel Menéndez y Herbert Saca, a quien muchas fuentes han identificado como el verdadero líder de Gana.

En el mismo cable de la embajada estadounidense se consigna que el diputado Gallegos dijo que aunque el grupo de disidentes mantenía los mismos ideales que Arena, estos no descartaban una posible alianza entre Gana y los Amigos de Mauricio, el movimiento que dio un matiz ciudadano a la candidatura presidencial del FMLN.

El cable cierra con un comentario de Robert Blau en el que dice que el quiebre de Arena representa más que una amenaza para Funes, una posible distracción. «En cuanto al presidente Funes, la división de Arena representa más una distracción que una amenaza: ninguno de los miembros de Gana se ha alineado súbitamente con las metas extremistas del FMLN, y Funes seguirá recibiendo apoyo para propuestas más moderadas tanto de Gana como de Arena».

El cambio que todos votamos en El Salvador, se dio en casa presidencial. Mauricio Funes y la derecha más corrupta: GANA Y FUNES S.A.

Los nuevos amigos del presidente

Hablar de los nuevos amigos del presidente es hablar de gente que ha perdido poder. Y, por supuesto, de las personas que han logrado incorporarse al círculo de máxima influencia del gobernante. Pasados dos años del gobierno de Funes, la familia Cáceres ha sido relegada a un segundo plano y su lugar lo han ocupado el empresario Miguel Menéndez y uno de los más oscuros operadores políticos del expresidente Saca.

Sergio Arauz//elfaro.net

Es la noche del 30 de julio y en la mesa principal de una fiesta privada que se celebra en San Salvador destaca el jefe de la familia que festeja. Nicolás Salume I, empresario jerarca de los Salume, primer designado presidencial, importante patrocinador de la campaña del ahora presidente, y figura que el partido Gana ya proclama como uno de sus notables, celebra la boda de Nicolás Salume III, su nieto. La mesa, para 12 personas, es una de varias docenas en este salón acondicionado para recibir hasta a 400 invitados, pero brilla más que las otras: aparte del jerarca Salume, están sentados a ella el empresario Herbert Saca -uno de los operadores más oscuros y controversiales del gobierno de Antonio Saca-, y el presidente de la República, Mauricio Funes. Que el gobernante comparta mesa con dos empresarios en una fiesta privada quizás no tenga por qué llamar la atención, a menos que esos empresarios sean representativos de lo que al cabo de dos años de administración ha ocurrido: que las personas que integran el círculo de mayor acceso al presidente ha cambiado.

Aquella reunión ocurría dos meses después de que Funes prescindiera casi por completo de sus colaboradores más importantes para tomar una decisión que hizo estremecerse a El Salvador durante meses: avalar el decreto 743 para maniatar a la Sala de lo Constitucional. La forma en que tomó esa decisión es, quizás, el mejor reflejo de cómo Funes relegó a segundo plano a los socios claves con que empezó su gobierno y en su lugar dio protagonismo a nombres del partido Gana, y a un tercer empresario que dejó de ser solo un funcionario de segundo nivel para convertirse en el más asiduo del nuevo círculo de máxima influencia. Miguel Menéndez, Mecafé, fue corredor de autos y su negocio más conocido ahora probablemente sea el de la seguridad privada. Fue un patrocinador de la candidatura presidencial de Funes y entró al equipo de gobierno como presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco).

Mecafé fue uno de los principales promotores del grupo de apoyo que empezó el movimiento de Amigos de Mauricio, pero nunca fue tomado en cuenta como un influyente operador político. Más bien todos lo veían como un amigo -literalmente- de juegos del presidente. El polígono de tiro en las instalaciones del cuartel central de su empresa Cosase era un punto de encuentro, pero en el equipo de gobierno lo veían nada más como un espacio para relajar la acumulación de tensiones de gobierno.

En el gabinete de gobierno hacen la siguiente lectura de aquella fiesta del 30 de julio, que ocurría en el salón principal del Club Árabe Salvadoreño: en la administración ha ocurrido un relevo de poder, y los afectados más notables son los hermanos Cáceres, quienes fueron ignorados en momentos tan relevantes como cuando el decreto 743 llegó a las manos de Funes. Ni siquiera Francisco Cáceres, secretario privado del presidente, fue consultado. A la postre, la sanción expedita al decreto le significó la pérdida de 10 puntos de popularidad a un mandatario obsesionado con las encuestas.

Herbert Saca conoció al presidente durante el período de transición del cuarto gobierno del partido Arena al primer gobierno de izquierdas. Funes nombró a Gerardo Cáceres como su representante para coordinar la transición, mientras que el presidente saliente, Antonio Saca, nombró a su pariente Herbert Saca. Gerardo fue uno de los tres hermanos Cáceres que integraron el movimiento Amigos de Mauricio, y aunque después de la toma de posesión no tuvo un nombramiento oficial, pronto se convirtió en una especie de ministro sin despacho en la administración Funes. El otro hermano, Carlos, fue nombrado ministro de Hacienda. El Faro reveló en marzo de 2010 cómo en el gobierno de Funes ninguna decisión importante se tomaba sin el visto bueno o al menos sin la consulta a los hermanos Cáceres.

Gerardo fue una persona a quien el presidente le prestaba su voz. O, dicho de otra forma, el presidente hablaba a través de Gerardo. Pero eso ya quedó atrás.

Funes empezó su gobierno con otros tres personajes de máxima influencia en sus decisiones, aparte de los Cáceres. Por un lado, Álex Segovia, secretario técnico de la presidencia y cabeza del gabinete económico; por otro, Franzi Hato Hasbún, secretario de Asuntos Estratégicos y cabeza del gabinete de Seguridad, y en un tercer eje Vanda Pignato, secretaria de Inclusión Social y esposa del presidente.

El panorama ahora es distinto. Desde la mitad de este año, la oficina que Funes dio a Mecafé en las instalaciones del Cifco se ha convertido en la segunda oficina más importante del Ejecutivo, solo después del despacho en Casa Presidencial. Al menos eso interpretan un grupo de desconcertados ministros, asesores, funcionarios y dirigentes del FMLN que perciben a Mecafé y Herbert Saca como los nuevos Cáceres del gobierno.

Un exmiembro del gabinete, exasesor de Antonio Saca y exdirigente del partido Arena que sabe del protagonismo que han adquirido estsa personas, dice que nadie debe extrañarse de lo ocurrido. «Acordate que los Cáceres empezaron a recibir las llaves de Casa Presidencial y resto de oficinas estratégicas dentro del gobierno de manos de Herbert Saca y Élmer Charlaix –ex secretario privado de la presidencia». Este exfuncionario, que pide el anonimato -como casi todas las fuentes que accedieron a conversar con El Faro-, dice que la transición fue el inicio de una relación que se consolidó a partir de noviembre de 2009, cuando se produjo la fractura del partido Arena y nació Gana. Se niega a que se le identifique porque no quiere estropear la relación que mantiene con varios de los involucrados. «Es obvio que uno no puede hablar así estas cosas, los conozco y me veo con ellos seguido», dice.

Mecafé, el gran anfitrión

Antes de acercarse a Funes, Miguel Menéndez había sido parte de un club de colaboradores de la Arena que lideró Antonio Saca. Su nombre era todavía asociado a Arena a inicios de 2008. Su escritorio en el cuartel central de la empresa de seguridad Cosase lucía un cubo de cristal que solo obtenían algunos donantes importantes del partido suscritos al programa «Todos sumamos», cuyo propósito oficial era la recaudación permanente de fondos para tejer una red de medianos contribuyentes que fortalecieran la economía arenera. Desencantado, sin embargo, pronto cifró esperanzas en esa figura surgida de la televisión que enarbolaba la bandera del FMLN.

En esa oficina empezó a fortalecerse la relación de Mecafé con Funes. Es un pequeño despacho decorado con fotografías de algunas de sus posesiones y trofeos más preciados, como el Ford Mustang Cobra con el que ganó alguno de sus 11 campeonatos nacionales de automovilismo. En las estanterías también cuelga la foto de un enorme marlin, recuerdo de sus días de pesca, un pesado mero que mató él mismo disparándole con una suerte de rifle acuático, mientras buceaba en el Pacífico. También tiene un yate, un avión y un Ferrari. A esa oficina se presentó con asiduidad el presidente Funes los fines de semana.

Con el triunfo electoral de Funes, Menéndez obtuvo su oficina en el Cifco. Y aunque ya tenía contratos de servicios de seguridad con el gobierno anterior, la nueva administración pronto le amplió la solicitud de servicios y repentinamente uno de los Amigos de Funes y funcionario del gobierno se lucraba de las necesidades de seguridad privada del Estado. Sin embargo, lo que resultó en resentimientos para algunos de los miembros más relevantes del gabinete fue que en alguna medida el poder de Casa Presidencial se trasladó a la oficina en el Cifco, dado que entienden que ahí es donde Mecafé y Herbert Saca asesoran al presidente.

En la página oficial del Cifco en internet, Menéndez sigue apareciendo como presidente de la institución. Sin embargo, al marcar el número telefónica que en el sitio web del Cifco aparece asignado a Menéndez, la mujer que contesta asegura que él ya dejó el cargo y que donde hay que pedir una entrevista es en las oficinas en Cosase.

-Hola, ¿puede comunicarme con el presidente del CIFCO, Miguel Menéndez?

-No, él no es el presidente, si quiere llame a su oficina privada, el presidente de aquí se llama Federico López Beltrán, es el presidente interino.

-Entonces quiero platicar con Federico López Beltrán, el presidente interino.

-Yo le digo. Deje sus datos.

López Beltrán fue juramentado en 2010 por el presidente Funes como miembro de la directiva del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES). Hasta el cierre de esta de nota no hubo respuesta a la petición de entrevista. Pero atendiendo la sugerencia de buscar a Mecafé en Cosase, su secretaria precisó que el amigo del presidente es más fácil de localizar en el Cifco:

-Hola. Con Miguel Menéndez, por favor.

-¿Quién llama?

-Sergio Arauz, de El Faro.

-Mire, llámele a la Feria (Cifco), es más fácil que lo pueda controlar allá.

-Le voy a dejar un recado. Dígale que me urge hablar con él porque estamos trabajando un reportaje que lo menciona.

-Yo le doy su recado, pero es más fácil que lo localice en la Feria -insistió.

Cosase es el nombre comercial de una agencia privada de servicios de seguridad, que sus competidores también describen como una compañía fabricante de munición e importadora de armas de fuego. Este fue unos los focos que captó la atención de la embajada de los Estados Unidos desde que Funes ganó la elección.

Uno de los cables de la diplomacia estadounidense filtrados por WikiLeaks revela que la embajada realizó algunas entrevistas con algunos de los principales damnificados por el cambio de gobierno. Entre las entrevistas realizadas por el encargado de negocios, Robert Blau, está la del gerente de una de los principales importadores de armas de este país que tenían contratos privilegiados con el gobierno del presidente Saca. Dice Blau en este memorando etiquetado como CONFIDENCIAL: «De acuerdo con uno de los mayores comerciantes de armas de El Salvador, la Policía Nacional Civil (PNC) se está moviendo de las armas fabricadas en Estados Unidos y cambiando proveedores hacia un prominente patrocinador de Funes. Sin embargo, el ejército salvadoreño se mantiene comprometido con la compra de equipo manufacturado en Estados Unidos. Ninguno de los movimientos es sorprendente debido a los vínculos políticos involucrados en el negocio de armas salvadoreño y las documentadas dificultades financieras de la PNC.»

El proveedor que habla con el encargado de negocios de la embajada es José Miguel Díaz, gerente general del Centrum, empresa de Gustavo López Davidson, un ex miembro del Consejo Ejecutivo Nacional del partido Arena (Coena). El ejecutivo de Centrum asegura que la PNC estaba virando hacia un nuevo proveedor, de nombre Miguel Menéndez. «(Díaz)dijo que Menéndez era dueño de su propia fábrica de munición, pero que el pequeño negocio de importación de Menéndez estaba sobre todo concentrado en «revólveres basuras argentinos». Díaz reconoció que aún antes del cambio de gobierno, la PNC se había estado alejando del armamento estadounidense y favoreciendo a equipo de Brasil, Argentina e Israel porque lo podían comprar más barato y obtenerlo rápidamente.»

El Faro reveló en 2010 que la empresa de Mecafé había ganado en el primer año de gobierno de Funes 2.5 millones en contratos con instituciones del Ejecutivo. La Subsecretaría de Transparencia, ante petición de este periódico, determinó que de 15 contratos en servicios de seguridad ganados por la empresa de Miguel Menéndez 10 surgieron de mecanismos transparentes, pero otros cinco, por un monto de 1.5 millones de dólares, le generaban dudas.

Mandos policiales consultados por el periódico aseguraron que las compras de armas y municiones son realizadas por el Ministerio de Seguridad, y que hasta el cierre de esta nota no había ninguna licitación que abiertamente hubiera favorecido irregularmente a Cosase.

Todas las fuentes consultadas por este periódico –algunas con oficina en Casa Presidencial, otras, miembros o personas muy cercanas a las direcciones de los partidos FMLN y Gana, otras con rango de ministros y otras con cargo de diputados- coinciden en algo: Miguel Menéndez empezó como uno de los apoyos de campaña, siguió como un amigo de tiro, continuó como un contratista del Estado, y es hoy un consejero privilegiado del presidente.

Funes&Gana.gob.sv

La llegada de Herbert Saca al círculo de máxima confianza de Funes es algo que algunos atribuyen a la fractura de Arena. Un dirigente nacional del FMLN dice tenerlo claro: Gana y Funes gobiernan en sociedad. Y menciona a Gana porque para este miembro de la Comisión Política efemelenista, Herbert Saca equivale a Gana y si el gobernante necesita votos en la Asamblea Legislativa para impulsar su agenda, ahí los encontró. “Sin Gana no habría votos, al fin y al cabo es un aliado del presidente. Aquí es donde entra Herbert Saca, él es Gana”, dice este político.

En la Asamblea Legislativa no son pocos los que piensan que detrás de Gana está Herbert Saca, quien durante la administración anterior tuvo en sus manos tal poder que fue uno de los factores de la fractura del gabinete de Antonio Saca. Funcionarios del gobierno de Saca fueron los primeros en reconocer a los periodistas el rol de operador político que Herbert tenía. Luego, el partido Arena, en el momento de la ruptura en octubre de 2009, señaló a Herbert y al exmandatario como los responsables de dividir al partido.

Ahora, en la Asamblea abundan quienes afirman que Herbert es el operador político de Gana, una especie de buscacandidatos que sale de cacería a los otros partidos políticos. El dirigente pecenista Antonio Almendáriz resume el rol por el que él ha conocido al primo del expresidente Saca: «Herbert Saca es el verdadero presidente de Gana. Aquí en la Asamblea Legislativa todo el mundo lo dice, que cuando quieren hablar algo directamente le hablan a Herbert Saca, no a Andrés Rovira.”

Si Herbert Saca es Gana, la foto del presidente sentado a una mesa en la que también está Herbert Saca adquiere más sentido al ver las votaciones legislativas y las declaraciones de apoyo que realizan casi semanalmente dirigentes de Gana, especialmente en temas que no son agenda típica de las derechas en ninguna parte del mundo, pero que los exareneros apoyan entusiastas.

Estos son algunos titulares de prensa publicados por diversos medios en los últimos meses: Gana apoya crear impuesto al gran capital para la seguridad; Gana apoya envío de tropas hacia Afganistán; Gana apoya que el gobierno compre aviones de combate; Gana respalda a Salume como designado presidencial; Gana aplaude llamado a la unidad para afrontar la delincuencia que hizo Funes; Gana apoya el veto del presidente a la Ley antitabaco… y en varias ocasiones, Gana salió con un pronunciamiento de estos aún contradiciendo el voto que habían emitido en un primer momento.

Herbert Ernesto Saca es el accionista principal y fundador de HS Imports o Importaciones HS, una empresa comercializadora de carros usados que factura ingresos por más de un millón de dólares anuales, según registros del Ministerio de Hacienda. Escasamente mencionado en los medios de comunicación, fundó su compañía en 1991, y fue solo hasta el gobierno de su pariente cuando su nombre comenzó a ser citado cada vez con mayor frecuencia por miembros de aquel equipo de gobierno que, desconcertados, no sabían qué funciones tenía, pero tenían la convicción de que era poderoso.

Saca participó en las negociaciones que sostuvieron las cúpulas de Arena y FMLN para abordar uno de los momentos de la historia reciente que más titulares abarcó: Belloso, el tirador que en julio de 2006 mató a dos policías frente a las cámaras de televisión en medio de una protesta que parecía pacífica. En ese momento, el entonces ministro de Seguridad, René Figueroa, comentó a El Faro sobre la ronda de negociaciones que sostuvieron las cúpulas de los partidos para bajar los ánimos. El Faro publicó un reportaje titulado «Las reuniones secretas entre Arena y el FMLN», que consigna que fue en la casa de Herbert Saca a la que asistieron los dirigentes de ambos partidos para iniciar una larga ronda de reuniones.

Asimismo, Herbert Saca participó como negociador del gobierno con los empresarios de buses ofreciéndoles subsidios y fue mediador para aprobar el decreto que significó en un principio casi 40 millones de dólares para los transportistas, 200 dólares por cada microbús y 400 por cada bus. El 17 de diciembre de 2007, El Faro público un reportaje en el que explicaba el rol de Herbert Saca. «Herbert Saca fue el que estuvo más cerca de los transportistas cuando se hablaba de paros, alza al pasaje de bus y subsidios para aliviar la carga económica del alto precio del combustible», dijo en su momento Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños.

En el gabinete y en el FMLN están seguros de que el poder de Herbert Saca -antes y ahora- también tiene que ver con la capacidad de hablar con José Luis Merino, otro que estuvo en las negociaciones sobre cómo manejar públicamente el ataque de Belloso -un exconcejal del FMLN en Mejicanos- a los policías antimotines.

¿Y dónde queda Antonio Saca? Las vinculaciones del expresidente con Gana brillan más que las de su primo, Herbert. Dentro de Gana, el expresidente es visto como un gurú que se niega a bajar a dar consejos diarios y delega en Herbert. Sin embargo, hay quienes creen que Herbert no está plegado a los intereses de su primo y que lidera con cierta autonomía el partido.

El Faro llamó en dos ocasiones al teléfono de Herbert Saca para pedirle una entrevista. También dejó en su oficina un mensaje escrito con la petición de entrevista, pero no respondió. El expresidente tampoco atendió las peticiones de entrevista.

A estos acercamientos se añaden los claros gestos de Funes hacia Gana en varios escenarios. Aparte de proponer a Nicolás Salume como primer designado presidencial, en las dos ternas que el gobernante envió a la Asamblea Legislativa también aparecía la dirigente de Gana Silvia Aguilar. Ese guiño a Gana lo que significaba era que el presidente estaba dispuesto a que en su ausencia y en la ausencia del vicepresidente, las riendas del país pudieran ser tomadas por una dirigente de Gana antes que por cualquier efemelenista.

Además, la empresa estatal CEL se ha convertido en un muestrario de la penetración de Gana en el aparato del Ejecutivo. Irving Pabel Tóchez, presidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa llegó a la empresa estatal como sustituto de la ex viceministra de Hacienda Carmen Elena Pineda. Esta es una persona de confianza de Carlos Cáceres, ministro de Hacienda, a quien él mismo había recomendado.

Cuando Funes llegó a la presidencia, relevó a Tóchez en la dirección ejecutiva de la CEL. Dos años después, el exdirector de Impuestos Internos no solo está reincorporado en la institución, sino que con el cargo de presidente. Aunque no hay una prueba de que Tóchez esté afiliado a Gana, para los funcionarios de este gobierno, dirigentes areneros y efemelenistas, el nuevo presidente de CEL representa los intereses de los Saca y, por lo tanto, los de Gana.

Legalmente existe una huella que vincula a este funcionario y al expresidente del país. Tóchez fundó hace más de una década una empresa de contabilidad llamada Tóchez Fernández Ltda., y según el Centro Nacional de Registros es la firma auditora externa del grupo Samix, la red de 12 estaciones de radio propiedad de Antonio Saca.

Los libros del Centro Nacional de Registros también consignan que Andrés Rodríguez Celis, miembro del movimiento Amigos de Mauricio, es accionista de la misma empresa fundada por Tóchez. De las mil acciones con las que empezó la empresa en 2000, cada uno se repartió la mitad. Celis es el presidente del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP).

Otro episodio que algunos califican como una nueva batalla perdida por los Cáceres ante el empuje de los Saca es el relevo que Funes hizo en la presidencia del Banco Hipotecario. Manuel Rivera sustituyó a Carlos Ortiz. En el gabinete económico, Ortiz era reconocido como un hombre de confianza de los Cáceres. Dos  funcionarios que estuvieron en la junta directiva del Banco aseguraron a El Faro que Carlos Cáceres y el presidente tuvieron una intensa discusión al respecto. Uno de estos funcionarios asegura que esta fue una jugada de Mecafé, en la que Herbert Saca también estaba involucrado.

-A mí Carlos Cáceres me he dicho que Rivera es hombre de Mecafé.

-¿Cuál es la diferencia entre Carlos Ortiz y Manuel Rivera?

-Carlos es un técnico que ya había sido apoyado por toda la junta directiva del banco, donde están representantes de diferentes instituciones. Manuel fue impuesto sorpresivamente por el presidente. Además,  dentro de su currículo tiene el antecedente de haber trabajado en Credisa, banco que entró en quiebra y provocó un escándalo financiero a finales de los 90.

La virtual soledad del 2 de junio

Cuando Mecafé y Herbert Saca comenzaron a brillar más y a lucir como los nuevos amigos del presidente, Funes estaba por cumplir dos años de gobierno. El jueves 2 de junio, Funes dio trámite expedito al decreto 743 aprobado por la derecha parlamentaria, y casi nadie en Casa Presidencial se enteró de la decisión del gobernante, sino hasta el día siguiente, cuando el país supo que el gobernante había sancionado el decreto. Poco después de la sanción al 743, el presidente -cuenta un asesor de Casa Presidencial- tuvo discusiones muy intensas por separado con Gerardo Cáceres y con Álex Segovia, a propósito de la decisión del mandatario.

-¿Qué paso?.

-Álex Segovia casi que amenazó con renunciar. Solo eso te voy a decir.

En el gabinete se habla de antes y después de este decreto que amarró a la Sala de lo Constitucional. El jueves 2 de junio, la Asamblea Legislativa sorprendió a El Salvador con la reforma a la Ley Orgánica Judicial, maniatando a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Sin discusión de por medio, el decreto fue aprobado por Arena, PCN, Gana y PDC, y llegó a las manos de Funes esa misma tarde. Este le dio su firma y nadie -o casi nadie- del equipo de máximo nivel del gabinete parecía enterarse de lo que pasaba. Funes estaba con Mecafé y con el secretario jurídico de la presidencia, Ricardo Marroquín.

Nadie del gabinete, incluidos sus más cercanos colaboradores, sospechaba que Funes iba a sancionar en tiempo récord el decreto. Esa noche, el secretario privado y Gerardo Cáceres intentaron hablar por teléfono con él, intentaron localizarlo por medio del servicio de mensajería instantánea de BlackBerry. Ninguno tuvo éxito. Se fueron a dormir con la incertidumbre de qué pensaba Funes sobre el decreto legislativo.

Las cabezas de las tres Secretarías que funcionan como manos poderosas de la presidencia, la Técnica, la de Asuntos Estratégicos y la de Inclusión Social, es decir, Segovia, Hasbún y Pignato, no fueron consultados en una decisión que a la larga significó una ruptura en el gabinete. Tampoco el secretario privado, Francisco Cáceres.

Al siguiente día, viernes 3 de junio, el ambiente en Casa Presidencial era de confusión y desazón. «A mí me consta que la gente de más alto nivel no supo nada sino hasta la mañana siguiente», recuerda un funcionario con oficina en la casa de gobierno. «Ni Gerry (Gerardo Cáceres) ni Chico (Cáceres) ni David Rivas (el secretario de Comunicaciones) sabían nada… la gente sentía que había sido un golpe de la oposición que había surgido en su propia casa», añade.

Este ejecutivo del gabinete dice no haber encontrado a nadie del gabinete que dijera que le parecía bien que Funes hubiera sancionado el 743. El Faro solicitó entrevista con Vanda Pignato para conocer su versión, dado que hay quienes le atribuyen duras críticas a la relación tan cercana que se ha forjado entre Funes y Mecafé. La secretaria de Inclusión Social respondió por escrito que se rehusaba a conceder una entrevista. Precisó que desde su cargo no tiene la injerencia que algunos le atribuyen. «Mis opiniones al señor Presidente sólo son en el ámbito de mi competencia y en los momentos que él tiene a bien solicitármelas», dijo.

La Secretaría Técnica de la Presidencia no respondió a la petición de entrevista que le hizo este periódico. El secretario de Asuntos Estratégicos, Franzi Hato Hasbún, prometió dar una entrevista después de la publicación de este reportaje. El presidente Funes no ha respondido a reiteradas peticiones de entrevistas.

La siguiente voz es de un funcionario de Casa Presidencial que se dice sorprendido y decepcionado por el presidente, pues también vivió la amarga mañana del 3 de junio, cuando supo de la sanción al 743 y de la forma en que Funes lo hizo.

 -El gabinete amaneció deprimido en todos los niveles, desde los ministros hasta los empleados.

 -¿Por qué nadie renunció?

 -Metió el germen en unas cabezas, pero nadie se atreve, no hay unidad, ni un líder, solo el presidente.

Se niega a dar más detalles porque estos lo delatarían y teme perder el cargo. Comenta que el gabinete está constituido por gente que tiene un compromiso individual, no con el FMLN, ni con Mauricio Funes. Un gabinete de lujo, que refleja el cambio que Funes prometió, pero que no trabaja como equipo.

Desde el 2 de junio, el consejo de ministros completo ha tenido una sola sesión de trabajo. El gabinete funciona cotidianamente a la sombra de las decisiones de dos personas: Hasbún y Segovia.

El presidente es consciente de lo que pasa. Fue consciente del 743. De hecho, a finales de junio, justo cuando lanzó la propuesta de reformas a la ley de procedimientos constitucionales, Funes convocó a gente cercana para intentar remediarlo. Parieron la propuesta que eliminaba el 743, pero que no fue bien recibida en la Asamblea.

El primer día de Funes como presidente, su mensaje de toma de posesión causó entusiasmo a muchos, por la expresión clara de ruptura con el pasado inmediato. «Errar es humano, pero evitar el error es, igualmente, un atributo de todos los hombres y de todas las mujeres. Y evitar el error comienza por no hacer lo que algunos hicieron mal en este país: gobernar para pocos, ser complaciente con la corrupción, temer y ser cómplice del crimen organizado, pactar con el atraso en todas sus formas de expresión», leyó con vehemencia ese 1 de junio de 2009.

Dos años después, buena parte de su partido y su gabinete le reclaman a escondidas por privilegiar los consejos de amigos como Mecafé y Herbert Saca. Están celosos de lo que consideran una verdad incontrovertible: que los tres se reúnen a discutir asuntos de gobierno en el Cifco. «Se echan los cinta azul», dice una persona que ha escoltado al presidente hasta el lugar. Cinta azul es la marca más exclusiva de la casa de güisqui Johnnie Walker. Una botella de ese licor cuesta en el mercado casi los 250 dólares.

Son las voces de una decepción que se disparó a partir de la aprobación del 743. Segovia, Hasbún y Pignato saben que esa cercanía con Gana y con uno de los más oscuros personajes de la administración Saca reflejan un cambio, saben que medio gabinete está asustado, pues ellos mismos han escuchado las expresiones de temor de los funcionarios sobre el rumbo del país y sobre quiénes toman las decisiones.

Uno de esos ministros que reclaman a escondidas explica por qué tras tanto descontento aún no hay renuncias. Es un ministro del FMLN que dice que no va a renunciar, pese a que no le gusta la sociedad con Gana ni la cercanía del presidente con Herbert Saca.

-He hablado con mucha gente de este gabinete y parecen los indignados. ¿Por qué no renuncian?

-La gente votó por un cambio. Los ministros creen que ese cambio no se expresa solo en el presidente.

-No entiendo.

-Imagina: ¿Qué pensarías si llega al Ministerio de Salud otra gente?

-¿Puede ser más específico?

-¿Te gustaría ver militantes de Gana y subordinados de Herbert Saca en el Ministerio de Salud? Por eso nadie va a renunciar. Cada uno cree que está haciendo algo desde su trinchera.

¿Golpe de Estado técnico en El Salvador?

“Este es un día trágico para El Salvador, para nuestro proceso de democratización. Estamos de luto. Nos presentamos como una república donde se pueden realizar golpes de Estado técnicos, porque anular el equilibrio de poderes, prácticamente cesando el funcionamiento del tribunal constitucional, no es ni más ni menos que un golpe de Estado técnico”.

Estas palabras no pertenecen a un bloguero exaltado o a un vocero de eso partiditos de ultraizquierda que en América Latina crecen como hongos. Son palabras pronunciadas por Sigfrido Reyes, el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, el llamado primer órgano del Estado. Reyes va incluso más allá: “Esto puede entrar en abierto conflicto con la Carta Democrática Interamericana que el país ha firmado, y justo en el momento en el que estamos albergando una Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA)”. Y una más: “Con lo consumado en las últimas horas, prácticamente la República queda en entredicho”.

Pero, ¿qué es esto que ha sucedido en El Salvador para que el presidente de la Asamblea hable así? Resumido en una frase, esto: el bloque de diputados de derecha –conformado por los partidos ARENA, GANA, PCN y PDC– confabuló con el presidente de la República, Mauricio Funes, para aprobar un decreto transitorio que en la práctica inhabilita la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Pero para entenderlo mejor, conviene contextualizar un poco: formalmente El Salvador es una democracia, con una legislación progresista en muchos ámbitos, pero arrastra un serio déficit de consolidación institucional. La Corte Suprema de Justicia no escapa a esta situación, pero en julio de 2009 pasó algo inesperado: llegaron a la Sala de lo Constitucional cuatro magistrados no amarrados a ninguna sigla política –algo extraño en El Salvador– y comenzaron a desempolvar buena parte de los expedientes que llevaban años engavetados porque afectaban a intereses sensibles (léase intereses de la influyente oligarquía y de los partidos políticos que canalizan sus demandas). Declararon inconstitucional la arbitraria y oscura reasignación de fondos entre los distintos ministerios, lo que incomodó al Gobierno; declararon inconstitucional unos artículos que permitían calumniar y difamar sin responsabilidad penal a los opinadores, lo que incomodó a los dueños y gerentes de los medios de comunicación afines al establishment; declararon inconstitucional la parte del sistema electoral que impedía el voto directo y las candidaturas independientes, lo que incomodó a todos los partidos políticos, sin excepción; y declararon inconstitucional un decreto legislativo que revivió los partidos PCN y PDC, que la ciudadanía hizo desaparecer en las urnas, lo que incomodó aún más a los partidos políticos, otra vez sin excepción. En definitiva, los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional llevan casi dos años desatascando una de las cloacas del sistema político salvadoreño, demasiado atrevido quizá para la aún renqueante democracia salvadoreña.

El jueves 2 de junio se cocinó lo que a juicio de Reyes es un golpe de Estado técnico. Los diputados de derecha aprobaron con dispensa de trámite una reforma legal para obligar a que las sentencias de la Sala de lo Constitucional se aprueben por unanimidad, conscientes de que el quinto magistrado es alguien de la vieja guardia, por decirlo de alguna manera, y con su voto evitará que sigan apareciendo declaratorias de inconstitucionalidad sobre todos los chanchullos inconstitucionales que durante años, durante décadas, se acordaron entre bastidores.

Pero en un país presidencialista como El Salvador, ese decreto era inviable sin el aval del presidente de la República. Funes no solo no vetó la reforma, sino que la sancionó el mismo día que se aprobó y reservó el espacio en el Diario Oficial para que entrara en vigencia de inmediato, sin tener que esperar los 15 días que establece la ley. Funes, el periodista que llegó al poder con la bandera del izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), sabía, validó y es parte sine qua non de la inhabilitación –en la práctica– de la Sala de lo Constitucional para los próximos dos años.

La nota anecdótica-jocosa de este atentado a la independencia de poderes la reveló el propio presidente de la Asamblea, Reyes, quien destapó que, por las prisas, el decreto legislativo que quiebra las alas a los cuatro magistrados se fue con un error de bulto: se presenta el país como la REPÚBUCA de El Salvador. “Su desesperación era tanta que ni siquiera se percataron de que le estaban cambiando el nombre a nuestra nación”, dijo Reyes.

Destapado el tarro de los despropósitos, todo esto está ocurriendo en vísperas de la 41ª Asamblea General de la OEA, que arranca este domingo 5 de junio en San Salvador, y que tiene como uno de sus platos fuertes la reincorporación de Honduras, dos años después de que en el vecino país ocurriera un golpe de Estado, militar en aquella ocasión.

(www.cronicasguanacas.blogspot.com)

El juez Velasco procesa a 20 militares de El Salvador por el asesinato de Ellacuría y cinco Jesuitas en el 89

  • Velasco decreta la busca y captura internacional de los 20 procesados
  • El magistrado les impone una fianza individual de 3,2 millones de euros

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado a 20 militares salvadoreños por los asesinatos del jesuita español Ignacio Ellacuría y otras siete personas, cinco de las cuales eran sacerdotes, que se produjeron el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

El magistrado, que ha adoptado esta decisión tras interrogar a un matrimonio que presenció los hechos, procesa en un auto dictado este lunes a los militares por ocho asesinatos terroristas y un delito de lesa humanidad o contra el derecho de gente.

Además, decreta la busca y captura internacional o la averiguación del paradero de los 20 procesados así como su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza en el caso de que se ejecute su entrega. Al mismo tiempo, les impone una fianza individual de 3,2 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles tras el juicio.

Además de a Larios, el juez procesa al entonces jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce (recientemente fallecido); el viceministro de Defensa Nacional, Juan Orlando Zepeda; el viceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano; el general Juan Rafael Bustillo; los coroneles Francisco Elena, Joaquín Arnoldo Cerna, Óscar Alberto León y Carlos Mauricio Guzmán; el comandante Carlos Camilo Hernández y los tenientes Héctor Ulises Cuenca y René Yusshy Mendoza.

La acción penal también se dirige contra el director de la Escuela Militar ‘Capitán General Gerardo Barrios’, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, que dio la orden de cometer los asesinatos, y siete miembros del batallón ‘Atlacatl’, que los llevó a cabo: el teniente José Ricardo Espinoza, el subteniente Gonzalo Guevara, los cabos Óscar Mariano Amaya y Ángel Pérez Vásquez, los sargentos Antonio Ramiro Ávalos y Tomás Zárpate y el soldado José Alberto Sierra.

«Desarmados y en pijama»

La resolución judicial detalla que la muerte de los jesuitas se produjo en un contexto de «intensa polarización» entre el Gobierno militar y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el cual los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes para un «proceso de diálogo» y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a «una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin».

La decisión de acabar con la vida de Ellacuría y el resto de jesuitas, cinco de los cuales eran españoles, fue adoptada por un grupo de oficiales de élite denomina ‘La Tandona’ y ejecutada por el coronel Benavides, que dio la orden a los miembros del batallón ‘Atlacatl’.

El asalto, que se llevó a cabo después de que los servicios de inteligencia alertaran de la supuesta presencia de un centenar de «terroristas» en la Universidad Centroamericana, se produjo cuando los sacerdotes, «algunos bastante mayores», estaban «desarmados» y se encontraban en «pijama», según confesó el sargento Antonio Ramiro Ávalos, alias ‘Satán’, que para participar en la operación tuvo que recordarse a sí mismo que estaban actuando contra «delincuentes» y eran sus «cerebros los que importaban».

Éste relató cómo el comandante Espinoza preguntó al soldado Óscar Mariano Amaya Grimaldi por qué no disparaba a los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró y Segundo Montes, que yacían en el suelo. Además, ‘Satán’ mató a Amando López y Juan Ramón Moreno y dio la orden de acabar con la vida del salvadoreño Joaquín López, del ama de llaves, Julia Elba, y de su hija Celina Mariceth, que murieron «parcialmente abrazadas». Tras los crímenes, otro de los soldados, Guevara Cerritos, escribió una pintada en la pared para atribuir la matanza a la guerrilla: ‘El FMLN ejecutó a los enemigos espías. Victoria o Muerte».

75.000 civiles muertos

El juez Velasco no llegó a imputar al ex presidente Alfredo Cristiani a pesar de que la querella, presentada por una religiosa carmelita hermana de uno de los fallecidos, también se dirigía contra él. En su auto especifica que los jesuitas asesinados sólo fueron «unos de los al menos 75.000 civiles desarmados que murieron en esta guerra, que fue mucho más violenta que los conflictos de Chile y Argentina«.

Velasco añade que un 85% de estas muertes «pueden atribuírseles al ejército y a las fuerzas de seguridad». «A pesar de estos antecedentes ningún oficial veterano había sido nunca condenado por violaciones de derechos humanos», señala.

De hecho, el magistrado hace referencia a un proceso judicial desarrollado en El Salvador que considera «defectuoso» ya que «terminó únicamente con dos condenas forzadas y la absolución de incluso asesinos confesos». «Tan increíble fue la sentencia absolutoria de los verdaderos asesinos, que el Gobierno español y los observadores norteamericanos presentaron cargos por manipulación del jurado», afirma.

A ello añade que los dos principales condenados, el coronel Benavides y el teniente Mendoza, fueron liberados después de 15 meses en prisión tras la aprobación de una Ley de Amnistía a pesar de que habían sido condenados a 30 años de cárcel.

El Cártel de Texis (elfaro.net)

Sergio Arauz, Óscar Martínez, Efren Lemus / Fotos: Frederick Meza

elfaro.net / Publicado el 16 de Mayo de 2011

Parte V: Epílogo

Domingo 15 de mayo de 2011. A las 7:40 de la noche realizamos la primera llamada. Marcamos el número celular de José Adán Salazar. Envía directamente al buzón de voz, pero no permite dejar mensajes. Marcamos al Hotel Capital, donde tiene su oficina, pero nos contestan que llegará hasta este lunes por la mañana. Desde entonces, marcamos a todos los teléfonos que obtuvimos de los principales mencionados en los informes. Fue imposible comunicarse con el alcalde de Metapán y con otros de los señalados en los documentos y por las otras fuentes. Dos comisionados, un ex director de la Policía y un diputado atendieron sus teléfonos. Todos aseguraron no saber nada de lo que les mencionamos. Dijeron no temerle a una investigación sobre su participación como colaboradores del Cártel de Texis. Estas fueron parte de sus respuestas.

Comisionado Víctor Manuel Rodríguez Peraza, jefe de la Delegación de Santa Ana: “De verdad desconozco de qué me está hablando, porque nunca he conversado con el señor Herrera. Es más, ni siquiera lo conozco. Lo ubico porque sé que estuvo de presidente de la Feria Ganadera, pero en ningún momento he entablado con él una relación de amistad. Jamás he conversado con él en ninguna reunión”, respondió, cuando se le relató el contenido de la investigación. Cuando se le mencionó que eran varios los informes que lo ubicaban como alguien que coopera con El Burro, volvió a negar, y agregó estar dispuesto a ser investigado: “Le repito, no tengo ninguna relación con el señor Herrera, me someto a cualquier tipo de investigación que en cualquier momento quisiera nuestra titular de la Policía ejercer (en clara referencia a Zaira Navas, la inspectora general de la PNC). Nunca he conversado con él. En caso saliera esa información me someto a cualquier tipo de investigación”.

Se le especificó que un informe de inteligencia policial lo ubicaba en un restaurante reunido con El Burro, en referencia a la información de que el 14 de julio de 2010 fue visto en el Lover’s Steak House de Santa Ana junto a la subinspectora Nataly Pérez Rodríguez y la ex gobernadora de Santa Ana, Patricia Costa de Rodríguez Bou, conversando con El Burro sobre la necesidad de sacar de la zona al jefe regional de occidente, el comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas. Rodríguez Peraza contestó: “Jamás he estado en un restaurante con el señor Herrera que usted menciona”.

Reynaldo Cardoza, diputado del Partido de Conciliación Nacional (PCN) por Chalatenango: su primera reacción al mencionarle que aparecía en los informes y en las declaraciones de los informantes como aliado del Cártel de Texis fue de sorpresa: “¡Qué raro ese volado! Al alcalde de Metapán claro que lo conozco, pero nomás porque es alcalde del partido, pero que yo sepa que anda relacionado en alguna cosa de esas, ni idea. Déjeme decirle que las investigaciones que las hagan, que las hagan correctamente, porque es bien feo que lo estén involucrando en estas cosas, no sé si será tema político y están siguiendo la corriente de lo que está pasando actualmente en el partido, o qué será el interés de sacar esta publicación. ¿Y lleva nombres y apellidos y todo?”, preguntó.

Luego se le mencionó que según la lógica de la información, un diputado como él era importante para el cártel por el nivel de información e influencias que maneja. Volvió a negar: “Por eso, pero donde usted me está diciendo acceso a los altos círculos de información, eso me implica de que como si yo estuviera dando información a estas redes… No entiendo cuál es el involucramiento, tienen que tener alguna evidencia clara para que a mí me estén… y me involucren y me saquen en una publicación de este tipo. De lo contrario, de lo contrario… Si a mí me investigaron por tráfico ilegal de personas, me detuvieron, y el tema se llevó en tribunales, de otra cosa ni sé, ni estoy involucrado dando información a ninguna persona, mucho menos en vínculo con tráfico de drogas y de ganado, me parece sorprendente”.

Aseguró tener algún conocimiento de José Adán Salazar. “¿Es el dueño del FAS?”, preguntó. José Adán Salazar fue propietario del Metapán, equipo de la primera división del fútbol salvadoreño.

Acerca de Roberto «El Burro” Herrera, dijo no conocerlo de nada, y justificó: “Yo, antes de la política, tuve un caballo de escuela, un caballito humilde, yo visité la feria (ganadera) de Santa Ana, yo era amigo de Horacio Ríos (ex diputado del desaparecido Partido de Acción Nacional), de muchos amigos que han andado en eventos de estos de jaripeo, pero que esté en alguna reunión privada con alguna gente de esas es totalmente imposible. Que haya llegado y le haya dado la mano a alguien eso es común de un político”.

Finalmente, hizo un llamado y volvió a negar enfáticamente su vinculación con actividades delictivas: “Para eso están los entes de investigación, que las hagan (las investigaciones), que no me quieran vincular por casos políticos, porque no sé… No se acepta, o que se quiera que por la imagen y el trabajo que he hecho en el departamento quieran comenzar a  vincularme con otra cosa, pueda ser diferente. De lo contrario, estoy totalmente dispuesto a que hagan las investigaciones y las sigan haciendo… uno cuando no anda metido en ni mierda nada tiene que temer”.

Comisionado Fritz Gerard Dennery Martínez, jefe de la División Antinarcóticos de la Policía: Los informes de inteligencia policial dicen que el actual jefe de la División Antinarcóticos de la Policía se reunió con Roberto “El Burro” Herrera y otras personas  en la Hacienda El Rosario, ubicada sobre la calle que de Metapán conduce hacia Texistepeque. “No me he reunido con ellos”, fue su primera respuesta. Y luego cuestionó: “Si es información de inteligencia, sus fuentes deben ser responsables ante esa información, que saquen pruebas si es que las tienen y que dejen de estar queriendo dañar imágenes de personas que somos trabajadoras. No me causa ninguna importancia esa información”.

A la pregunta de si conoce o guarda amistad con Roberto Herrera respondió: “Yo no soy de Texistepeque, soy de Santa Ana y a quien conozco de vista porque es de Santa Ana es al señor Herrera, verdad, ya de ahí que digan sus fuentes, que saquen la información, algo que a mí no me quita el sueño porque no he tenido ningún tipo de reunión. Lo conozco (a Herrera Hernández) como de seguro lo conoce mucha gente en el departamento de Santa Ana”.

Al jefe de la DAN se le intentó preguntar cuál ha sido el seguimiento o las diligencias de investigación que se han realizado contra José Adán Salazar Umaña, señalado por la inteligencia policial desde el año 2000. “Debería ser en persona su entrevista, ¿cómo sé que es de El Faro la persona que habla? No le voy a seguir contestando porque no sé si es usted o no es. Pida una entrevista y con gusto se la conceda en mi oficina”.

José Luis Tobar Prieto, director de la PNC de septiembre de 2008 a junio de 2009: La Policía lo señala en dos de sus informes como alguien que coordinó operaciones con «El Burro» Herrera, pero el ex director asegura que no conoce ni por el nombre ni por el apodo a la persona que le mencionamos. La conversación fue corta:

“Informes policiales lo vinculan a usted particularmente a Roberto Hernández, alias el Burro, un señor investigado como parte de estructura criminal que opera en el occidente del país”, le dijimos. “Primero que nada», respondió», «no conozco a ese señor que está mencionando. Segundo, que tienen que ser muy cuidadosos en el sentido de vincular a una persona, particularmente a mí, con una persona que no conozco”.

“¿No le suena nada el nombre de Roberto Antonio Hernández, El Burro, o José Adán Salazar?”, insistimos. “Por eso les digo», siguió, «ustedes tienen que ser cuidadosos. Primero, no conozco a la persona, ni por el nombre ni por el apodo que me está dando; y, segundo, porque puedo tomar mis acciones legales”, contestó.

El Cártel de Texis IV (elfaro.net)

Sergio Arauz, Óscar Martínez, Efren Lemus / Fotos: Frederick Meza

elfaro.net / Publicado el 16 de Mayo de 2011

Parte IV: Los policías que llevan coca

Metapán resplandece. Pareciera que el sol está más cerca del pavimento que en otras ciudades. Ciega. Metapán parece de día un gran mercado, al menos su centro, que no es sino unas callejuelas empinadas que desembocan en la carretera que lleva de Santa Ana hacia la frontera de Anguiatú, al norte del lago de Güija. En todas ellas, el comercio bulle, se toma las aceras. Hay ventas por todas partes. Comida, ropa, granos, artículos agropecuarios. Metapán se viste de ciudad fronteriza de Centroamérica.

Al llegar al hotel San José, contiguo a la carretera hacia Guatemala, nos atiende una amable recepcionista, que se despereza cuando suena la puerta que se abre.

—¿Tiene habitaciones?

—Sí.

—¿Dobles?

—Sí.

—¿No suele estar ocupado este hotel?

—Casi no, ahorita solo dos habitaciones tengo ocupadas.

El hotel, uno de los seis de Chepe Diablo, tiene cinco plantas, y cerca de 40 habitaciones. Es normal su desocupación. El costo de la habitación doble roza los 50 dólares en una ciudad acostumbrada a dar alojamiento a camioneros que no viajan con grandes fondos.

Si bien el Cártel de Texis no se descubre como uno de los más violentos de Centroamérica, esta es su ciudad de control por excelencia, su base de operaciones, y también la que ha sido testigo de que este tipo de negocios inevitablemente siembran corrupción y violencia a su paso. Eso consignan los tres informes.

Todos los informes y todos los informantes hicieron énfasis una y otra vez en que la subdelegación policial de esta ciudad pertenece a Chepe Diablo.

En una ocasión, mientras tomábamos un café, le pedimos a El Comisionado que nos contactara con algún agente de su confianza dentro de esta subdelegación. Cuando nos volvimos a reunir, luego de la semana que nos pidió para buscar un perfil como el que le pedimos, su respuesta fue contundente.

—No puedo recomendarles a ninguno.

La violencia, por otra parte, demuestra que el trabajo de funcionario municipal puede ser muy riesgoso en este municipio.

El 1 de diciembre de 2007, Bertín Valle Marín, síndico de la Alcaldía de Metapán, murió de un disparo en la cabeza. La información publicada en los periódicos, basada en lo que dijeron los policías del lugar, resume su asesinato así: dos hombres borrachos se agarraron a tiros en medio de un jaripeo de un cantón sin nombre de Metapán, y Bertín recibió una bala que no iba para él. Pero el Informe Secreto agrega algo que no apareció publicado en las noticias de esos días: dice que durante la investigación del asesinato, el actual alcalde, Juan Umaña, se empeñó en desvirtuar la hipótesis de que se trataba de rencillas entre narcotraficantes.

Ocho meses después, el 4 de agosto de 2008, el síndico que ocupó el puesto dejado por Bertín, fue secuestrado a plena luz del día y en su propio carro, luego fue llevado a un predio de un caserío de Metapán, donde le dispararon 13 veces. Israel Peraza Díaz también era pecenista.

Dos muertos a plomo en menos de un año. Dos síndicos. Y en realidad no eran las únicas víctimas de violencia vinculables a la estructura de Chepe Diablo o a las de sus socios. Tres semanas antes del secuestro y asesinato del síndico, el amigo de Chepe Diablo y alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, fue atacado a balazos en una zona muy peligrosa de su municipio. Eran las 8 de la noche cuando iba con tres de sus guardaespaldas en una calle oscura del cantón San Jerónimo. El tiroteo fue de tres contra dos. De tres guardaespaldas que se enfrentaron a dos atacantes resultó muerto uno de los hombres del alcalde. Este transitaba en un camino conocido como “punto ciego”, en San Jerónimo, uno de los lugares clave para la ruta controlada por este cártel.

Y eso no era todo. Dos años antes, el antecesor del alcalde Juan Umaña no había logrado sobrevivir a un atentado. El 4 de julio de 2006, Gumercindo Landaverde, amigo de Chepe Diablo y vinculado en los informes al Cártel de Texis, fue atacado por dos mujeres y un hombre que actuaron como sicarios. Esto ocurrió en la ciudad de Santa Ana y según los tres informes y El Detective, las dos mujeres eran pandilleras que pertenecían a una red de sicariato.

Cuando en una conversación preguntamos a El Detective por este asesinato, no dudó en responder que creía que había sido el mismo Chepe Diablo quien había ordenado su muerte debido a rencillas sobre la manera de manejar los traslados de cocaína. Días después, nos entregó otro anexo de Inteligencia Policial, donde se apuntaba el caso.

En el anexo, un informante declaró que el ex alcalde de Metapán, Gumercindo Landaverde, fue asesinado tres días después de terminar su periodo por órdenes de la estructura de Chepe Diablo y El Burro. El informante dijo que el alcalde habría proporcionado información de transacciones de drogas a un oficial de la Policía, que la estructura se dio cuenta y decidió ejecutarlo.

—El señor Gumercindo tenía conocimiento de planificaciones de la estructura, de embarques de drogas en la zona de Metapán, las cuales provenían de Guatemala -agrega el texto oficial.

El Primero y el Segundo Informe ya ubicaban al fallecido como uno de los miembros de la estructura. Gumercindo Landaverde fue alcalde por Arena durante dos períodos consecutivos, y ya era investigado por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito en 2005. La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia detectó que en un año este alcalde incrementó en 500,000 dólares su patrimonio, y esto fue punta de lanza para que la Fiscalía abriera un expediente.

El Burro está siendo investigado por el homicidio de Abel Padilla. Uno de los anexos del Segundo Informe dice que el  14 de agosto de 2008,   El Burro “ordeno el asesinato del señor, Abel Padilla”. Los investigadores explican en el documento que Abel Padilla  perdió dos kilos de cocaína y que nunca canceló al Burro el dinero que valía esa cantidad de droga.

Unos baleados, otros secuestrados y asesinados, y otro de ellos preso. El récord de los funcionarios de Metapán augura trágicos destinos para sus cargos más altos.

El 25 de marzo de 2009, la División Antinarcóticos de la PNC arrestó a Amadeo Figueroa Morales, quien había sido elegido el 18 de enero de 2009 para integrar el concejo municipal de Metapán, representando al PCN y acompañando al alcalde Juan Umaña. El operativo de captura fue realizado en la colonia Jardines de Metapán. Junto al concejal también fue arrestada su esposa, Sonia Haydeé Mira de Figueroa. Ella es parte del núcleo cercano del alcalde de Metapán. Su hermana está casada con el hijo del alcalde, Wilfredo Guerra. En la casa de Amadeo y Sonia les decomisaron 2.42 kilogramos de cocaína, valorados por la Policía en 71,000 dólares. A Figueroa lo acusaron de tener tres años de dedicarse al comercio de drogas, y fue condenado a 12 años de prisión el 28 de octubre de 2009.

Jueces regionales, concejales, alcaldes y pandilleros, todos forman parte de esta red compleja según los informes y los informantes consultados. Y, como eslabón último de la cadena, las hormigas necesarias para hacer de este paso de la cocaína por El Caminito una ruta efectiva: algunos policías de la subdelegación de Metapán.

La corrupción, como bien lo saben los altos cargos policiales con los que hablamos, es una regla asumida entre los agentes de esta zona. Se refieren a esa corrupción baja, normalizada, la misma que tiene un policía que acepta mordida para dejar ir a un infractor de tránsito.

—A la mayoría, los contrabandistas que llevan ganado o mercancía sin declarar les dan 10 o 20 dólares porque los dejen pasar o no los revisen, eso así funciona –nos dijo en una de las conversaciones El Comisionado.

Esos son la mayoría, la base con la que opera la minoría, los que sí trabajan orgánicamente con el Cártel de Texis. Estos otros policías de la ciudad, identificados con nombre y apellido por los tres informes y los tres informantes, son señalados como encargados de librar de retenes el paso de los grandes cargamentos, e incluso de transportar ellos mismos la cocaína hacia los puntos de intercambio con los guatemaltecos.

Es de noche en Metapán, y salimos de un bar cuando pasa frente a nosotros, con lentitud, un pick up Nissan Frontier negro. Los hombres que van dentro nos observan con detenimiento y luego aceleran la marcha. Todo parecería normal si los hombres en ese carro sin identificación no fueran policías. Todo parecería normal si antes no hubiéramos conversado con nuestro informante que salió de la subdelegación.

Gracias a una serie de coincidencias, un policía radicado por ahora en otra zona del país, que prestó servicio recientemente en Metapán, comentó ante un reportero de este medio algo relativo a Chepe Diablo. Nadie había preguntado nada al policía sobre el tema. El colega, conocedor de nuestra investigación, se acercó a él, hablaron largamente, y él aceptó recibirnos con la condición de que no reveláramos su nombre ni su ubicación.

Una tarde calurosa, hace unos días, nos sentamos con el policía que, ante nuestra sorpresa, nos recitó los nombres de sus compañeros que aparecen mencionados en los informes que este agente nunca leyó. El policía se explayó en detalles.

—Mire, esto está bien organizado en Metapán, que es de lo que le puedo hablar, pero también uno de policía se entera de dónde viene esto. Desde arriba. Venía desde los comisionados de la zona, que generaban el encubrimiento del tráfico de armas, droga y ganado. Ahí estaba la comisionada Corina Palma, que permitía todo esto.

Empezó fuerte. Según este agente, todos los policías que han trabajado en Occidente saben cómo se mueven los hilos de la zona. En febrero del año pasado hubo muchos movimientos dentro de las jefaturas de occidente, uno de esos fue el de la comisionada Zoila Corina Palma, de 54 años, que ahora desempeña un cargo administrativo, cerca de papeles y lejos del terreno. Desde el 17 de febrero de 2010 es jefa de la Secretaría General de la PNC. Antes fungió como jefa regional de occidente. A ella no solo la menciona el policía que trabajó bajo sus órdenes, sino también un anexo a los informes policiales que asegura que despejaba rutas, recibía “grandes sumas de dinero” y proporciona información a la estructura de El Burro.

Muchas voces dentro de la institución aseguran que este es el mecanismo con el que la PNC se defiende de sus altos cargos sospechosos de corrupción. A falta de una Inspectoría fuerte y vinculante, por falta de voluntades políticas, optan por remover a las manzanas podridas de donde más daño causan. Esa, según nos informaron altos cargos policiales, fue la estrategia que utilizaron con la comisionada Palma y el subinspector José Alfonso Mata Portillo, el que es acusado por sus compañeros de haber ayudado a Medio Millón a escapar del cerco policial que le tendieron en Nueva Concepción. En la jefatura policial parece haber una filosofía clara: si no puedes deshacerte de los que sospechas, mantenlos cerca, para saber qué hacen.

—¿Quién es el encargado de la logística del traslado de la cocaína en la subdelegación de Metapán? —preguntamos a nuestro informante.

Sin dudar, mencionó un nombre que aparece en el Informe Secreto.

—El cabo Cástulo Enrique Morán Jiménez. Ese tipo se ha quedado encargado de estar apoyando la red en Texistepeque, Metapán, San Antonio Masahuat y Santa Rosa Guachipilín.

Agregó a la lista de nombres el de la alcaldesa de San Antonio Pajonal, Silvia Echeverría, en calidad de “aliada”.

—La red así opera, hay gente grande arriba que no más sepan de esta publicación nada les cuesta dar una orden.

Cada conversación con un informante agrega nombres a la lista. La red es grande, compleja, enraizada en el occidente del país. En este texto solo se han mencionado los nombres de quienes al menos dos fuentes de información que no pudieron haberse coordinado mencionaron. En el caso de la alcaldesa del partido Arena en el fronterizo San Antonio Pajonal, El Detective había mencionado su nombre antes de que conversáramos con el policía. Una alcaldesa de un pueblito fronterizo no transporta cocaína, necesariamente. Su función, nos dijo el policía, se reduce a saber y dejar hacer, a extender permisos de entrada y salida de mercancías al país, a facilitar bodegas y dar información. Otros, como el cabo Cástulo, son señalados en el Informe Secreto como operadores directos en el traslado de la droga.

A la pregunta de quiénes son los hombres de confianza de Chepe Diablo y dónde operan, el Informe Secreto respondió. “Se tiene conocimiento de algunos colaboradores, como Bernardo Antonio Cruz Baños y Cástulo Enrique Morán Jiménez, de la subdelegación de Metapán, colaboradores del alcalde”.

Ninguno de los jefes policiales con los que conversamos negó que estos agentes participaran en la red. Por el contrario, uno de ellos validó la información.

—Ahí operan los narcotraficantes en la zona del Valle de Los Quijada, San Jerónimo… Y no crean que la pasan los señores traficantes en sus vehículos de último modelo. ¡La pasa la Policía! Si hubiera una investigación sabrían que los alcaldes le han conseguido vehículos sin logo de la Policía a las diferentes subdelegaciones. La de Metapán y el puesto de San Jerónimo tienen vehículos sin logo, son pick ups Frontier negros y polarizados. Cambian droga por ganado, traen ganado de Guatemala a veces y van a entregar la droga en esos carros.

Según este policía, los pick ups regalados por la municipalidad, como el que vimos pasar frente a nosotros, sin logo alguno, son perfectos para operar. Sirven para no ser tan identificables como miembros de la institución. Continuó explicando que algunos policías, coordinados por Baños y Morán, ubican retenes vehiculares en las vías que vienen de puntos ciegos de la frontera con Guatemala, como El Valle de los Quijada o San Jerónimo. Lo hacen cuando sus compañeros van a entregar la droga del Cártel de Texis a los guatemaltecos, que muchas veces les pagan con “dos o tres camionadas de ganado”. Los retenes son ubicados para garantizar que nadie se interponga en el camino de la droga que va y el pago en reses que vuelve. Y, claro, como dijo nuestro informante, para “hacer la paja de que vigilan”. Todos los señalados como líderes del Cártel de Texis son asiduos a jaripeos y ranchos ganaderos. Roberto “El Burro” Herrera incluso fue presidente de la Feria Ganadera de Santa Ana.

—Si un agente llega a decomisar una camionada de esos animales, inmediatamente le buscan la baja, el traslado o le buscan otro problema para que no vuelva a intervenir –explicó el policía.

—¿Y cómo reclutan a la gente?

—No es que anden ofreciendo trabajo, sino que es una estrategia política, si quien supervisa te lleva a eso, a que recibas mejor unos 10 o 20 dólares por cada camión que dejes pasar sin las cartas de venta o la guía, porque él sí recibe un buen dinero por mantener así la dinámica. Imagínese que el cabo Cástulo es el supervisor de retenes. Él mismo va a hacer entregas a los puntos ciegos, a entregarla a los chapines.

—¿Y quién les entrega la droga a los policías de Metapán?

—La vienen a dejar en vehículos chatarreros, de los que llevan chatarra, pick ups o camioncitos, y ahí la meten en los Frontier, que son todoterreno, y que sí se pueden meter en los puntos ciegos. Ahí pasan granos, droga, armas y ganado, y lo digo porque yo lo he visto, porque yo he estado ahí.

—¿Y cómo le pagan a estos policías como el cabo Cástulo Morán?

—Les compran casas en otro lugar. Por ejemplo a este cabo Cástulo le han comprado una casa en Chalchuapa, ubicada al norte de la pirámide El Tazumal, y una finquita en la zona de La Magdalena, rumbo a El Coco, así es como esta gente le paga a los que andan de lleno. A los que no saben, les basta con los 10, 15 dólares que les dan los de los camiones.

El sistema de pago a los funcionarios que se prestan como piezas del engranaje del Cártel de Texis es algo que nos confirmaron El Detective y El Comisionado. Esta manera de retribuir a los amigos es también una de las más difíciles de comprobar, ya que rara vez las propiedades se inscriben a nombre del propio cómplice. Se suele utilizar algún pariente.

Fin del viaje

Venimos del núcleo urbano de Metapán. Estamos en otra calle de polvo parecida a la de San Fernando, pero en terreno llano, sin montañas. Nos adentramos en los puntos ciegos que rodean la ciudad. El investigador de la División Especializada de Crimen Organizado que regañó al soldado de San Fernando ve para todos lados. El Detective saca su pistola. Por cada cambio de velocidad, la cacha de su arma recibe una caricia de la palanca. Saben que hay ojos que vigilan estas terracerías, y están nerviosos.

—Aquí agáchense, estamos en terreno peligroso —bromea el investigador, para distender el ambiente.

—Cerca de aquí fue que le dispararon al alcalde de Metapán —agrega, esta vez serio, El Detective.

Estamos pasando por Ostúa, un diminuto caserío que recibe a sus visitantes con una pared que sirve de letrero para quien quiere marcar dominio de la zona. “MS13”, dice la mancha que firma El Demonio. Cada letra es del tamaño de una persona. La pared pertenece a lo que parece la tienda más grande del caserío.

El Sargento con el que hablamos en Santa Rosa Guachipilín nos había hablado de que aquí vive Óscar, El Coyote, uno de los miembros de la red que opera en territorio de Chepe Diablo. Nos mencionó ese nombre para explicarnos cómo la gente que anda en esto gana buen dinero.

—Vean la casa que tiene –nos dijo-, tiene piscina y un bar solo para él.

Es la única referencia que tenemos de este caserío repartido a la orilla de un polvoriento camino por el que transitamos sin meternos en los callejones de tierra a buscar la mansión de Óscar, El Coyote. En el mapa de la droga, Ostúa aparece como uno de esos puntitos por los que hay que pasar antes de llegar a Guatemala sin necesidad de toparse con Migración y Aduanas. En un mapa oficial de El Salvador no aparece como paso fronterizo.

Está oscureciendo, y el camino por el que vamos recibe a otro carro. Va despacio, a la velocidad de una patrulla policial que hace una ronda de vigilancia.

El investigador anota el número de placas del único carro que apareció en el camino que conecta Ostúa con San Jerónimo, otro punto ciego utilizado por el Cártel de Texis. El investigador está atareado pidiendo a la central policial las referencias de la matrícula. Es la primera vez que ocupa su radio en el recorrido que ha durado ocho horas. Dice que los tres hombres que van en ese viejo automóvil son sospechosos.

—Creo que son pandilleros —nos dice, mientras alista una subametralladora que apareció en sus manos instantáneamente.

Estamos a media hora de llegar al punto ciego de San Jerónimo, el último de los puntos clave de El Caminito, donde el Cártel de Texis pasa la estafeta a los narcos de Guatemala, a los del departamento de Jutiapa. El carro con los tres hombres acelera repentinamente, nos deja atrás y sigue con rumbo a San Jerónimo. El Detective no quiere seguirlos, olfatea peligro.

—Vámonos, aquí no es bueno andar de noche —ordena.

Esta es la calle que lleva a San Jerónimo, a un paso de la frontera con Guatemala y por donde atacaron a balazos al alcalde de Metapán, Juan Umaña.
Esta es la calle que lleva a San Jerónimo, a un paso de la frontera con Guatemala y por donde atacaron a balazos al alcalde de Metapán, Juan Umaña.

El Cártel de Texis III (elfaro.net)

Sergio Arauz, Óscar Martínez, Efren Lemus / Fotos: Frederick Meza

elfaro.net / Publicado el 16 de Mayo de 2011

Parte III: El manto protector del Cártel de Texis

Hace apenas dos semanas tuvimos la ocasión de sentarnos a charlar detenidamente con el subdirector de investigaciones de la PNC, el comisionado Howard Cotto. Llegamos a él con la duda que carcome a El Detective. Aunque ya teníamos una noción de cómo es que el Cártel de Texis logra seguir operando luego de más de 10 años de pistas que entran y salen de todos los despachos de los altos funcionarios vinculados al tema de seguridad. Necesitábamos escuchar qué respondía la institución encargada de combatir el crimen junto a la Fiscalía.

—Mire, lo que de verdad no entendemos es por qué no los procesan judicialmente —le comentamos.

—Vaya, le voy a contar una experiencia, tal vez así entienden. Hace un tiempo realizamos un operativo para secuestrar archivos documentales de uno de los miembros de esta estructura… Esto no es caricatura, la Policía tiene bien claro que obtener una orden de cateo en todo occidente es casi imposible. ¡Si supiera la amistad con ellos que tiene el juez más importante de ahí! El caso es que logramos obtener una orden de allanamiento a través de otro juez. Entramos a muchas propiedades y encontramos armas de guerra que no podía justificar. Hoy anda prófugo. Les cuento esto porque también encontramos otra sorpresa: este señor tenía en su casa una gorra que, por el identificativo, solo podía haber pertenecido a un director de la Policía.

El dueño de la casa donde la Policía encontró 13 armas, entre ellas dos de uso privativo de la Fuerza Armada y granadas, en abril de 2010, se llama Leonel Sandoval Villeda, y está prófugo y con orden de captura internacional girada por la Interpol. Sandoval Villeda se fugó luego de que el juez tercero de instrucción de Santa Ana le otorgara libertad bajo fianza de 100 mil dólares. Sandoval Villeda pagó la fianza, pero nunca volvió a presentarse.

Aunque lograron obtener orden de allanamiento con otro juez, la treta al final no pudo impedir la huida de Sandoval Villeda. Y el “importante juez” al que se refirió el jefe policial se llama Tomás López Salinas, un funcionario que ya es investigado por la Corte Suprema de Justicia por dejar en libertad a una banda de traficantes de personas. El Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia tiene el expediente del juez Salinas en la lista de los cinco casos más graves por resolver.

A finales de 2010, Salinas, juez especializado de instrucción de Santa Ana, dejó libres a nueve personas acusadas de integrar una red de tratantes, dos de ellas acusadas además de violar a una niña. En síntesis, el razonamiento del juez fue que los acusados fueron víctimas de engaño por una menor de edad que deseaba prostituirse.

El Detective, El Comisionado y Cotto coinciden en algo: en que los narcos de occidente han estado actuando con total libertad en gran parte porque los esfuerzos investigativos incluso a nivel judicial se metieron en oriente, en el caso de Los Perrones.

Intentamos conocer sobre las diligencias que ha realizado la Fiscalía General de la República en occidente. El 1 de febrero pasado pedimos una entrevista con fiscales de la División Élite contra el Crimen Organizado y la Unidad Antinarcotráfico. Además, pedimos entrevistas con los fiscales que, en la etapa de vigilancia penitenciaria, han dado seguimiento a la condena que se le impuso al concejal de Metapán Amadeo Figueroa Morales. Al cierre de esta nota, esa institución no ha resuelto sobre las tres peticiones de información.

Los personajes vinculados al Cártel de Texis se ven constantemente involucrados en hechos que siguen llamando la atención de la Policía, pero esto no parece traducirse en investigaciones desde la Fiscalía. Ejemplos llamativos sobran: el 16 de noviembre de 2010, José Salvador Cardoza, ex diputado del PDC por Chalatenango y mencionado por nuestros tres principales informantes como cómplice del Cártel de Texis, sufrió un secuestro e intento de asesinato. José Salvador Cardoza es primo de El Rey, Reynaldo Cardoza, el diputado por el PCN.

—¿Los señores Cardoza operan juntos? –preguntamos al jefe policial.

—Cada uno anda en lo suyo, pero los dos son gruesos. Les decía, a Salvador lo secuestraron, le quemaron el carro, no lo mataron porque no quisieron. Le dispararon un balazo en cada pierna, por las nalgas. ¿A quién le pasa eso?

Este atentado ocurrió en un municipio perdido de La Unión, Nueva Esparta. El ex diputado del PDC andaba esa vez con Alfredo Portillo Portillo, hermano del alcalde de Texistepeque. Este hecho, que durante uno de nuestros encuentros El Detective nos relató, aparece consignado en el Informe Secreto. El informe agrega que Cardoza sufrió el atentado cuando supuestamente supervisaba los trabajos de una empresa constructora de su propiedad.

Los hechos hablan de las dificultades para judicializar a los narcos de El Caminito. Sin embargo, fue un documento que recibimos casi al final, un último informe macro que describe los puntos de encuentro del Cártel de Texis con otras estructuras similares, el que nos dejó claro cuán difícil es para la Policía hacer de este conocimiento prueba judicial.

En la parte de recomendaciones para operar contra esa red de cárteles salvadoreños, los policías de inteligencia se dirigen a sus jefes en una especie de lista de deseos que devela lo que de momento no tienen.

Ahí se pide un equipo especializado en homicidios, tráfico de personas, lavado de dinero y activos y contrabando de mercadería. Se pide que ese equipo esté fuera de cualquier puesto policial y que se entienda solo con el Subdirector de Investigaciones, a fin de evitar la filtración de información. Se pide un grupo selecto de fiscales y el involucramiento del ministro de Justicia y Seguridad, el director de la PNC y el mismo presidente de la República.

La realidad dista mucho de la situación requerida. La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, por ejemplo, cuenta con solo dos fiscales en todo el país.

Ahí donde se suma la pandilla

El camino que inició en el pueblito fronterizo de San Fernando, que bajó hasta Dulce Nombre de María, que a 15 minutos de carro se convirtió en la flamante autopista de Fomilenio, llega a su punto de quiebre en otro municipio de suelo de adoquines y techos de teja: Nueva Concepción.

Este municipio que también tiene acceso por la nueva carretera de Fomilenio tiene casi 30,000 habitantes, y es la puerta de salida que el Cártel de Texis utiliza para dejar Chalatenango y entrar al departamento de Santa Ana.

Nueva Concepción es el lugar donde el paradigma de operación de los cárteles centroamericanos se rompe. En Guatemala y Honduras, las familias de narcotraficantes han optado por deshacerse de los pandilleros de las dos grandes organizaciones, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. En departamentos neurálgicos del narco de Guatemala, como Alta Verapaz o San Marcos, los pandilleros han sido expulsados por las familias dominantes, bajo amenazas de muerte. En Nueva Concepción, bajo este modelo horizontal de los cárteles salvadoreños, el que tiene control de una zona, tiene carta para participar del negocio, sea pandillero, empresario o policía. En Nueva Concepción, el control del crimen lo tiene la Mara Salvatrucha, y más concretamente uno de sus más poderosos “programas” nacionales que tiene vínculos hasta Estados Unidos: se trata de los Fulton Locos Salvatrucha, y todos señalan como uno de sus cabecillas a un prófugo llamado José Misael Cisneros Recinos, el conocido como Medio Millón.

Todos los informes coinciden en este nombre, a quien mencionan como representante de su pandilla en la organización dedicada al traslado de la cocaína

“Es importante mencionar que, en la relación Chalatenango-Santa Ana, esta estructura se vincula con el narcotraficante Misael Cisneros, quien el 15 de septiembre de 2010 escapó de un cerco policial que pretendía capturarlo en Nueva Concepción. Se considera que además de traficar cocaína, también abastece de armas a pandillas de la zona y posee acercamientos con mandos locales de la PNC”, dice el Informe Secreto.

A diferencia de los otros documentos, que lo ubican como miembro activo de la MS, este último lo deja en el grado de socio.

Respecto a cómo es que Medio Millón logró burlar un operativo policial que se venía planificando desde hacía meses, todas las fuentes con las que hablamos señalan como culpable a un subinspector activo: José Alfonso Mata Portillo, quien hasta febrero de 2010 fue jefe de la subdelegación de Dulce Nombre de María. De él dicen que fue quien, gracias a la relación que cultivaron cuando operaban en municipios vecinos avisó a Medio Millón de los detalles de la investigación en su contra. Mata Portillo es ahora jefe de la subdelegación de Ciudad Delgado, en el Área Metropolitana de San Salvador.

El Detective nos anexó un documento sobre el perfil de este subinspector. En 2010 su reporte de ingresos fue de 118,879 dólares. El mismo documento policial contiene las placas de los 28 vehículos que supuestamente están a nombre de Mata Portillo, entre ellos varios furgones y tractores. Este anexo cierra con una conclusión:

“Presenta irregularidades en sus declaraciones tributarias. Sus costos y gastos declarados son desproporcionales a sus ingresos”. Desde la jefatura policial no nos dieron un monto exacto, pero nos aseguraron que, en el caso de que reciba bonificaciones extras, no podría sobrepasar los 1,200 dólares mensuales libres de impuestos y descuentos.

Nueva Concepción es de esos lugares que aparentan sosiego y esconden secretos que son susurrados por todos, pero que al ojo inexperto son imperceptibles.

Hacemos una pausa en el recorrido por El Caminito, nos detenemos un momento para conversar con el jefe policial del municipio. El subinspector Quijano Aguilar tiene menos de un año como jefe de este complejo municipio perdido entre llanos secos, una autopista de lujo y cerros de vegetación tostada. Su respuesta era la obvia, que sabe poco, que aún se está enterando, que cree que Medio Millón sigue por la zona -pues sigue dando órdenes a los pandilleros-. Eso sí, cuando le preguntamos cuántos pandilleros podía haber en este pequeño lugar, su respuesta nos dejó muy claro por qué el Cártel de Texis tuvo que asociarse con la Mara Salvatrucha.

—Calculamos que la clica (Fulton Locos Salvatrucha) es de unos 200 muchachos con armas aquí en Nueva Concepción, casi todos ellos ubicados por nosotros.

No se refería al “programa”, sino solo a la clica, al grupo local de este municipio. Una clica grande, importante, suele tener a unos 50 miembros, aún cuando operen en zonas claves de la capital. En este rural punto de quiebre de El Caminito, la pandilla ha decidido cuadruplicarse.

Una potencia que no solo se demuestra en número de miembros, sino en capacidad armada. A las 5 de la mañana del pasado 3 de mayo, un operativo de la 4a. Brigada de Infantería y Descatamento Militar Número Uno, en conjunto con policías, detuvo a 12 presuntos pandilleros en Nueva Concepción. Entre el armamento decomisado en una vivienda del cantón Los Romeros había cuatro fusiles AK-47, un fusil G-3, una subametralladora Uzi y un lanzagranadas M-79.

Nueva Concepción no solo es clave porque agrega pandilleros a la lista que, a este punto, ya contiene a policías, alcaldes, jueces, empresarios y diputados. Nueva Concepción es el recodo, el punto donde El Caminito se divide en dos brazos que salen de Chalatenango para adentrarse en el departamento de Santa Ana. Ambos brazos terminan en la frontera con el departamento guatemalteco de Jutiapa, donde según las autoridades de ese país opera la familia Lorenzana, la más antigua de las familias chapinas del narco, de la que hay registros desde los años setenta.

Según lo recogido de los informantes, de los tres informes y sus anexos, uno de los brazos es más importante que el otro por flujo de cocaína, algo que infieren del control operativo que el Cártel de Texis muestra en cada lugar: más discreto en un ramal y mucho más descarado y monopólico en el otro.

El ramal menor continúa desde Nueva Concepción casi en línea recta. Antes de llegar a la frontera, atraviesa el cantón de Peñamalapa, luego el río Lempa hasta llegar al cantón Guarnecia, luego al caserío El Aguacate, hasta la ciudad de Texistepeque, desde donde parten para la ciudad de Santa Ana. Una vez ahí, se conducen hasta los puntos finales de cruce, los puntos ciegos que rodean los pueblos de Santiago de la Frontera y San Antonio Pajonal.

El otro ramal, el más importante, parte de Nueva Concepción hacia el oculto pueblito de Santa Rosa Guachipilín, que ahora tiene acceso de pavimento gracias a las obras secundarias generadas por la autopista de Fomilenio.

En el primer recorrido hicimos una parada en el camino. Visitamos al grupo de 14 militares que custodian los puntos ciegos alrededor de Santa Rosa Guachipilín, a medio camino entre Nueva Concepción y Metapán. Un lugar desde donde los cargamentos pueden desviarse por caminos rurales hasta buscar puntos ciegos de la frontera. Ahí nos recibió el jefe del grupo, a quien identificaremos como El Sargento.

No se esmeró en vendernos imponentes operativos ni complicados decomisos. Más bien, se mostró resignado ante la inmensidad de la zona y la normalización del paso de mercaderías ilícitas. Nos contó que el soborno está a la orden del día, que por 20 o 30 dólares, algunos militares o policías permiten pasar un camión.

Nos aseguró que el Cártel de Texis tiene un nombre para lo que en México llaman halcones y en Guatemala, banderas. Aquí llaman postas a esos niños, niñas, mujeres y ancianos que no se dedican sino a vigilar qué hacen El Sargento y los suyos, hacia dónde se mueven. Nos dijo que en lo que llegan a un punto ciego como Ostúa, El Valle de Los Quijada, El Despoblado, cerros perdidos en la frontera a más de media hora de lento avanzar en un vehículo con doble tracción, todos los de ese lugar saben que llegará un extraño. Lo dijo de una forma más gráfica.

—Desde que llegás, todos te ven como si fueras un extraterrestre.

Desde el polvoso Santa Rosa Guachipilín, la carretera permite acceder hasta Masahuat, igual de rural, pero más grande. Desde Masahuat, alguna droga se pasa por los cerros de alrededor, nombrados por sus pobladores por particularidades que solo ellos saben discernir. El grueso de los cargamentos continúa su viaje. Intercepta la carretera que conecta Santa Ana y la ciudad fronteriza de Metapán. La droga se incorpora alrededor del kilómetro 99 de esa carretera, y llega a su base final, el centro de operaciones de Chepe Diablo, la última escala antes de internarse en los puntos ciegos que besan Guatemala. La ciudad donde el Cártel de Texis muestra su poderío, su capacidad de sobornar y de matar.

El Cártel de Texis II (elfaro.net)

Sergio Arauz, Óscar Martínez, Efren Lemus / Fotos: Frederick Meza

elfaro.net / Publicado el 16 de Mayo de 2011

Parte II: Las cuentas sospechosas

La historia empresarial de José Adán Salazar Umaña comenzó en 1990. Según el Registro de Comercio, ese año Inversiones Salazar debutó en “la compra de cartera e inversión financiera”. Era una empresa familiar: los otros dos accionistas eran su esposa, Sara Paz Martínez Bojórquez, y su hermano Marcos Francisco Salazar Umaña, que ahora es diputado suplente del partido Arena por el departamento de Santa Ana.

La empresa dejó de reportar operaciones al Centro Nacional de Registros (CNR), en 1995, el mismo año que tuvo problemas para cobrar unos cheques sin provisión de fondos. Inversiones Salazar tenía activos por 49 mil dólares y alguien le había pagado deudas por 33 mil 535 dólares que en el balance general de la compañía fueron clasificados como “estimación para cuentas por cobrar de dudosa recuperación”. Desde entonces, ya no reportó actividades al CNR.

Un año después, en 1996, Salazar Umaña regresó al CNR a fundar otra empresa: Hoteles San José. En septiembre de 2004, se le unió una segunda empresa, llamada Servicios Turísticos.

En el Registro de Comercio, en las dos compañías aparece como socio de Salazar Umaña su hijo, José Adán Salazar Martínez. Mencionar a esas dos empresas es hablar de seis hoteles. Hotel Capital, en San Salvador; Hotel Pacific Sunrise, en el Puerto de La Libertad; Hotel Tolteka, en  Santa Ana; Hotel San José, en Metapán; Hotel Bahía Dorada, en La Paz, y Hotel Sevilla, en Usulután.

Salazar Umaña dice que el éxito de sus negocios ha sido producto de la buena fortuna. “El hotel San José, en Metapán, fue un éxito financiero, gracias a un golpe de suerte ya que en pocos años había recobrado la inversión y todavía me quedó un poquito de ganancia, entonces me gustó y comencé a buscar créditos para un segundo proyecto: el Hotel Capital”, declaró al periódico santaneco El País, en julio de 2009.

Para llegar a ese éxito, Hotesa tuvo que endeudarse. El balance general de 1996 consigna que la empresa le debía a su mismo dueño, José Adán Salazar Umaña, 285 mil 700 dólares (2.5 millones de colones) por el terreno y el edificio del hotel metapaneco. Dos años después, la deuda ya no era con Chepe Diablo. Según el balance general de 1998, Hotesa adquirió un préstamo con la banca por 514 mil 67 dólares que le concedió el Banco Desarrollo.

Esas no son las únicas empresas de Salazar Umaña. Él también tiene participación en otras tres sociedades: Salazar Espinoza, S.A de C.V., Agroindustrias Gumarsal y Servicios Logísticos, según un informe de inteligencia policial titulado “situación fiscal” que coincide con los datos del Centro Nacional de Registro. Según la escritura de constitución, Servicios Logísticos se formó para dedicarse a «actividades relacionadas al transporte». Uno de los fundadores es el diputado suplente Marcos Francisco Salazar Umaña, pero esa sociedad nunca reportó actividades empresariales al Registro de Comercio.

Pero no fueron ni sus seis empresas ni sus 14 propiedades inmuebles ni sus 35 vehículos -26 de ellos ya traspasados- los que despertaron las sospechas de la DEA. En una carpeta de investigación esa agencia estadounidense envió a la Fiscalía en 2001, se mencionaba a Salazar como sospechoso de lavado de dinero y narcotráfico, una acusación que salpicaba a una empresa constructora de su primo, Salazar Romero, S.A. de C.V., en la cual Chepe Diablo aparentemente no mete mano.

Otro ex fiscal, que trabajaba en el área antinarcóticos, conoció esas investigaciones.

—La DEA hizo su propia investigación. El problema era que algunas diligencias las revelaban a la Fiscalía y otras no. Recuerdo que en este caso ellos tenían una buena fuente de información, un informante, y en realidad no sé por qué nunca reventaron el caso.

El documento que el ex fiscal citó incluía las sospechas de la DEA sobre la constructora, que pertenece a familiares cercanos de Chepe Diablo. La compañía fue creada el 22 de abril de 1994 por José Raúl Salazar Landaverde. Su socio y representante legal de la empresa es su hermano Carmen Salazar, ex alcalde de Metapán por el partido Arena desde 1988 hasta 1994. Ambos son primos de Chepe Diablo.

Cuando la DEA incluyó esta empresa en la carpeta de investigación que remitió a la Fiscalía, sospechaba que podía haber lavado de dinero.

Otro que tiene sus propias empresas y que en el Primer Informe aparece como socio de Chepe Diablo es Juan Umaña Samayoa, alcalde pecenista de Metapán. Este ha invertido en granos. El 23 de mayo de 1997 fundó Agroindustrias Gumarsal, empresa dedicada al procesamiento de arroz y comercialización de productos de la canasta básica. A esta empresa se suman Gradeca, S.A. de C.V. y Agroarroz, S.A. de C.V.

Aparte de las empresas, el alcalde ha adquirido 34 vehículos que ha ido traspasando principalmente a sus empresas y familiares. Cinco camiones, cuatro tractores, dos furgones, dos rastras, un cabezal y el resto de vehículos livianos.

El alcalde Juan Umaña reportó al fisco que entre 2006 y 2009 percibió ingresos por 141,572 dólares. Esto es, unos 35 mil dólares al año entre 2006 y 2009.

El tercer personaje señalado por los informes como líder de la estructura, Roberto “El Burro” Herrera, reporta ingresos similares a los del alcalde. En cuatro años, de 2006 a 2009, percibió 139,849 dólares, según los datos que presentó a Hacienda. Sus ingresos provienen de dos actividades: comerciales y agropecuarias.

En cuanto a sus declaraciones de renta, en 2005, El Burro hizo una declaración que reportaba un salario mensual de 565 dólares e ingresos totales por 6,790 dólares. Para 2007, los 6,790 dólares ascendieron a 31,517 dólares. Un año después llegó a los 40,000 y en 2009 casi llegó a los 50,000.

En cuanto a vehículos, Chepe Diablo no se queda atrás del alcalde. A su nombre hay nueve vehículos, entre ellos una camioneta Porsche Cayenne y otros 26 que ha vendido o traspasado, por ejemplo, a la Alcaldía de Juan Umaña Samayoa.

Los amigos del camino

El Caminito que recorremos continúa entre calles, callejuelas y anécdotas de El Detective, que ora cuenta de una mansión en un pueblito, ora de un restaurante donde se reúnen a planificar. Pero, sobre todo, la conversación que brota con los kilómetros contiene nombres de personas, cargos y nombres de partidos políticos.

El camino de polvo que empieza en San Fernando lleva montaña abajo. En casi una hora estamos en Dulce Nombre de María, que tiene agua potable, luz, teléfono, correos, un puesto de Policía, un juzgado de paz, internet…

—Aquí estaba un jefe de la policía que se hizo rico. Tiene grandes terrenos, caballos, muy amigo del ex director Menesses –suelta de repente El Detective, que nos conduce en este viaje.

Esa versión la corroboraríamos después, cuando escucharíamos hablar del subinspector José Alfonso Mata Portillo.

Hace 21 meses, el 12 de agosto de 2009, a 25 kilómetros de Dulce Nombre de María, cerca de la presa del Cerrón Grande, fueron detenidos José Gerardo Ventura y Juan José López López. Los detuvieron en dos vehículos, cuando realizaban una negociación. En el pick up de López López fueron encontrados 88 kilogramos de cocaína, y el 10 de febrero de 2011 fue condenado por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque a purgar 10 años de prisión. La droga fue valorada por la Fiscalía en 2 millones 216,650 dólares. El Informe Secreto asegura que esa red, la del Cártel de Texis, era la propietaria de esos 88 kilogramos de droga.

A solo 15 minutos de distancia de Dulce Nombre de María llegamos a una súper carretera, la gran obra casi terminada del proyecto Fomilenio: la Carretera Longitudinal del Norte. Esta conectará la frontera entre La Unión y Honduras con la frontera entre Santa Ana y Guatemala. Una línea casi recta de pavimento y cuatro carriles que cruza de punta a punta el norte de El Salvador.

—Bonita les están dejando la autopista —ironiza El Detective—. Como dicen los gringos y los hermanos lejanos: es un freeway, ja, ja, ja. La verdad, es un conducto abierto para el paso de coca, ganado y armas.

—¿Pero hay retenes? –preguntamos.

—Ja, ja, ja –vuelve a reír El Detective—. Mire, ahí hay un retén. ¡Es casi anunciado! Hay horarios, y los narcos los tienen. Los jueves y los viernes hay fiesta, son los días de retén. El viernes que más dinero ganan los policías que cuidan.

—Ajá, explíquenos eso.

—Usted viene en un camión cargado con cocaína o ganado de contrabando, ese que viene de Honduras. En el retén, el jefe de delegación que los puso ya sabe a qué policías mandó, los policías ya saben cómo operar. A lo mucho son dos.

—No terminamos de entender.

—¡Les dan 10 dólares, 100 dólares, y pasan! Con esta calle llegan más rápido.

El tramo de la carretera de Fomilenio, como ya ha sido bautizada por los habitantes de la zona, está también en el ojo del Cártel de Texis. No sólo sirve cómo vía rápida para acortar El Caminito, sino que también buscan utilizarla como una excusa para lavar dinero, según documentos oficiales de la Policía.

Fomilenio es un proyecto de desarrollo para la zona norte del país financiado con donativos de los contribuyentes estadounidenses. En septiembre del año pasado, una oficina de la Policía escribió un memorando confidencial en el que alertaba a las autoridades del gobierno salvadoreño sobre un grupo de narcos que estaban metiendo papeles para lavar dinero a través de la Cuenta del Milenio, que es el fondo con que se financia la carretera Fomilenio.

El memorando explica que una familia de narcos logró obtener un préstamo de 600,000 dólares a través de un proyecto de Fomilenio para el desarrollo agropecuario en la región. También dice que Reynaldo Cardoza, actual diputado del PCN, vinculado con la estructura criminal estaba buscando un préstamo de 800,000 dólares.

La familia de narcos a la que se refiere el memorando incluye a uno de los prófugos más buscados por la Policía. Se trata de un narcotraficante vinculado a una estructura de pandilleros de la Mara Salvatrucha. Es conocido como Medio Millón.

“Se ha logrado individualizar que Marcos Cisneros Mata (padre fallecido), José Misael Cisneros Rodríguez (a) Medio Millón, Manuel de Jesús Cisneros Rodríguez (a ) Millón, Douglas Alfredo Cisneros Rodríguez (a) Melón, José Moisés Cisneros Rodríguez y David Elías Cisneros Rodríguez son miembros activos de una estructura de narcotraficantes que manejan y controlan la mayoría de zonas y rutas de la zona norte de Chalatenango”, dice un documento que se escribió como anexo al Segundo Informe.

El Banco Multisectorial de Inversiones autorizó el desembolso el 28 de agosto de 2009 y, como prueba, la PNC envió el número de acta del comité de inversiones a los altos cargos del gabinete de Seguridad de El Salvador.

Medio Millón es, según la Policía y la Fiscalía, un narcotraficante de la zona occidental, señalado como socio de la Fulton Locos Salvatrucha, y uno de los más buscados por la PNC. De este personaje sabríamos mucho más cuando nos encontramos, más adelante, en su lugar de operaciones.

Una vez en la carretera asfaltada, El Detective vuelve a referirse a los narcos.

—¿Sabe quién más opera en esta zona? —pregunta, a sabiendas de que no sabemos, y entonces él mismo responde casi de inmediato—. El Rey, el diputado del PCN.

El Detective nos acaba de dar otro sobresalto.

—¿Reynaldo Cardoza?

—Ajá, él es otro de los malos. Tiene una pistola de oro, se la logramos decomisar, pero se la devolvió el juez –explica El Detective, que asegura que conoce a los colegas que realizaron el operativo donde le decomisaron el arma.

Vamos en un carro cuatro por cuatro y anotamos más peticiones de documentos para El Funcionario, El Comisionado y el resto de fuentes que conocen del Cártel de Texis.

El Rey, ese diputado del PCN, también aparece en la lista de personas que la PNC ha clasificado como narcotraficantes y que quieren usar Fomilenio para lavar dinero. A Cardoza lo ubican en las cercanías del Cártel de Texis, no como parte de la red, sino como aliado. El documento dice que el diputado del PCN es uno de los principales miembros de la estructura de narcotraficantes de la zona norte de Chalatenango. Dice también que se ha presentado ante las oficinas centrales del Banco Mutisectorial de Inversiones para solicitar un crédito de 800,000 dólares.

El 13 de septiembre de 2005, Reynaldo Cardoza fue capturado por la Policía acusado de pertenecer a una red de traficantes de personas y de la violación de dos menores de edad. Fue capturado junto a Juan Ovidio Cerón Moreno, un ex policía que fue arrestado y expulsado de la corporación por su vinculación con la banda de robafurgones de Margarita Parada Grimaldi. Al ahora diputado le decomisaron una pistola Jericho con una placa dorada con su nombre grabado. Según la Policía, esa placa es de oro. Además, le decomisaron una licencia de conducir mexicana, en la que la foto del diputado aparecía con un nombre diferente: Reinaldo Guerra Flores.

Cardoza quedó en libertad bajo fianza de 2,000 dólares en noviembre de 2005. Un año después, en noviembre de 2006, el caso se cerró definitivamente, ya que la Fiscalía no presentó la solicitud para reanudarlo. Dos años y dos meses después, en enero de 2009, fue elegido diputado del PCN.

De la autopista a los caminos de tierra

San Sebastián Salitrillo es la estampa de un pueblito. Así, con lo que conlleva el diminutivo. Cinco viejitos se sientan en las escaleras del parque a tomar el fresco bajo un árbol y a saludar a quien pase. Se sientan ahí porque queda justo frente a la cuadra más emocionante del lugar, la acera de la Alcaldía, donde unas 10 personas esperan en la puerta la llegada del alcalde como quien espera en la puerta de casa a un familiar. Las calles son de adoquín, las casas de teja, y el pueblo, todo él, una cicatriz de cemento delgada y recta en medio del monte. Es un conglomerado de cuatro cantones y 21 caseríos.

Llegamos hasta ahí a finales de marzo, cuando todavía no habíamos comprendido a la perfección la ruta precisa de El Caminito. Sin embargo, conocíamos ya sus principales puntos, sus dos brazos. Salitrillo, como lo conocen sus habitantes, seguía siendo una incógnita. ¿Por qué El Funcionario y El Detective nos mencionaron este lugar como clave? ¿Qué papel juega este pueblito en la ruta si no está justo en ella, si no es frontera con Guatemala, si no tiene más que calles de tierra? De hecho, Salitrillo queda del otro lado, en sentido opuesto. En lugar de estar entre las ciudades de Santa Ana y Metapán, está al suroeste de Santa Ana, en dirección opuesta a Metapán. Estábamos perdidos, pues, pero gracias a eso, comprendimos cómo las rutas marcadas se desvían lo necesario para alternar entre pueblitos y autopista.

Como esas 10 personas, entramos a la Alcaldía cuando entró Francisco Castaneda, el alcalde del FMLN, un hombre muy respetado en su comunidad. A él nunca le mencionamos nuestro verdadero interés. Para poder conversar sobre estas rutas, nos presentamos como unos reporteros cándidos que pretendían enterarse de cómo es que un lugar como este era eslabón de las rutas del contrabando, de la bagatela, de ganado y mercadería sin permiso y, de rebote, droga. Así en seco, sin nombres ni organizaciones.

Fuimos al grano, le preguntamos por qué su municipio sonaba tanto en esto del contrabando.

—Es que estamos en la red de caminos rurales. Esa mercadería no se tira por carretera directamente, se mete en estos pueblitos, utiliza los caminos de terracería y vuelve a salir a la autopista.

—¿Pero hablamos de personas caminando con cosas o de…?

—Nooo, aquí pasan furgones por estos caminitos, que se pierden allá atrás del pueblo. Pasa gente vinculada al narco y eso se vincula con el problema de las pandillas, de redes asentadas aquí para esa actividad, y eso es lo que perjudica al municipio, no el paso en sí, sino las necesidades que el paso genera.

Salitrillo cuenta con 50 policías que se turnan y que tienen tan solo dos patrullas que cubren no solo el casco urbano, sino las urbanizaciones como Ciudad Real, que están sobre la carretera y que, según datos de la Alcaldía, han llevado a duplicar el número de habitantes del municipio hasta dejarlo en 30,000.

Ciudad Real es un proyecto de aquella empresa constructora –Salazar Romero- valorada en más de 70 millones de dólares que despertó las sospechas de la DEA.

—En esas zonas residenciales que han proliferado se hace evidente que el contrabando nos ha alcanzado. En esas zonas nuevas no tenemos claro quiénes son sus habitantes –continuó Castaneda.

El alcalde fue amable, pero lo que nos dijo no nos bastó. Aunque salimos de su despacho convencidos de que lo que se transporta por esa zona no se trata de pequeñeces sino de rutas alternas, puntos de quiebre del Cártel de Texis para abandonar y reincorporarse adelante en El Caminito, necesitábamos más detalles. Gracias a un diputado santaneco logramos acceder a otra fuente que tiene bien estudiado el fenómeno de cambio que ha tenido el lugar.

Visitamos al informante y, de nuevo, los pactos del temor volvieron, y el anonimato con ellos.

La conversación fue breve y, en resumen, lo que nos contó es una historia que bien podría aplicarse a los narcos de El Salvador. Contrabandistas que cuando descubrieron algo mejor que contrabandear dejaron los quesos y se dedicaron a la cocaína.

—Aquí en este pueblito que antes era bien tranquilo se ha venido gente rara en sus grandes carros. Vienen a intentar comprar a los policías, a ofrecerles dinero así, como cheradas, como en buena onda. Necesitan asentarse en la zona. El tráfico de ganado y de vehículos pick up que se internan en los caminos comunales así sin más, y que seguro transportan droga, a veces se da a la luz del día, y llegan días en que cada cinco minutos pasan. Así, sin control –nos explicó el informante de Salitrillo.

La cuna del Cártel

Texistepeque es el lugar de nacimiento de la mayoría de los mencionados como los narcos que controlan El Caminito. Un municipio de poco más de 20 mil habitantes ubicado entre Santa Ana y Metapán, donde el Ministerio de Gobernación tiene identificadas como propiedades del narco algunas construcciones impresionantes, según cita en su página web.

En ese terreno es donde vive y coordina sus operaciones uno de los principales miembros del cártel: El Burro. Así lo señala un informe policial anexo que habla solo de este personaje, y que nos fue entregado por El Detective. Este personaje, según el documento, tiene una de las propiedades más sobresalientes del paisaje, una gran casa de incontables habitaciones, que a pocos metros tiene una especie de palenque donde ha sido visto el alcalde municipal, Armando Portillo Portillo, otro importante personaje de la estructura señalado en los informes.

La Policía mantiene una permanente vigilancia sobre esta propiedad de uno de los miembros del Cártel.
La Policía mantiene una permanente vigilancia sobre esta propiedad de uno de los miembros del Cártel.

Portillo Portillo es un señor gordo en el que sobresale un delgado y peinado bigote. En una foto del Informe Secreto aparece sentado en su oficina y en un informe policial aparece junto a Chepe Diablo y El Burro. Es su primer período como alcalde y ganó las elecciones pasadas arropado bajo las banderas de una coalición entre PDC y FMLN.

Al pie de la foto, el Informe Secreto presenta a este jefe municipal como uno de los salvadoreños vinculado al Cártel de Sinaloa, de México. Aparece en la misma línea de mando que Chepe Diablo, El Burro y el alcalde de Metapán, en la mesa principal de los comensales que se alimentan de la ruta de El Caminito.

Los miembros del Cártel de Texis se reúnen y se ponen de acuerdo, pero no es una estructura vertical. El Burro tiene una cadena de gente que lo sigue, Chepe Diablo tiene otra cadena, el alcalde de Metapán y el de Texistepeque también, como el diputado del PCN y su primo, ex diputado del PDC. Esas estructuras, se lee en los informes, son locales y se enlazan para operar. Los capos del Cártel de Texis se ponen de acuerdo, coordinan.

Vamos en un carro cuatro por cuatro de la Policía que no ostenta ningún distintivo. Ya pasamos por San Fernando, Dulce Nombre de María y estamos en medio de la llamada calle Fomilenio. Vamos rumbo al tramo final, al lugar donde domina con más descaro el Cártel de Texis. Mientras avanzamos, conversamos con El Detective sobre la capacidad que han tenido estos narcotraficantes para operar impunemente. El Detective se queja, como hace desde que lo conocimos, porque desde su óptica no logra entender cómo es que teniendo tanta información de los servicios de inteligencia esta gente continúa por las calles.